¿De verdad les importan las mujeres? Sobre el 'Macroestudio de prostitución y trata' anunciado por el Ministerio de Igualdad

Sin duda, el debate sobre prostitución y trabajo sexual es, no sólo uno de los más encarnados en el feminismo desde hace cinco décadas, sino uno de los más útiles para generar campaña política en la actualidad. El pulso por ver quien abandera la “verdadera” identidad feminista ha tomado la prostitución como una de sus piedras angulares. Esta situación no es nueva y responde, entre otras cosas, a la historia del propio movimiento feminista español, que desde la Transición viene configurando escuelas de pensamiento dispares y a menudo desencontradas sobre la cuestión de la “sexualidad femenina” y, particularmente, sobre la naturaleza y legitimidad del trabajo sexual – aspecto que sería largo explicar aquí.

No obstante, lo que sí es novedoso es la tensión a la que asistimos en la actualidad: el crecimiento en la politización y auto-organización de trabajadoras sexuales y la expansión de una conciencia feminista “pro-derechos” camina de la mano de un embiste sin igual de propuestas legislativas encaminadas a criminalizar la actividad libre del ejercicio. También, a silenciar la propia voz de las protagonistas – las mujeres que ejercen. El cóctel perfecto para que el debate se polarice, y comience la “guerra de los datos”.

Según las posturas abolicionistas (entre las que se sitúa el actual gobierno, pero también otras reconocidas instituciones feministas como el Instituto de las Mujeres), alrededor del 80% de quienes ejercen son potenciales víctimas de trata. Es decir, bajo este presupuesto, la mayoría son entendidas como víctimas sin agencia ni capacidad de decidir sobre sus propias vidas, engañadas o forzadas a ejercer a través de procedimientos capciosos con fines de explotación. Voces discordantes con esta visión, incluidas las académicas y entidades del tercer sector pro-derechos, sitúan esa cifra en torno al 10-30%. Estas últimas entienden que la gran mayoría elige ejercer esta actividad como forma de supervivencia en un mercado de trabajo segmentado étnicamente, inaccesible para buena parte de la población por las propias leyes de Extranjería – recordemos que más del 90% de ellas son migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular, según In Genero (2021) – y marcado por la altísima precariedad que habita en el mercado de trabajo feminizado, donde las alternativas laborales están mal pagadas y hacen difícil la conciliación.

Lo cierto es que, hasta la fecha, no tenemos datos precisos sobre la realidad de la prostitución y la trata en el estado español, aunque sí estimaciones cuyas cifras varían según la fuente. Una “macroencuesta” anunciada en 2022 por Irene Montero pretendía cubrir esta ausencia. Sin embargo, el pasado 17 de Septiembre, para sorpresa de muchas, la actual Ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció algunos resultados preliminares de esta iniciativa, ahora rebautizada como “Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres”. Coincidiendo con la cercana fecha del 23 de Septiembre (Día contra la Trata y la Explotación sexual), la Ministra anunció en rueda de prensa que, en base a este estudio, el 80% de las mujeres eran potenciales víctimas de trata y defendió la necesidad de generar una ley abolicionista “a la francesa”. La avalancha de noticias no tardó en llegar, haciendo de la ficción (o, como mínimo, la incertidumbre) realidad: numerosos medios se hicieron eco de estos resultados y de la necesidad de atajar el problema a través de los presupuestos abolicionistas – aka. perseguir y penar proxenetas y clientes. Junto con la avalancha de noticias, no tardaron también en llegar las voces discordantes, incluida la Red “Voces Feministas por los Derechos”, compuesta por académicas de más de 20 universidades españolas expertas en prostitución y trata, y surgida a raíz de la censura sufrida en la Universidad de A Coruña en 2019. Como se puede leer en su comunicado, la red critica la negligencia metodológica que rezuma el estudio (exclusivamente basado en análisis de anuncios de prostitución y citas) y la falta de transparencia (no sólo por la ausencia del estudio completo, sino de la propia autoría del mismo, como se esperaría de cualquier informe científico).

Es del todo sabido por quienes están cerca del terreno, que los anuncios no son una fuente fidedigna de información, dado que se construyen en un contexto de marketing de las anunciantes, por lo que la información que aparece en ellos no es necesariamente real. Pero además, según la Ministra, el “macroestudio” ha usado indicadores tan poco rigurosos como el “exotismo” o la “novedad” de las mujeres que se anuncian para detectar posibles víctimas de trata, en vez de acudir a criterios consensuados como los convenidos por las NNUU. A la espera del informe completo, todo apunta a que lo que era una oportunidad financiada con alrededor de 100.000 euros de presupuesto público para la realización de un estudio pormenorizado de la realidad del sector, se ha convertido en una oportunidad fallida e instrumentalizada políticamente. Una mala noticia para las mujeres, especialmente las que ejercen, pero también para la ciencia en nuestro país.

Desgraciadamente, en esta “guerra de datos” y teorización estéril, las figuras públicas se olvidan de que son las propias mujeres las que sufren cada embestida legislativa y mediática. Aunque la venta de servicios sexuales se encuentra en un limbo legal, las últimas tres décadas han estado atravesadas por el aumento en la persecución de las trabajadoras y su entorno, y por una falta de alternativas reales para quienes desean dedicarse a otra cosa. Esto es especialmente acuciante en el caso de las trabajadoras de calle. Desde el 2000, numerosas ordenanzas municipales en ciudades como Valencia, Sevilla o Bilbao, limitan el ejercicio en la vía pública hasta tal punto que fuerzan a las trabajadoras a exponerse a altas cuantías de multa, o a esconderse de la vigilancia pública y habitar lugares más recónditos y peligrosos. En las ciudades donde no existe este tipo de ordenanzas, como Madrid, la LO4/2015 (“Ley Mordaza”) y su artículo Art. 37.5 sobre “comportamientos obscenos en la vía pública” o el Art. 36.6 sobre “desobediencia a la autoridad” cubren esa ausencia. Según la investigadora Maria Barcons en base a datos del Ministerio del Interior, en los dos años siguientes a la implementación, esta Ley fue usada 591 veces para multar a trabajadoras de calle, lo que supuso 100.420 euros en sanciones.

