“Las fuertes presiones empresariales para conseguir que sean las mutuas las que den el alta laboral a los pacientes afectados por procesos de Incapacidad Temporal (IT) ha desarrollado un trámite conocido Gestión Conjunta de Propuestas de Alta de mutuas (GESCOM-PAM) con importantes dudas éticas por parte de un grupo de inspectores médicos de la Junta”.

Así se inicia la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Andalucía. En el escrito han denunciado como un grupo de inspectores de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI) de Sevilla ha sufrido represalias por parte de la Consejería de Salud al no querer llevar a cabo este tipo de altas. El procedimiento obliga al inspector médico a no ver al paciente.

Tampoco se le hace un reconcomiendo previo. El médico de familia queda excluido. Y a través de su firma, el inspector es el último responsable del alta, obligado a realizarse en esta modalidad conjunta.

Inmaculada Nieto, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, aclara a Público la gravedad de este asunto ya que “en todo momento prima el criterio de la mutua a la hora de dar el alta. Al paciente no se le ve ni se le escucha”.

Nieto afirma que esta modalidad vulnera el Real Decreto 625/2014. En su artículo 6.2 reconoce que “las propuestas de alta de las mutuas se dirigirán a la unidad de inspección médica del servicio público de salud, quienes remitirán a los facultativos la emisión de los partes médicos del proceso”.

“Marginar al médico de familia  es contraproducente”

En mayo del 2017 la Subdirección de Inspección, dirigida en Sevilla por Alfredo Sánchez Monteseirin (anterior alcalde socialista de la ciudad) da instrucciones para que se aplique este sistema de valoración con las mutuas en Andalucía. Esta irregularidad solo se instaura en Sevilla, a pesar de las discrepancias de los Inspectores de plantilla.

Esperanza Morales, ex miembro de la UMVI de Sevilla, ha sido una de las afectadas y actúa a día de hoy como portavoz de sus compañeros. “A pesar de que podía alargar mi tiempo de trabajo en la unidad después de los 65, mi denuncia sobre esta situación me llevó a que me denegaran este derecho y hoy como jubilada me encuentro denunciado la situación ante los grupos políticos y sindicatos”, afirma a Público.

Morales añade que en ningún momento este sistema de valoración conjunta fue aceptado por ningún inspector de plantilla. “Desde el principio conocían lo inadecuado de este sistema, no solo por no recogerse en la ley, sino principalmente porque podía suponer una vulneración de los derechos de los pacientes y una pérdida de la confidencialidad de los datos clínicos al compartirlos con la mutua” siendo un aspecto totalmente ilegal.

“En nuestro sistema sanitario el médico de familia es el que conoce toda la historia clínica del paciente, incluyendo aspectos psicosociales y laborales, que en determinadas circunstancias pueden estar influyendo en su enfermedad”. Morales detalla que “la mayoría de los procesos de baja son por reagudización de enfermedades crónicas psíquicas y osteoarticulares”. Marginar al médico de familia en el momento del alta laboral es “irregular y contraproducente”.

Las presiones sufridas por los inspectores que no han aceptado esta fórmula no han tardado en llegar. “Desde represalias económicas a traslados de puesto y lugar de trabajo, a exclusiones de comisiones en las que han estado siempre presentes como expertos, y todo pese a tener plazas obtenidas por oposición y nombramientos para el desempeño de tareas muy específicas y para las que se requiere una cualificación adecuada”, aclara Morales.

Los médicos de las unidades de valoración han trabajado, según aclara la portavoz para que “la duración de la baja sea la estrictamente necesaria, y es entendible la preocupación de los empresarios porque los tiempos se acorten y que no haya dejaciones ni abusos. “El problema surge cuando la administración sanitaria en lugar de oír a sus profesionales recurre a improvisaciones y ocurrencias y que encima trate de imponerlas”.

Altas sin la intervención del médico de familia

El procedimiento del alta con la mutua tiene una fórmula sencilla. “Una vez a la semana un inspector de Salud se reúne con el médico de las mutuas, (Fremap es la única que no participa en esta gestión) para valorar las propuestas de altas que les presentan las compañías”.

La consejería de salud andaluza obliga a sus inspectores a poner en marcha un procedimiento mediante el cual los médicos de las mutuas, que son entidades privadas, son recibidos en la inspección médica aportando estos propuestas de alta de los trabajadores, a los cuales se les envía el alta por correo tras comprobar el inspector que en la historia clínica digital del paciente no haya nada que parezca contradecir la propuesta de alta.

