La oposición ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno de PP y Cs en Zaragoza que dirige Jorge Azcón tras la contratación en procesos de selección de varias personas cercanas a los conservadores y a directivos de organismos municipales, decisiones a las que se unen otras chocantes, como exigir el conocimiento de idiomas al único auxiliar pero no a los cinco empleados de categoría superior en de la Oficina de Fondos Europeos o subir el sueldo en alrededor de 200 euros mensuales a los ordenanzas de Alcaldía.

Esas situaciones, denunciadas por Podemos y por ZeC (Zaragoza en Común), añaden un punto más de enrarecimiento a una legislatura municipal que comenzó con el desmesurado aumento inicial de la plantilla de asesores del equipo de gobierno y su posterior incremento, que continuó con la polémica adjudicación de una contrata a una empresa que había facturado aportaciones al programa electoral de Azcón, para quien también organizó un acto de precampaña, y que tuvo un punto de inflexión hace unas semanas, al adelantar Público que el alcalde había votado a favor de negocios inmobiliarios de familiares y renunciar Cs a sus postulados en pro de la transparencia para impedir con el apoyo de Vox que una comisión de investigación escrutara esas operaciones.

Entre una y otra surgirían otras cuestiones como el convenio de 50.000 euros por el que el concejal de Acción Social, Ángel Lorén, estableció con la Fundación Familias Unidas, en la que trabajan su hermana y su cuñado, las clases de inglés del alcalde, la compra por este de lazos para protestar contra la Ley Celáa con cargo al consistorio o, también, la compra contra ese mismo erario municipal de un Iphone 11Pro de 1.200 euros para la concejal de Economía, María Navarro, que solo habló de devolver el dinero cuando, casi cinco meses después, se conoció la factura.

El nivel que revelan episodios como los reseñados no sintoniza precisamente con la excelencia que hacía presuponer el nivel de exigencia ética con el que Azcón y sus compañeros se desenvolvían en la oposición, intenso contra el PSOE y Juan Alberto Belloch y despiadado contra ZeC y Pedro Santisteve.

Contratado tras 14 años de trabajo privado con el gerente

Ahora, las últimas denuncias se centran en varias contrataciones y procesos de selección de personal en los que la oposición de izquierdas advierte unas sombras de favoritismo o enchufismo que el equipo de gobierno niega.
"Esos procesos se realizan con todos los informes y avales jurídicos y administrativos", señalan fuentes de la coalición, que mantienen que en ellos "se han garantizado todos los principios de mérito y capacidad" y que remiten a Podemos y ZeC a los tribunales si tienen dudas sobre su limpieza.

Por una parte, el puesto de director técnico de la empresa municipal Zaragoza Vivienda, remunerado con 51.792 euros brutos anuales, ha sido para un candidato que antes había trabajado durante catorce años en dos empresas distintas con el actual gerente, José María Ruiz de Temiño, que se autodesignó como presidente de la comisión de selección y que se reservó la valoración de cinco de los diez puntos (de un total de 50) asignados a la entrevista a los aspirantes.

Santisteve, portavoz de ZeC, califica ese proceso de "dudoso". Resulta "extraordinariamente fuera de lo común en la Administración local", dijo, que entre diez aspirantes solo el seleccionado cumpliera los requisitos y "puede haber un claro conflicto de intereses por la relación personal y laboral que han mantenido" el gerente, que sacó la plaza a concurso sin consultar antes con los sindicatos, y el nuevo director técnico.

Una exasesora del PP obtiene plaza fija

Por otra, Yolanda Montesinos, integrante de la lista municipal del PP en 2011 con Azcón, asesora del grupo Popular en la Diputación de Zaragoza los 12 años anteriores y en los cuatro posteriores jefa de gabinete del consejero de sanidad Ricardo Oliván, ha obtenido una plaza de técnico medio de contabilidad en el Imefez (Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial), dependiente de la empresa Zaragoza Dinámica, cuya gerente, Rosa Plantagenet, fue vicepresidenta de las Cortes en esa última legislatura y diputada autonómica del PP entre 1999 y 2019. Unos meses antes, uno de los hijos de un exconcejal del PP obtenía una plaza del mismo nivel en ese mismo instituto municipal.

Podemos y ZeC mantienen que a Montesinos se le computaron como trabajo en la Administración sus etapas como personal eventual o de confianza, algo que para la concejal morada Amparo Bella "sería extraordinariamente grave" ya que equivaldría a saltarse el Estatuto del Empleado Público y "los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito" para el acceso a esa condición.

En ese caso, añade, "habría quedado por encima, de manera injustificada, de cuatro o cinco candidaturas a la plaza, ya que de no ser por esa experiencia no hubiera obtenido dicha puntuación", añade Bella.

Para Alberto Cubero, concejal de ZeC, esas contrataciones y asuntos como las "llamativas" subidas de sueldo "discrecionales y desproporcionadas" a "un sector de trabajadores muy concreto" como los ordenanzas destinados en Alcaldía o el episodio de los idiomas en la Oficina de Fondos Europeos, suponen ejemplos de "discrecionalidad y malas prácticas".

"Esas decisiones no pueden ser una casualidad"

"Parece que la máxima prioridad es promocionar algunos puestos muy concretos al margen de capacidades y méritos", indica Cubero, para quien esas decisiones "no pueden ser una casualidad sino la consecuencia de una política de contratar a personas afines al Partido Popular aprovechando que los controles internos en las sociedades municipales son más laxos que en el Ayuntamiento".

El equipo de gobierno, por su parte, insiste en defender la limpieza de los procesos de selección de personal que señalan ZeC y Podemos, tal y como mantienen los concejales Carolina Andreu (Vivienda) y Alfonso Mendoza (Personal), interpelados en sus respectivas comisiones.

"Las críticas de ZeC y Podemos son infundadas y sólo buscan rédito político a base de descalificaciones y mentiras", señalan fuentes de la coalición PP-Cs, que gobierna el consistorio de la capital aragonesa bajo la supervisión de Vox.

"Todos los procesos de selección de personal que se realizan en el Ayuntamiento de Zaragoza cuentan con todos los informes de legalidad" y "es completamente falso que el proceso haya favorecido a ningún aspirante", señalan, para añadir que "los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad se han cumplido y respetado de una manera estricta y rigurosa".