Ni Felipe VI ha renunciado a la herencia de su padre, ni tampoco podría hacerlo: lo prohíbe el Código Civil. Pero el comunicado de la casa real difundido este domingo permite al lector llegar a esta falsa conclusión. Dicho comunicado supuso un bombazo informativo y sólo de su lectura detallada se concluye que Felipe VI tiene intención de renunciar a la herencia, que es como no anunciar nada porque aún no ha llegado ese futurible.

En concreto, el comunicado sostiene que el rey "quiere que sea conocido públicamente que S.M. el rey don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder….". El Código Civil es tajante: considera nula toda renuncia a futuro de una herencia. Y esto afecta también a Felipe VI. Así se refleja en el artículo 991: "Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia".

"Es un error de primero de Derecho. Todo jurista sabe que no se puede renunciar a una herencia antes del fallecimiento", sostiene una catedrática de Derecho Civil. Felipe VI será heredero, o no, de Juan Carlos I "cuando este muera y se conozca su testamento, si es que existe", añaden otras fuentes jurídicas consultadas.

Es imposible también renunciar a la legítima que le corresponderá como heredero forzoso, al ser su hijo, hasta que no fallezca el rey emérito: "Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula, y éstos podrán reclamarla cuando muera aquél…" (artículo 816 del Código Civil). Tanto Felipe VI como Juan Carlos I se rigen por el Código Civil de Derecho Común, ya que tienen vecindad civil común (en Madrid).

La Casa Real optó por realizar este anuncio cuando toda España está pendiente de la crisis del coronavirus y los ciudadanos permanecen confinados en sus casas. En las últimas semanas han crecido las presiones en torno a Felipe VI y su familia: Juan Carlos I es investigado por la Fiscalía de Suiza como supuesto comisionista millonario del Ave a La Meca, mientras la Fiscalía española tiene abierta una pieza secreta de sus negocios con Corinna Larsen (Corinna Zu Sayn-Wittgenstein) por posibles delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

Por si fuera poco, aumenta el cerco para que exista transparencia en las cuentas de la casa real. El Tribunal Constitucional (TC) optó recientemente por pasar de puntillas en el recurso de amparo de Compromís contra el rechazo del Congreso de tramitar su proposición de ley sobre el "fomento de la transparencia económico-presupuestaria del rey y de la Casa Real". El TC utilizó una cuestión formal para rechazar el recurso, pero es de prever que el próximo que se presente esté mejor elaborado y el alto tribunal acabe entrando en el fondo del asunto.

El comunicado emitido por la casa real este domingo desvela que Juan Carlos I ha contratado a un conocido penalista para que le represente: el exfiscal anticorrupción Javier Sánchez-Junco Mans, que ejerció la acusación pública contra Mario Conde en el caso Banesto en la década de los años noventa.

El rey emérito podría ser juzgado por el Tribunal Supremo en el caso de que las investigaciones concluyan que cometió delitos económicos después del 19 de junio de 2014, año en que dejó de ser inviolable tras su abdicación. Juan Carlos I está aforado ante el Supremo, ya que en julio de aquel año se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir que el alto tribunal juzgara todas las acciones civiles y penales dirigidas contra Felipe VI, su esposa, la infanta Leonor y los reyes eméritos.