Las alertas sanitarias por riesgo para la salud abiertas en mayo de 2020 por cuatro tipos de mascarillas importadas por la mercantil gallega Sibucu 360 SL desde China se publicaron tanto en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea como en la red de alertas del Ministerio de Consumo. En aquellos primeros meses de pandemia, todas las comunidades compartían las irregularidades detectadas en las mascarillas. 

Sin embargo, a la hora de adjudicar contratos para la dotación de material sanitario contra la covid esas dos bases de datos oficiales fueron ignoradas al menos por dos comunidades: Galicia y Madrid. Tanto el gobierno de Alberto Núñez Feijóo como el de Isabel Díaz Ayuso volvieron a comprar mascarillas a Sibucu 360 SL pese a las alertas por algunos lotes de tapabocas tipo FFP2/KN95 suministradas por esafirma, que hasta entonces no se había dedicado a la comercialización de productos sanitarios y que estaba vinculada a un empresario conocido por Feijóo: José Ramón García González. 

En concreto, la Xunta volvió a contratar con esa empresa en junio de 2021, después de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por un total de 1.945.000 euros, entre marzo y junio de 2020. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de Galicia.

La Comunidad de Madrid, por su parte, invirtió medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición a Sibucu de mascarillas quirúrgicas para el Hospital de La Paz. 

Además, la Consejería de Sanidad madrileña contrató con esta empresa la venta de mascarillas, gorros y filtros por valor de 14.980 euros, en julio de 2020, para el Hospital Ramón y Cajal, sin que en el Portal de la contratación de la Comunidad de Madrid conste más información sobre los productos adquiridos a la sociedad, con sede en  A Coruña.

La ilegalidad de cuatro tipos de mascarillas [80.000 unidades, según Sibucu] parece que no ha pasado factura a esta empresa, que ha llegado a contratar con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad.

Según información aportada por la propia mercantil, también fueron clientes suyos en los primeros meses de la pandemia la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, los ayuntamientos de Sevilla, Zamora y Huelva, las diputaciones de Cuenca y Huesca y la Diputación Foral de Araba. Pero no todas las administraciones públicas repitieron con Sibucu tras las alertas sanitarias. 

Sí lo hizo la Xunta de Galicia. El 20 de junio de 2021, más de un año después de que informara a la red estatal de alertas sanitarias sobre la ilegalidad de cuatro lotes de mascarillas FFP2 importadas por esta mercantil, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) volvió a comprar a esa misma empresa.

La oferta más baja

En la resolución de la adjudicación, la Dirección Xeral de Recursos Económicos del Sergas informa que, tras haber encargado el 17 de agosto del 2020 el suministro de mascarillas con doce empresas, en noviembre de ese año, les solicitó una minoración de precio en las FFP3 "por razones de interés público". 

A esa llamada respondieron ocho compañías, entre ellas Sibucu, que fue la que ofertó el precio más barato: 0,48 euros la unidad, es decir un 15% por debajo de la media del resto de sus competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara.

La normativa española sobre contratación pública establece restricciones para contratar con empresas que hagan ofertas anormalmente bajas basadas en una menor calidad de los bienes adquiridos o de los servicios a prestar; es lo que se conoce como 'ofertas temerarias'.

En concreto, la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 que si el "órgano de contratación presume que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja", deberá exlduirla mediante el procedimiento pertinente y que se rechazarán las ofertas temerarias si "vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral". 

Las mascarillas de tipo FFP3 se venden hoy en el mercado minorista a entre tres y cinco euros la unidad. En febrero del año pasado, cuando las medidas de protección aún eran preceptivas y la demanda de mascarillas, elevada, la Xunta se las compró a Sibucu a menos de medio euro "por ser dicha mascarilla idónea para satisfacer las necesidades del Servicio Gallego de Salud". 

A pesar de que aquel contrato no se adjudicó por el procedimiento de emergencia, en el expediente sólo aparece la resolución, que menciona una memoria justificativa del Servicio de Aprovisionamiento de la Subdirección Xeral de Compras del Sergas que la Xunta no ha hecho pública. 

Tampoco ha publicado los documentos relativos a las condiciones técnicas y administrativas del contrato, ni su formalización, ni si en el estudio de las ofertas se consideró que el hecho de que Sibucu ofertara mascarillas un 15% más baratas que el resto podría estar relacionado con su calidad. Más aún cuando la Xunta sabía desde hace un año que esa misma empresa había importado varios lotes de FFP2 con falso sello de marcado CE. 

Por el contrario, para el suministro de mascarillas para el personal de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid la oferta de Sibucu sí fue descartada por presunción de temeridad, ya que aunque suponía una rebaja de 1,81 euros en la unidad de mascarilla FFP2, "en el desglose falta un aspecto importante que son los costes de transportes a las diferentes Sedes Judiciales de la Comunidad de Madrid", consta en la resolución.

Tampoco alude a una "fuerte solvencia como requisito para justificar su oferta conforme a la Ley de Contratos del Sector Público", consta en la resolución del 18 de septiembre de 2020, a la que ha podido acceder Público.

