El Gobierno de Aragón está decidido a sancionar el enaltecimiento del franquismo, según contempla el régimen sancionador del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de la comunidad, que el ejecutivo PSOE-Cha aprobará este martes para someterlo durante tres meses a un proceso de participación.

El texto original prevé excluir del acceso a las subvenciones y ayudas económicas autonómicas a los municipios que eludan eliminar placas, escudos, insignias, inscripciones y otros elementos de homenaje a la sublevación fascista y la posterior dictadura y para los que mantengan o realicen alusiones de ensalzamiento de los participantes e instigadores de la asonada y del franquismo, lo que incluye actos como mantener nombramientos de alcalde perpetuo o hijo predilecto.

Esas conductas serán calificadas como graves y sancionadas con multas de 2.001 a 10.000 euros que, en caso de reincidencia, se elevarán a una horquilla de 10.001 a 150.000 ya que pasarían a ser “muy graves”.

El texto califica como infracciones muy graves efectuar movimientos de tierras o construcciones sin autorización “donde haya certeza de la existencia de restos humanos de víctimas desaparecidas” y la destrucción de fosas comunes inventariadas. Y señala como graves incumplir la obligación de conservar y mantener lugares de memoria, obstruir las inspecciones para comprobar esa conservación y realizar “cualquier obra o intervención” que pueda dañar una fosa.
La vigente Ley de Memoria Histórica de 2007, de ámbito estatal, no incluyó un régimen sancionador, aunque sí contempla la posibilidad de desarrollarlo. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno aragonés.

El Consejo de Aragón y el bombardeo de Alcañiz

La ley aragonesa, cuya redacción es uno de los puntos destacados del pacto de gobierno entre PSOE y Chunta Aragonesista (Cha) y cuyo contenido adelanta hoy Público, prevé para la retirada de esos símbolos y distinciones un trámite que incluirá un plazo de alegaciones de cinco días por parte de los consistorios y otro de tres meses para que la comunidad dictamine si esos objetos y esos honores deben ser retirados. La resolución incluirá un plazo para ejecutar la orden, la cual, en caso de no ser atendida, podrá ser aplicada por el Gobierno autonómico.

La ley señala al Consejo de Defensa de Aragón de Caspe, el único Gobierno libertario de la historia tras el malogrado ensayo de la revolución makhnovista en Ucrania, y al frustrado Estatuto de 1936 como antecedentes democráticos de la actual comunidad autónoma, algo que las Cortes ya habían dictaminado por unanimidad hace unos meses, cuando, a propuesta de Cha, condenaron por ver primera el golpe militar de 1936.

El texto también pretende instaurar como Día de la Memoria Democrática de Aragón, que se dedicará a reconocer y homenajear a las víctimas de la dictadura y a mantener su recuerdo, el 3 de marzo de cada año.

La fecha está cargada de simbolismo: es el aniversario del sangriento bombardeo de Alcañiz en 1938, donde la aviación legionaria italiana causó entre 300 y 500 muertes y más de un millar de heridos –la práctica totalidad civiles- en un atroz episodio de la guerra civil que permaneció silenciado durante años, y que hoy sigue siendo prácticamente desconocido en el resto del país, pese a superar en brutalidad, muerte y destrucción a otros como el de Gernika.

Censo de desaparecidos y víctimas

El anteproyecto de ley, que incluye un preámbulo de tono conciliador e integrador, contempla medidas como la puesta en marcha de un Depósito de ADN y Pruebas de Identificación que, mediante convenios, permitirá extraer y conservar los códigos biológicos de los represaliados y de sus descendientes para facilitar la identificación de los primeros mediante su cruce, y prevé que las empresas y organizaciones que se beneficiaron del trabajo forzado de los presos adopten “medidas de reconocimiento y reparación” a sus víctimas.

La norma, que prevé poner en marcha un Censo de Personas Desaparecidas y Víctimas del Franquismo, define como “víctima” a quien sufrió lesiones o daños, tanto físicos como mentales, por su “compromiso con la defensa de los derechos y libertades”.

El depósito incluirá los casos de bebés sustraídos a sus padres, cuyas familias acceden a la consideración legal de víctimas del franquismo.

Derecho a conocer el pasado y al olvido

La ley reconoce explícitamente el “derecho a reconocer los episodios del pasado” –uno de los principios de la ONU- y apela a la “garantía de no repetición”, aunque contempla también un “derecho al olvido”, análogo al que se aplica en internet, por el que, si se opone a ello uno de sus familiares hasta el tercer grado (biznietos e hijos de sobrinos), las identidades de las víctimas no serán incluidas en las bases de datos públicas como el Censo de Memoria Democrática o la que incluirá la web que en unos meses lanzarán las Cortes y el Gobierno de Aragón, que también contará con una biblioteca memorialista y un mapa actualizado de los lugares de memoria de la comunidad.

La ley señala como lugares de memoria todas aquellas ubicaciones que resulten “relevantes” para explicar la lucha en defensa de la democracia entre 1936 y 1939, lo que incluye fosas comunes, lugares de detención, obras realizadas con trabajos forzados o espacios en los que operaron las guerrillas.

“Es una ley de los nietos de los represaliados”, señalan fuentes conocedoras del proceso, que destacan la necesidad de desarrollar esta norma para poder cerrar el oscuro capítulo de la guerra civil. “Podremos pasar la página cuando la hayamos escrito, sin rencor y sin revanchismo”, añaden.

Su texto, de hecho, llama a la reflexión sobre “la ilegitimidad de cualquier idea política que utilice la violencia como medio” e incluye “una clara condena moral sobre cualquier forma de violencia”, aunque rechaza la equiparación de las responsabilidades y la “equidistancia entre violencias”.