zaragoza
Ciudadanos renunció ayer a la transparencia para sumar en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza sus votos a los del PP y Vox y, así, vetar la comisión de investigación sobre los negocios inmobiliarios de la familia del alcalde, el conservador Jorge Azcón, que habían pedido a través de una moción los tres partidos de la oposición de izquierdas (PSOE, ZeC y Podemos), que también vieron rechazada su propuesta para reprobar al primer edil.
El pleno mantuvo el guión que había comenzado a perfilarse la víspera, cuando el concejal de Vox, Julio Calvo, anunció que no iba a apoyar la moción: considera esas aprobaciones "un acto reglado" que "se tiene que conceder sí o sí" y que la superficie de los padres de Azcón es "una cantidad muy pequeña que desde luego no supone un enriquecimiento", mientras reducía a un asunto "estético" el voto a favor del alcalde.
Poco después, Pedro Santisteve, de ZeC (Zaragoza en Común), apelaba a Ciudadanos y le reclamaba una abstención que permitiría aprobar la comisión de investigación. "Si creen en la regeneración y la transparencia este es buen momento para demostrarlo", dijo.
"Con la no abstención del alcalde no ha habido ni un perjudicado ni un beneficiado", aseguraba la vicealcaldesa
Sin embargo, el intento no prosperó. La vicealcaldesa, Sara Fernández, respondió este viernes dentro del estruendoso diálogo de sordos en el que derivó el debate de la moción. "Con la no abstención del alcalde no ha habido ni un perjudicado ni un beneficiado", dijo.
Fernández, como antes y después haría la portavoz del PP, María Navarro, insistió en la tesis del "acto reglado" mientras esgrimía un informa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento que resolvía una cuestión distinta de la que planteaba la moción: el equipo de gobierno hablaba de legalidad urbanística cuando la oposición le estaba interpelando por un conflicto de intereses.
Los "otros posibles expedientes actualmente en curso"
La transparencia es para otros menesteres, a criterio de los naranjas (también de azules y verdes), pero no para permitir que una comisión determine si el alcalde incurrió en un conflicto de intereses al votar a favor de, tal y como adelantó Público, un proyecto urbanístico en el que sus padres son socios y de otro en el que uno de sus hermanos firma como arquitecto.
En cualquier caso, el posicionamiento de Ciudadanos en el pleno de este viernes no era un cortafuegos para evitar únicamente la comisión de investigación sobre Azcón y los negocios de sus parientes.
La propuesta de PSOE, ZeC y Podemos pretendía investigar "las implicaciones que pudiesen derivarse del hecho de que el alcalde de Zaragoza hubiera podido incurrir en conflicto de interés" al votar a favor de esos proyectos, pero también iba a interesarse por "los próximos trámites derivados de los mismos y sobre otros posibles expedientes actualmente en curso o de posible tramitación ulterior".
Y esa parte del enunciado apuntaba directamente a una actuación que está gestionando la concejalía de Urbanismo que dirige Víctor Serrano (Cs), con una inversión de tres millones de euros en marcha que tiene otros dos consignados en los presupuestos como inversión plurianual.
Las obras consisten en el acondicionamiento de un tramo de la ribera del Canal Imperial de Aragón a partir del cual se extienden las dos promociones inmobiliarias en las que intervienen los familiares del alcalde, hacia el norte la que firma el hermano como arquitecto y hacia el sur la que tiene a sus padres como socios, sin que el equipo de gobierno municipal haya mostrado la menor intención de querer cargarle esa inversión a las promotoras como gastos de urbanización.
"Las obras del Canal Imperial también son prioritarias para la ciudad", dijo Fernández, que remitió a una próxima Comisión de Urbanismo para el debate específico de ese asunto.
"Igual empezamos a llamarle ‘el alcalde del millón".
El debate de la moción, el ultimo punto de un pleno que antes había debatido otras quince, sirvió para escenificar el enroque de las tres derechas para evitar la investigación, apelando desde ese lado de la bancada a cuestiones de legalidad urbanística ante una iniciativa que se centraba en la transparencia y los intereses.
Tan complicado resultaba mantener esa posición defensiva con esos fundamentos argumentales que incluso el portavoz de Vox acabó saliéndose del guión para admitir que "el alcalde hubiera debido abstenerse", aunque redujo esa actuación a una incorrección en el plano de lo estético.
"No se entiende que usted no conociera el expediente" en el que figuran sus padres como socios, le dijo la portavoz del PSOE, Lola Ranera, a Azcón. "Yo no me lo creo. Y la gente no se lo cree", añadió, antes de afearle su "arrogancia cuando nos da diariamente clases de casi todo".
"Usted ha incumplido la legalidad, ha cometido una ilegalidad", indicó el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, que se refirió a Azcón como "un alcalde que de mayordomo quiere pasar a padrino". "A usted le han puesto -anotó-. Le han puesto aquellos a los que iba a favorecer".
Para Amparo Bella, de Podemos, "estamos ante un escándalo, no ante un despiste. Igual empezamos a llamarle ‘el alcalde del millón", en alusión a los beneficios que sus familiares pueden llegan a obtener con esas operaciones inmobiliarias.
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