Una de cada dos denuncias que se presentaron en 2018 por delitos contra la libertad sexual, 5.382 de un total de 10.939, fueron cometidos contra menores. Esto supone un aumento del 14,7% respecto a 2017, cuando fueron 4.542, según el último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. 

Las que más se incrementaron fueron las denuncias por pornografía infantil, en concreto un 31,1% al pasar de 77 a 101; especialmente relevante fue la subida en la franja de niños de hasta 13 años, que se dispararon un 87% (56 frente a las 30 del año pasado), mientras que en la de adolescentes de hasta 17 años la cifra bajó un 4,3 % al situarse en 45. 

También aumentaron las agresiones sexuales con penetración denunciadas, que ascendieron a 332, un 30 % más que en 2017; 74 de ellas fueron perpetradas contra niños de hasta 13 años, (que bajan un 1,3%), mientras que hasta los 17 años subieron un 44,1% y se colocaron en 258. 

La mayor parte fue por otro tipos de delito contra la libertad e indemnidad sexual, que supusieron 4.656, un 19 % más. De las misma forma, subieron las denuncias de malos tratos hacia la infancia en el ámbito familiar, que al pasar de 4.875 en 2017 a 5.105 en 2018, un 4,5% más. La mayor parte (2.927) fueron de jóvenes de entre 14 y 17 años, por encima de los menores de 13 (2.178). 

Carmela del Moral, analista jurídica de derechos de infancia de Save the Children, ha aclarado que este aumento de las denuncias no tiene por qué llevar aparejado un mayor número de casos, pero no deja de ser "significativo" que las cifras sean "tan altas". 

Porque además, apunta la ONG, el informe de Interior no refleja el total de agresiones hacia la infancia y la adolescencia cometidas en 2018, pues excluye las denuncias registradas por las policías autonómicas, y todos aquellos actos que no se llegan a denunciar. 

De aquellos relacionados con la libertad sexual que sí son denunciados se desprende que el 49,2% tienen como víctimas a menores de edad, lo que demuestra la "urgencia de tomar medidas ya". 

Así, ha confiado en que una de las primeras medidas que adopte el nuevo Gobierno que surja tras las elecciones del 10N es la de aprobar definitivamente la ley de protección a la infancia que quedó pendiente la pasada legislatura. 

"Seguimos fallando a los niños y las niñas, seguimos sin garantizar su protección, seguimos llegando tarde", ha lamentado en una nota de prensa el director de la ONG en España, Andrés Conde, quien también ha instado a la aprobación de esa ley que tiene previsto, entre otros puntos, ampliar el tiempo de prescripción de los delitos.