"Ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años". Esta ha sido la primera reacción de Isabel Díaz Ayuso a la noticia que este martes publicaba elDiario.es: la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a su pareja, Alberto G. A., por un fraude fiscal de 350.000 euros a través de facturas falsas y una empresa pantalla.

La presidenta madrileña ha optado por atacar a la Fiscalía y declararse víctima de una campaña contra ella, pese a que ha sido la Agencia Tributaria quien ha puesto negro sobre blanco los detalles de los movimientos sospechosos en las declaraciones presentadas en 2020 y 2021 por González Amador.

Las facturas falsas que presentó González a Hacienda trataban de ocultar los beneficios que obtuvo por importe de casi dos millones de euros por hacer de comisionista en la venta de mascarillas en el año 2020 a proveedores de la administración, tal y como ha desvelado también elDiario.es.

No obstante, sí es cierto que Ayuso lleva cinco años enfrentándose a las polémicas por los negocios de su entorno, sobre todo el familiar. La mayoría, relacionados con el sector sanitario que tanta importancia cobró durante la pandemia.

Avalmadrid

En junio de 2019 saltó la primera. Ayuso, que no había ganado las elecciones del 26 de mayo, pero se disponía a formar un gobierno de coalición con Ciudadanos y lograr el apoyo externo de Vox, afrontaba las negociaciones para su investidura cuando Infolibre desveló que Avalmadrid, una entidad semipública participada por la Comunidad de Madrid que facilita el acceso a créditos a pymes y autónomos, había concedido en 2011 un préstamo de 400.000 euros a una empresa controlada en un 25% por su familia.

En ese momento Ayuso era asesora del área de Comunicación en el PP y, tal y como se acabó sabiendo después, tras la concesión del crédito contactó con directivos de Avalmadrid para obtener información de la operación.

A los tres meses de recibir el préstamo, la empresa, MC Infortécnica, quebró. El dinero que nunca se devolvió porque se sacaron fuera de la sociedad los inmuebles que habían servido para avalar el crédito.

Un hermano comisionista

Y menos de dos años después del escándalo de Avalmadrid, en marzo de 2020, llegó la pandemia de la Covid-19 y con ella, de nuevo, las sombras en los negocios de la familia de Ayuso. Esta vez los de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que no saldrían a la luz hasta febrero de 2022, y que implicaban también a la Comunidad de Madrid.

En lo peor de la pandemia el gobierno presidido por Ayuso compró a la empresa Priviet Sportive SL material sanitario por valor de 1,5 millones de euros. La sociedad era propiedad de un amigo de la infancia de la presidenta madrileña y su hermano, que ejerció como intermediario en el contrato de compra y obtuvo una comisión de 234.000 euros.

Ni la Fiscalía española ni la europea han observado indicios de delito y ambas han archivado las investigaciones. La denuncia pública de estos hechos acabó con la carrera política de Pablo Casado y colocó la alfombra roja para la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova.

Un contrato millonario de la Comunidad a un socio de su madre

A raíz de este caso, Público desveló que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 925.000 euros a un socio de la madre de la presidenta, también durante la pandemia. El rastro de esta adjudicación junto al del cobro de comisiones de Tomás Díaz Ayuso mostraron una intrincada red de relaciones societarias enraizadas en el núcleo familiar de Ayuso que la Comunidad de Madrid premió durante la pandemia.

Estos contratos se hicieron por el trámite de urgencia, es decir, sin publicidad y a dedo. Este sistema de adjudicación fue habitual durante la pandemia debido a la excepcionalidad de la situación y ahora el PSOE, a raíz del caso Koldo, impulsa una comisión de investigación en el Congreso para fiscalizar los contratos de todas las administraciones. El PP se niega a apoyarla.

Su pareja, enriquecida también durante la pandemia

El foco ahora apunta a su actual pareja, acusado por la Fiscalía de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental por los ejercicios de 2020 y 2021, en los que que, según la Agencia Tributaria, Alberto G.A. habría usado facturas falsas y una empresa pantalla para evitar pagar impuestos de los negocios que le enriquecieron durante la pandemia.

Entre esos negocios, según elDiario.es, llama la atención los casi dos millones que se embolsó su empresa Maxwell Cremona por intermediar con FCS Select Product -el proveedor que más material sanitario vendió al Gobierno de España en la pandemia- por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros.