El general jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz Cabañete, asegura que recibió una orden del Estado Mayor del Ejército del Aire, a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores, para no pedir el pasaporte al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, cuando este llegó a España a través de la capital aragonesa, el 18 de abril, en un avión medicalizado.

Así lo asegura en las contestaciones que Cabañete da a las preguntas que le formuló el titular del juzgado de instrucción número 7, Rafael Lasala, sobre las circunstancias de la llegada de Ghali a España el 18 de abril.

Estas respuestas han servido al abogado Antonio Urdiales para presentar ante el juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza un escrito en el que solicita la apertura de diligencias por la llegada de Ghali, al entender que este hecho podría ser constitutivo de los delitos de uso de documento falso, prevaricación y encubrimiento personal.

La petición de Urdiales ha sido atendida y el juez de instrucción ha abierto diligencias para investigar la posible comisión de un delito de falsedad documental y, tal vez otro de prevaricación. Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el juez Rafael Lasala ha remitido un exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que le pide algunos documentos e informes.

En sus respuestas al requerimiento judicial, el jefe de la Base Aérea relata que un avión de la República Argelina aterrizó en Zaragoza a las 19.25 horas del 18 de abril de conformidad con lo ordenado telefónicamente por el Estado Mayor del Ejército del Aire, que también ordenó que el personal que viajaba en el avión no pasara control de pasaportes y aduanas, "por lo que se desconoce su identidad".

Cabañete añade que una persona que viajaba en el avión en una camilla medicalizada, de la que se desconoce la identidad al no haberle solicitado el pasaporte, fue trasladada en ambulancia.

La Base Aérea, agrega, tiene un procedimiento por el que las personas que aterrizan en ella procedentes de países de fuera de la zona Schengen deben de pasar el control de pasaportes, pero que en esa ocasión no se siguió el procedimiento por orden del Estado Mayor.

Cabañete precisa que desde el Estado Mayor le confirmaron que estas órdenes de no realizar trámites le fueron transmitidas por el gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

A la vista de esas contestaciones, el abogado Antonio Urdiales ha presentado este jueves la referida denuncia, en la que manifiesta su "hilaridad y sorpresa" por el asunto, que se ha gestionado, dice, de forma "burda y tercermundista".

Respuesta de Exteriores

El Ministerio de Exteriores ha asegurado que es "práctica tradicional" y habitual no someter a control los pasaportes de los pasajeros que llegan a bordo de un avión oficial, por lo que nunca ordenó no pedir el pasaporte al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, cuando este llegó a España en un avión medicalizado.

Así, según un mensaje difundido por el Ministerio, la práctica tradicional en España, aplicada con carácter habitual por ejemplo en la Base Aérea de Torrejón, en Madrid, es no someter a control los pasaportes que portan los pasajeros que llegan en un vuelo oficial y por tanto, cuentan con las pertinentes autorizaciones. 

Añade el Ministerio de Asuntos Exteriores que la costumbre de no realizar un control de pasaportes a los pasajeros en vuelo oficial es una cortesía diplomática frecuente en muchos países. Otros se limitan a recoger todos los pasaportes de pasajeros y tripulación para sellarlos, pero sin un control personalizado; mientras que otros países requieren que se rellene un formulario que se adjunta al pasaporte para su visado.

No obstante, los pasajeros están obligados a llevar encima su documentación de viaje por si en algún momento fuese requerida por la autoridad competente, ha subrayado Exteriores.

Urdiales, que en declaraciones a Efe ha pedido la dimisión de González Laya, muestra su deseo de que esta denuncia "sirva para conocer la verdad y regularizar de una vez por todas las relaciones entre España y Marruecos".

Asegura en su escrito que no entiende cómo una orden verbal posibilitó la entrada en España de un investigado "por presuntos delitos de genocidio, en concurso con otros de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones".

Para el letrado Urdiales, no cabe duda de que el personal militar es "totalmente ajeno" a los hechos, y que fue "engañado" por el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, del que recibió las órdenes.

Tras aterrizar en Zaragoza, Ghali fue trasladado en ambulancia hasta el hospital San Pedro de Logroño, donde ingresó con nombre falso, lo que le permitió pasar inadvertido unos días, hasta que un medio marroquí dio la noticia de su presencia en España.

La decisión de la ministra Arancha González Laya de acoger "por razones estrictamente humanitarias" a Ghali para ser tratado en un hospital español, indignó al Gobierno de Marruecos, quien acusó a España de intentar ocultar la presencia de una persona buscada por la Justicia española por dos querellas por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas.