La Audiencia Nacional ha rechazado este viernes la extradición a Argentina del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, por torturas en el franquismo, ya que considera que este delito, presuntamente cometido en 1968, estaría prescrito y que los hechos de los que se le acusa no son constitutivos de genocidio.

La sección tercera argumenta que este delito, castigado en España con un máximo de seis años, prescribe a los diez años desde la comisión del delito o desde que el procedimiento se dirige contra el culpable, cuando la acción penal en este caso se inició en virtud de una querella presentada en Argentina en 2012, 'por lo que ha superado crecidamente los plazos de prescripción'. Además, rechaza que los hechos de los que se le acusa pudieran 'constituir un delito de lesa humanidad, dado el tenor aislado de la acción imputada sin conexión aparente con el delito de genocidio' que se investiga en Argentina.

La causa se refiere a las presuntas torturas infligidas a Andoni Arrizabalaga Basterrechea tras su detención en agosto de 1968, en el cuartel de la Guardia Civil en Zarautz.

En el auto de siete folios en el que se oponen a la extradición de Muñecas, los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y María Ángeles Barreiro argumentan también la falta de conexión entre el reclamado y 'cualesquiera otras personas involucradas en acciones análogamente reprobables, tanto por su naturaleza como por las fechas de ejecución'. A todo ello añaden 'la denegación en razón de la nacionalidad del reclamado, carente de vínculo alguno con Argentina'.

La juez argentina María Servini pidió la entrega de Muñecas por las acusaciones contra él de torturas. Este exagente de la Guardia Civil fue condenado por su participación en el golpe de Estado del 23-F a cinco años de cárcel por rebelión militar y expulsado del cuerpo.

Durante la vista sobre la extradición de Muñecas, el pasado 3 de abril, el fiscal Pedro Martínez Torrijos se opuso a que se le extradite porque considera que los hechos están prescritos, pero consideró que la jurisdicción española sería competente para juzgarle. En concreto, planteó que las acusaciones en esta causa propongan al Estado argentino la interposición de una denuncia para que Muñecas sea juzgado por la jurisdicción española, en cuyo caso ha considerado que el expediente se debería enviar al juzgado decano de Azpeitia (Guipúzcoa), al que pertenece la localidad en la que se produjeron los hechos. Ello posibilitaría, según el fiscal, que las víctimas tuvieran un proceso en España y fueran oídas ante un tribunal español por unos hechos cometidos en la dictadura, con lo que se podría 'satisfacer los deseos de justicia que les ha llevado a presentar la querella en el Estado argentino'.

Muñecas, al que ahora la Sala retira las medidas cautelares que pesaban sobre él a raíz de la reclamación de Argentina (retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado), se encontraba entre los asistentes a la comida organizada el pasado febrero, en el último aniversario del golpe, en el cuartel de la Guardia Civil en Valdemoro por el teniente coronel Antonio Tejero, hijo del golpista, que fue destituido por estos hechos.

Muñecas es uno de los dos expolicías cuya extradición ha solicitado la juez argentina, que se apoya en la legislación internacional de derechos humanos para investigar posibles crímenes contra la humanidad, mientras que España mantiene la amnistía a antiguos responsables de la época de Franco. La Audiencia aún tiene que emitir una decisión sobre la extradición del exinspector de la Policía Antonio González, apodado Billy el Niño, que el 10 de abril negó las acusaciones de tortura en una vista celebrada en la sede del alto tribunal. Es previsible que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechace también su entrega, que, a la que, al igual que en el caso del capitán Muñecas, se opuso a ella la Fiscalía.

España aprobó una ley de amnistía en 1977 que perdonó los delitos franquistas. Cientos de españoles han recurrido a un tribunal argentino en busca de justicia para supuestos crímenes cometidos contra ellos y sus familias durante los 36 años de dictadura, que terminaron con la muerte de Franco en 1975.  La ONU instó a España en octubre pasado a que creara un plan para investigar las desapariciones del franquismo y recomendó descartar la ley de amnistía para delitos políticos cometidos durante la guerra civil (1936-39) y el franquismo (1939-75). España respondió negándose a revisar esa ley.

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