La presencia de las dirigentes socialistas, la expresidenta de la Junta Susana Díaz y la ministra de Hacienda María Jesús Montero en los días previos a la votación del próximo 10 de noviembre en una comisión de investigación en la que se analizará la gestión de la Faffe, la fundación pública que gestionó unos 250 millones de euros contra el paro entre 2003 y 2011, forma parte de una estrategia de PP y de Ciudadanos, a la que se ha sumado Vox.

Ninguna de las dos, ni Díaz -que cuando entró en el Gobierno ya no existía la Faffe- ni Montero -que era a la sazón consejera de Salud- tuvo mando jamás sobre esa fundación, que fue extinguida en abril de 2011, bajo el mandato del expresidente José Antonio Griñán.

El conocido como escándalo Faffe está siendo investigado por la vía penal en un juzgado sevillano e incluye injustificables, grotescos y sórdidos episodios, como el gasto prolongado en el tiempo con cargo al erario público -mediante una tarjeta de crédito que cubría la Junta de Andalucía- de más de 30.000 euros en burdeles. El director de la Faffe, Fernando Villén, que hoy no milita en el PSOE, según el partido, fue el presunto responsable de tales hechos.

La investigación policial y judicial ha revelado además un rosario de presuntas irregularidades, que tienen que ver con la gestión de los fondos contra el paro: concesión de millonarias subvenciones sin los requisitos ni la justificación pertinentes y con numerosas contrataciones presuntamente fraudulentas. Es decir, tiene sentido una comisión de investigación sobre las actividades de los responsables de la Faffe en sus años de funcionamento.

Sin embargo, la Faffe fue liquidada en el mes de mayo de 2011, con José Antonio Griñán como presidente, cuando Díaz no estaba aún en el ejecutivo -lo hizo un año después- y Montero era consejera de Salud, es decir, nada tenía que ver con la gestión de las políticas de empleo. 

Por lo tanto, la presencia de Griñán y de Manuel Chaves, su antecesor en el puesto, en la comisión tiene un sentido claro para evaluar posibles responsabilidades políticas, aunque ninguno de los dos está por ahora investigado por la justicia por este asunto. Sin embargo, la de Díaz y Montero es, desde este punto de vista, a priori, antes de saber si se producen revelaciones de calado en la comisión, más difícil de explicar para los partidos que la han pedido.

A la medida

La comisión de investigación está hecha a la medida de PP, Ciudadanos y Vox, que suman mayoría y, por tanto, tienen la capacidad de decidir quiénes comparecen y quiénes no, cuándo lo harán y -en el momento en que decidan clausurar la comisión- aprobar las conclusiones.

Adelante Andalucía ha pedido también la comparecencia de Díaz, pero no la de Montero. Y aunque la coalición de izquierdas y andalucista reclame con dureza todas las explicaciones pertinentes a los responsables socialistas, nada podrá hacer Adelante que no quieran también hacer los tres partidos que hoy gobiernan en Andalucía. La sartén la tienen hoy por el mango PP, Ciudadanos y Vox. Previsiblemente, en un asunto como este, cualquier idea de Adelante que la derecha vea con potencial para dañar a los socialistas prosperará, por una conjunción de intereses.

La estrategia del PSOE para ridiculizar la petición de comparecencia de sus dirigentes Díaz y Montero ha sido reclamar también la del presidente Juanma Moreno (PP). El razonamiento que hacen los socialistas es el siguiente: si Díaz y Montero no estaban y tienen que ir, que vaya también el presidente actual de la Junta, que tampoco estaba.

En respuesta a qué pensaba de la petición de comparecencia del presidente en la comisión el azote del socialismo Sergio Romero, portavoz de Ciudadanos, socio de gobierno del PP, para explicar por qué Moreno no irá, reveló en una rueda de prensa este miércoles las verdaderas razones de la presencia de Díaz y Montero: “El que está siendo cuestionado es el PSOE-A”, según recoge Europa Press. Luego añadió: "Ni Moreno ni Ciudadanos estaban en el gobierno cuando se desarrolló esté escándalo", agregó Romero. 

"No entendemos qué busca el PSOE-A", señaló por su parte sobre la maniobra socialista el portavoz del PP, José Antonio Nieto, recoge Europa Press. Sobre el por qué de la presencia de Díaz y Montero, Nieto dijo que la Faffe se liquida en 2016 y que, por eso, el PP no ha llamado a comparecer a nadie a partir de esa fecha vinculado con la fundación. Esto no es cierto. La Faffe desapareció en mayo de 2011, cuando su necrológica se publicó en BOJA, de lo que da cuenta esta crónica de entonces escrita por el periodista Antonio R. Vega en ABC.

Luego, Nieto afinó lo que quería decir: Susana Díaz es, según el portavoz del PP, la persona que asumió, una vez extinguida, la gestión de la liquidación de la Faffe, y, “curiosamente no extrajo ninguna conclusión negativa, no se tomaron medidas en contra de los directivos, ni se iniciaron medidas para recuperar los recursos perdidos”. Las competencias y el personal contratado en la Faffe, un extremo que investiga la justicia y que el PP considera escandaloso -han denunciado hasta 1.500 enchufados del PSOE- pasaron en 2011 a depender del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El socio imprescindible de Moreno, la ultraderecha de Vox, también apuntó: “Nos preocupa y somos escépticos respecto al resultado de la comisión, que debería centrarse en pedir responsabilidades políticas”, recalcó el portavoz de Vox Alejandro Hernández.

Las pedirán, cuando quieran, las que quieran y a quien quieran, porque son ellos tres, Vox, PP y Ciudadanos, quienes controlan la comisión. La van a moldear -lo están haciendo ya- a su medida.

A las puertas del 10N, el escándalo de la Faffe es un asunto demasiado goloso para que la derecha lo deje escapar.