La Audiencia de Madrid rechaza imputar a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por la 'operación Catalunya'
La Sala ha revocado cursar la comisión rogatoria solicitada por Andorra. Esta decisión, que sigue también el criterio de la Fiscalía, es firme y contra ella no cabrá recurso alguno.
La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión de un juzgado de cursar la comisión rogatoria solicitada por Andorra para investigar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por la operación Catalunya.
En un auto difundido este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los magistrados de la audiencia madrileña han estimado el recurso de apelación que presentaron Rajoy y los exministros del PP. Este recurso iba contra la decisión del Juzgado de Instrucción nº32 de Madrid de aceptar la comisión rogatoria del Principado.
Así, la Audiencia de Madrid ha considerado que, en este caso, con la comisión rogatoria se ha tratado de "dar traslado del acto de imputación derivado de la admisión de la querella por parte de la autoridad judicial andorrana". Por tanto, este órgano ha revocado el auto del 20 de junio de 2022 por el que el juez de Instrucción Número 32 desestimaba la petición de los dirigentes populares.
Este procedimiento judicial es consecuencia de la querella presentada contra Rajoy y los citados exdirigentes populares, así como varios mandos policiales, por parte del Institut de Drets Humans d' Andorra y el expresidente de la Banca Privada d'Andorra (BPA). En concreto, los hechos denunciados están relacionados con extorsiones, coacciones, amenazas y chantaje desde 2014 a responsables del BPA. Los miembros del PP habían intentado conocer "mediante vías ilegales" información bancaria de los expresidents Jordi Pujol, Artur Mas y del exvicepresident Oriol Junqueras.
El pasado noviembre, la Audiencia de Madrid ya dio la razón a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz y paralizó la comisión rogatoria, corrigiendo su decisión previa sobre este asunto. La Sala tenía entonces constancia de que realmente la comisión rogatoria no había sido devuelta al Principado de Andorra, como tenían entendido.
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