Sello ilegal

Las alertas por cuatro de los modelos de mascarillas de Sibucu indicaban que el sello CE que constaba en su etiquetado no era legal, ya que procedía de una  empresa italiana, ENTE Certificazione Macchine SRL, incapacitado para certificar mascarillas FFP2. Sin embargo, existe otra alerta lanzada por el Gobierno navarro respecto a las mascarillas de la marca Tomashi importadas por Sibucu en marzo y abril de 2020, en las que el sello CE no lleva el número de ningún organismo certificador. 

La explicación de la empresa ofrecida a este diario es que sufrió un "fraude" por parte del laboratorio italiano. Pero en este caso alertado por el Gobierno navarro, ni siquiera existe laboratorio acreditador. 

Ante la negativa de la Xunta, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, que también compró mascarillas a Sibucu 360 SL, para mostrar los expedientes de los contratos con esta empresa gallega, no se puede corroborar que las mascarillas afectadas por las alertas sanitarias fueran efectivas para impedir el contagio de covid.

En dichos expedientes deberían constar los certificados de los test en un laboratorio del país de origen, es decir China. Según Sibucu, aquellas mascarillas contaban con pruebas satisfactorias en un organismo acreditado y el problema con los sellos no afectó a la calidad del producto. También indica esta empresa que las mascarillas afectadas no llegaron a ninguna administración pública, sino sólo a las farmacias, de donde fueron retiradas. Pero no aporta pruebas de ello. 

Un conocido empresario

El éxito de esta empresa gallega en la venta de mascarillas en diferentes administraciones públicas arrancó en marzo de 2020 con el aval de la propia Xunta de Galicia, ya que el empresario José Ramón García González era por entonces el alma de Moonoff SL, empresa dedicada al sector de la iluminación, que está administrada por Sibucu 360 SL, y que fue la importadora principal de las mascarillas, aunque las adjudicaciones recayeron en Sibucu. Moonoff  y su socio inversor entonces, García González, son muy conocidos en Galicia y por el Gobierno gallego. Moonoff ha contratado con varios ayuntamientos de la comunidad. 

José Ramón García González fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental. Actualmente está a la espera de juicio por otro delito contra la propiedad intelectual por el que la Fiscalía le reclama un año de cárcel y 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, además de otros 1,2 millones a las empresas en las que participa o participó.

Con 31 años, García González inició su trayectoria con Blusens Global Corporation, una empresa tecnológica que fundó con un amigo y que llegó a ser la que más reproductores mp3 vendía en España en la época del bum de esos aparatos.

Llegó a estar  cuarenta países y facturaba alrededor de 60 millones por ejercicio cuando en el 2008 o obtuvo el respaldo inversor de Inveravante, propiedad de Manuel Jove, dueño hasta ese mismo año de la constructora Fadesa. Por esa época, la Blusens patrocinaba programas de televisión y equipos de varias disciplinas deportivas, entre ellos el club de baloncesto Obradoiro de Santiago, tras uno de cuyos éxitos se fotografió con Feijóo en la sede de la Xunta.

El crac financiero afectó enormemente a la firma, cuya facturación fue cayendo en picado. En el 2012 un juzgado de Santiago la condenó a dejar de fabricar varios productos de su catálogo al entender que violaban la propiedad intelectual de Televés, otra compañía competidora de Santiago. Jove salió del capital de la compañía en 2013, y Blusens siguió cayendo hasta que otro juez ordenó su liquidación en 2015. Dos años más tarde, su fundador fue condenado por fraude fiscal y estafa.

Público ha tratado sin éxito de contactar con él. El móvil de contacto que aparece en la web de Visualiza Businnes, el holding que construyó tras la liquidación de Blusens, corresponde a una persona que dice no tener nada que ver con él.

Diego Mata, portavoz de Sibucu, aseguró a Público el pasado martes que García González ya no tiene nada que ver con la compañía, pero lo cierto es que, según el registro mercantil, Sibucu es propietaria del 30% del capital de Magna Technology Sl, a su vez administrada por Visualiza Business, y del 70% de Moonoff,  la empresa de la que González García aparecía como socio inversor cuando hizo público al principio de la pandemia que a través de ella estaba gestionando la compra de mascarillas para varias administraciones.

El portavoz de Sibucu también afirmó que aunque ninguna de las empresas citadas tuviera relación ni experiencia alguna en el sector sanitario, fueron contactados por varios organismos al principio de la pandemia por su facilidad para importar productos de China. En su versión, ellos sólo accedieron a poner a su disposición su red comercial y de contactos en Asia, pero sin ofrecerse inicialmente.

Lo cierto es que Público tiene constancia documental de que los agentes de Sibucu sí se presentaron a otras instituciones, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia donde ofertaron sus mascarillas a 3,5 euros las FFP2 y a un euro las quirúrgicas. En las mismas fechas, sin embargo, Sibucu asegura que las vendía a Galicia y a Madrid por entre 2,5 y 2,7 euros.

En Andalucía, el catálogo de proveedores de material anticovid de la Junta incluye a Sibucu, con el contacto de email de su comercial y un resumen de la actividad de la compañía en la que ésta ya se autodefine como un consultora especializada en "certificación de productos" y "gestión de suministros sanitarios".