¿Quién investiga a un sospechoso de acoso sexual y/o laboral cuando este lleva uniforme? A menudo, nadie: menos del 20% de las denuncias por hostigamientos de uno de los dos tipos que se dan dentro de las plantillas de las fuerzas de seguridad españolas da lugar a la activación de los protocolos para aclarar lo ocurrido, según admite el Ministerio del Interior en la respuesta a una consulta tramitada a través del Portal de Transparencia.

El volumen de denuncias por episodios de uno de los dos tipos de acoso (los datos de Interior no los discriminan) se sitúa ligeramente por debajo de la treintena anual en el Cuerpo Nacional de Policía, mientras que en la Guardia Civil alcanza una cadencia de algo más de 35, unas frecuencias que resultan cuando menos sorprendentes por tratarse de dos colectivos que tienen el mantenimiento de la legalidad entre sus principales cometidos.

En el caso de la Policía, el número de denuncias internas por algún tipo de acoso entre miembros del cuerpo entre 2015 y 2019 asciende a 142, cifra que incluye las presentadas por personal tanto funcionario como laboral, aunque de ellas solo 44, el 30,98%, dieron lugar a la activación del protocolo para investigarlas y, en su caso, activar un proceso disciplinario o judicial.

El grueso de los denunciantes, 102, corresponde a miembros de la escala básica (agentes y oficiales), mientras diez proceden de la de Subinspección (subinspectores) y 19 de la ejecutiva (inspectores e inspectores jefe. Ningún policía asignado a la escala superior, la de los comisarios, denunció en esos cinco años haber sido victima de situaciones de acoso.

En cuanto a los denunciados a los que les fue aplicado el protocolo, también la mayoría formaba parte de la escala básica, 31, por dos y cuatro de las de subinspección y la ejecutiva. En ningún caso se iniciaron actuaciones contra un integrante de la superior.

Menos de un 6% de sanciones en la Guardia Civil

En la Guardia Civil las denuncias son algo más frecuentes que en la Policía y la activación de los protocolos menos habitual, según indican los datos facilitados por Interior, que refieren 141 “incidencias” en cuatro años de los que “solo 18 han reunido los elementos exigidos para amparar la tramitación de expedientes disciplinarios”.

Es decir, que en el instituto armado acaban siendo investigados el 12,7% de los casos que se denuncian, apenas uno de cada ocho. Y de estos, solo acabaron “finalmente con responsabilidad disciplinaria” ocho, menos de la mitad de los que generaron expedientes y ni siquiera el 6% de los señalados por las víctimas.

También en la Guardia Civil el grueso de los denunciantes procede del estrato inferior del escalafón, con 130 cabos y guardias por solo siete suboficiales (sargentos, brigadas y subtenientes) y cuatro oficiales (teniente, capitán, comandante y teniente coronel). Tampoco en este caso se registraron incidentes con los mandos (coroneles y generales) como víctimas.

Treinta casos por año en el ejército

La incidencia del acoso sexual alcanza la treintena de casos al año en las fuerzas armadas, donde desde 2011 el hostigamiento laboral no existe oficialmente entre militares por decisión de la Subsecretaría de Defensa. En cualquier caso, solo los episodios de carácter lúbrico alcanzan en el ejército una frecuencia similar a la suma de estos y los de tipo laboral en las fuerzas de seguridad.

Según indica otra respuesta de Transparencia, en este caso del Ministerio de Defensa, que matiza que “no hay constancia de ninguna denuncia por acoso laboral cursada por un militar contra un civil”, entre enero de 2016 y diciembre de 2018 “el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas se activó en 91 ocasiones, una por cada una de las víctimas y presuntas víctimas”.

La distribución de las víctimas por rango es similar a la de las fuerzas de seguridad: 60 entre la tropa y la marinería, diez suboficiales y seis oficiales, aunque con el añadido de quince alumnos de academias militares y centros de formación.
Por tipo de cuerpos, más de dos tercios (67 de 91) se concentran en el ejército de Tierra, por quince en el del aire y ocho en la Armada, a los que se añade un caso en los llamados cuerpos comunes, que engloban a los juristas, los sanitarios, los interventores y los músicos.

Entre el doble y el triple de denuncias entre militares

Ese volumen de activaciones del protocolo, que luego se derivan a la vía disciplinaria o a la penal, salvo que sean archivadas, supone un notable aumento de los episodios de acoso que llegan a ser investigados en relación con el periodo 2004-2015, el inmediatamente anterior a la puesta en marcha de ese sistema.
Según el Observatorio de la Vida Militar, en esos doce años “se recibieron 174 denuncias sobre acoso y se abrieron 128 diligencias previas de este tipo de delitos o faltas”, lo que arroja una frecuencia de entre la mitad (14,5 por año) y menos de la tercera parte (9,1) de la actual en función de qué dato se utilice como referencia.

Casi el 90% de las denunciantes eran mujeres, que también volvieron a suponer una clara mayoría entre las víctimas en años posteriores a los del informe.

Otra cosa es el resultado de esas investigaciones. “De estas 128 diligencias previas, 110 fueron archivadas, 7 se remitieron a la autoridad disciplinaria y 11 fueron inhibidas a otros órganos”, señala el informe del observatorio, que añade que “de los 46 procedimientos penales seguidos se produjeron 22 condenas (12 por acoso sexual, 1 por acoso por razón de sexo o género y 9 por acoso profesional)”.

"Se aplica de una manera errática"

"El protocolo de acoso sexual se activa de una manera muy errática", señalan fuentes de la asociación de militares Cuestión de Justicia y Honor, que critican que "Defensa anunció hace unas semanas que va a poner en marcha otro sobre el acoso laboral, pero mientras tanto se niega a aplicar el que ya está homologado por la Administración General del Estado”.

Desde Red 45+ se pronuncian en el mismo sentido. "La Guardia Civil, que es un cuerpo policial militarizado y que también depende de Defensa, sí dispone de un protocolo para actuar ante casos de acoso laboral ¿Por qué no se aplica en el ejército?”, indican fuentes de esta entidad.

Ambas asociaciones coinciden también en destacar que "la mayoría de los casos tienen como víctimas a la tropa y como denunciados a sus superiores, pero en ocasiones el ejército llega a proteger al presunto acosador en lugar de al denunciante".