En el trámite se omite la participación del médico de familia prevista legalmente y se emite un alta por un médico que no ha visto al paciente.

Las altas son mayoritariamente aceptadas. El médico inspector envía el alta al paciente por correo que se hace efectiva a los 15 días. Este método plantea importantes dudas legales por incumplimiento de normativa estatal y dudas de responsabilidad de tipo penal en el caso que del alta se derive alguna consecuencia grave para la salud del paciente. “No queda del todo claro si las asumiría el médico de la mutua que hace la propuesta, el medico inspector que la firma sin ver al paciente o ambos al 50 por ciento”, señalan miembros del colectivo.

Cinco días para valorar el alta de la Mutua

Desde la Consejería de Salud, José Antonio Mulero, coordinador de programa de Incapacidad Temporal en Andalucía ha señalado en declaraciones a Público que la Junta pretende dentro de su Plan Anual de Inspección “velar por los derechos y la tutela de los pacientes”.

Sobre la modalidad de alta conjunta con mutuas, Mulero puntualiza que los trámites conjuntos de alta sí que pueden ser revisados por los inspectores. E incluso revocarlos De esta forma, según recalca el coordinador “se puede verificar los datos clínicos presentados por la Mutua” con acceso a la a pruebas complementarias del paciente. Mulero recalca que la Inspección tiene un plazo de cinco días para “discrepar sobre la propuesta de alta y resolver o no de forma favorable el expediente”.

IU asume la “irregularidad” de esta situación médica

Inmaculada Nieto, diputada por Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, destaca que la proposición no de ley (PNL) presentada quiere acabar con esta irregularidad que la Junta no quiere reconocer. “Si hay alguna discrepancia son precisamente los inspectores de Salud los que deben terminar de dar el diagnóstico”.

Nieto también recuerda como uno de los principales objetivos de la Consejería en su presupuesto anual está centrado en la reducción del gasto por baja de absentismo laboral en Andalucía de cara a 2018. Para ello ha desarrollado un control estricto del número de altas emitidas por la unidad de Inspección.

Morales añade por sus años de experiencia que “el absentismo en Andalucía no es mayor que en otras comunidades, ni el de la administración ni el de la población general. Y nuestro sistema de control es o al menos era de los más eficientes”.

Según un estudio realizado por miembros de la UMVI, previo a las represalias, los inspectores médicos han emitido de media un alta por cada 3.29 revisiones. Las mutuas necesitaban hacer 10.3 revisiones para una sola alta. “Molestan tres veces más al paciente y son tres veces más caras al sistema, lo que evidencia la eficiencia del sistema público de Inspección” afirman en el estudio.

“Las altas se dan sin más sin consultar al médico”

El sindicato provincial de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO Sevilla se ha hecho eco de la situación. “Se está menospreciando absolutamente el papel de los médicos de familia sobre las altas y bajas médicas”, pisoteando los derechos de los pacientes.

La delegación sindical aclara que es el médico de la mutua quien llega con una pila de “informes positivos y pide 30 o 40 altas y se dan sin más, sin citar al paciente, sin consultar al médico de familia”.

Además plantean que “las mutuas tienen detectives privados para seguir a pacientes y los informes de esos detectives llegan a la Inspección. Para algunos inspectores esto supone un alta automática sin citar al paciente”. Incluso desde CCOO ponen en evidencia que “los médicos de las mutuas pueden estar accediendo a las historias clínicas de los pacientes”.

Luis González Sanz, secretario de Acción Sindical de CCOO en el área de salud aclara “como se encuentran tres entidades interviniendo en las altas por incapacidad” en Sevilla La Inspección (UMVI), el Instituto de Seguridad Social (INSS) y las mutuas. Un asunto que “plantea un problema de colisión de intereses, puesto que tanto las mutuas como el INSS son entidades pagadoras de la prestación por Incapacidad (en tanto que la administración sanitaria no lo es), de modo que asumen a la vez el control de las situaciones y el pago de las prestaciones depende de ese control”.

Las mutuas tienen más de 30 médicos dedicados en Sevilla, el INSS, 37 y la Inspección Médica sólo 15. Las mutuas, originariamente sólo evaluaban las incapacidades por accidente o enfermedad laboral y luego han pasado a valorar las incapacidades por enfermedad común” destaca González Sanz. En la actualidad cerca del 50 por ciento de los pagos de prestaciones por enfermedad laboral los asumen las mutuas, ganando peso en la gestión conjunta de las bajas.