La acusación pide a la jueza del 8-M que impute al doctor Simón

La asociación contra la Gestión del Coronavirus, presidida por el jurista Víctor Valladares, ha solicitado a la jueza de Madrid Carmen Rodríguez-Medel que impute al doctor Fernando Simón por desobediencia y denegación de auxilio en la gestión de la covid-19.

La asociación, que dice agrupar a 10.000 personas, solicita la citación de Simón como investigado por "una flagrante dejación en sus funciones así como de obligaciones" que han puesto "en peligro la salud pública, e integridad física de todos los españoles y residentes en España", según la denuncia a la que ha tenido acceso Público.

Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del Ministerio de Sanidad y entre sus funciones se encuentra "desarrollar y mantener un sistema rápido de detección, comunicación, evaluación y respuesta frente a alertas sanitarias", sostiene la denuncia.

A juicio de los querellantes, Simón omitió informes sanitarios y animó a participar en las concentraciones feministas del 8 de marzo "pese a que el coronavirus se encontraba desbocado en España", según asegura literamente la denuncia.

La magistrada, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, ha descartado en el caso la acusación de delitos de lesiones después de que el forense remitiera un informe en el que sostiene que no existe "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multidinaria y los contagios por coronavirus.

La denuncia de la asociación destaca las "contradicciones" de Simón sobre "la utilización obligatoria de mascarillas, la necesidad de la realización de test serológicos, la falta de información veraz del número de fallecidos por coronavirus, la negación en un principio de un peligro real en España de la existencia del virus, afirmando que habría hechos aislados, y nunca de contagio local, cuando ya contaba con Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea".

La asociación acusa a Simón de mantener una actitud dolosa al prohibir unas manifestaciones "con la permisividad de la celebración de otras, incluso animando a su presencia como ocurrió en la manifestación feminista de Madrid del 8 de marzo".

Objetivo: el ministro Illa

Dicha asociación pide al juzgado que el centro que dirige Simón aporte los correos electrónicos que se intercambiaron con el Ministerio de Sanidad desde el 30 de enero al 15 de marzo, al día siguiente de la declaración del estado de alarma.

En su escrito, Valladares adelanta que el objetivo de esta diligencia es acreditar "la existencia o no de requerimiento por parte del Ministerio de Sanidad al CCAES solicitando el auxilio" y, en el caso de que no existiera, "depurar la responsabilidad criminal presunta correspondiente del ministro del ramo, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante el órgano jurisdiccional competente, esto es, la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Amplía la denuncia contra Franco

La Asociación contra la Gestión del Coronavirus basa su petición en el informe de la Guardia Civil en funciones de policía judicial. Este informe originó el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como comandante de Madrid al no articular mecanismos para informar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de detalles del documento.

La magistrada del juzgado de instrucción 51 de Madrid ha citado como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para el próximo día 10 por un supuesto delito de prevaricación administrativa al autorizar concentraciones masivas en los días previos a la declaración del estado de alarma.

En otro escrito, la asociación, que ha solicitado ejercer la acusación popular, ha ampliado su denuncia contra Franco para que sea investigado por un delito contra las libertades públicas tipificado en el artículo 514 del Código Penal.