Más allá de lo que se lee entre líneas (la necesidad de “esconder” la prostitución, sacarla de la calle) lo que observamos también es una clara negligencia por parte de las instituciones públicas en conocer las verdaderas condiciones y motivaciones de quienes ejercen. En realidad, más allá de grandes eslóganes, a buena parte del poder político y del feminismo abolicionista parece importarles muy poco las mujeres. La cruzada moral es más importante que sus consecuencias, especialmente cuando las afectadas son mujeres pobres o migrantes. Durante la pandemia, 60.000 mujeres se quedaron sin residencia ni alternativa habitacional debido al cierre de los “burdeles”, promovido por el entonces Ministerio de Igualdad. A pesar del drama que supuso para ellas, personajes como Mabel Lozano se permitieron celebrar el éxito del “abolovirus” como el “nuevo aliado del abolicionismo”. Poco más tarde, en 2022, mientras miles de mujeres festejaban el impulso de una ley que protegía su libertad sexual y ponía en el centro la cuestión del consentimiento (“Ley sólo Si es Si”), otras miles de mujeres sufrían la ejecución de su artículo 11 que hace de los anuncios de prostitución una publicidad “ilícita”. Un duro golpe para las trabajadoras sexuales autónomas, aquellas que no dependen de “proxenetas” pero encuentran en el trabajo sexual un refugio para sostener sus vidas. El cierre de numerosas plataformas de publicidad favoreció el aumento de precios de las que aún sobrevivían, la aparición de estafas y el crecimiento de las “agencias” - terceros que gestionan los anuncios de las mujeres. Muchas mujeres se endeudaron para seguir, otras muchas se plantearon (volver a) trabajar para terceros, como empresarios del alterne, clubes o pisos. Es decir, una medida encaminada a “evitar contenido sexista” en la publicidad, terminó por perjudicar gravemente a las mujeres que ofrecían servicios sexuales de manera independiente, forzándolas a depender de empresarios, habitualmente hombres, o a volver a exponerse a la criminalización de la calle.

Poco después, en 2024, el PSOE presenta, bombo en mano, una “Ley abolicionista” consistente en una reforma del Código Penal que proponía ampliar códigos delictivos a mayores capas del entorno de las prostitutas. La propuesta – finalmente rechazada, menos mal, por la Cámara del Congreso – habría permitido que familiares, amigos o caseros arrendando un lugar donde se ejerce pudieran exponerse a penas entre 2 y 4 años (recuperando la famosa “tercería locativa” franquista). Por si cabe alguna duda, como señala la propia Amnistía Internacional, sabemos que este tipo de medidas de “machacar al entorno” que facilita la prostitución no afecta a grandes empresarios, sino a pequeños arrendadores o incluso, a familiares, colegas o amigos de las trabajadoras. Al contrario, estas medidas favorecen a grandes empresarios de la industria de “alterne” con sabidas conexiones con la extrema derecha, que gozan de una relajada posición jurídica y favor institucional y que se frotan las manos con cada embiste legislativo contra las trabajadoras independientes.

El abolicionismo parece desoír – casi como quien se tapa los ojos ante el sol – que ningún estudio ni cambio legislativo estará bien construido si no se incluye la voz de las organizaciones de trabajadoras sexuales y entidades desde un óptica pro-derechos. Es una pena porque, además, el estado español supone un vergel de este tipo de organizaciones, realidad poco frecuente en otros contextos. Por nombrar sólo algunos ejemplos, entidades como el Sindicato Otras, la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales de Villaverde (AFEMTRAS), el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Putas en Lucha, Fulanes Organizades de Granada (Fulgor), la asociación Aprosex en Barcelona, Putas indignadas del Raval, el Comité de Apoyo a Trabajadoras Sexuales (CATS) de Murcia, llevan años realizando propuestas alternativas al estéril debate entre abolir o legalizar, incluida una pionera propuesta de Ley por la Despenalización del Trabajo sexual inspirada en el modelo neozelandés. Sin embargo, su voz es sistemáticamente silenciada (por ejemplo, a través de no ser invitadas a mesas técnicas de Ayuntamientos por “no ser profesionales”), infantilizada (“deben de tener alguna disociación o problema psicológico”), desprestigiada (“son unas privilegiadas”) o incluso criminalizada (“son parte del lobby proxeneta”).

Esta anomalía democrática, en palabras de Clara Serra, es un ejemplo claro de cómo se legisla sobre la prostitución en España dando palos de ciego: ellas, mejor que nadie, saben lo que necesitan; y ellas, mejor que nadie, están preparadas para liderar un estudio que explore la realidad de la prostitución y la trata en nuestro país. En definitiva, si a las instituciones públicas y al abolicionismo de la prostitución de verdad les importan las mujeres que ejercen, deberían empezar por escucharlas, leer sus propuestas, y poner en primer línea una crítica feroz a las leyes de extranjería, a la Europa Fortaleza, a la reforma laboral y a la Ley Mordaza. Y desde ahí, si quieren, hablamos de moral sexual, de decisiones “libres” o “forzadas” y de consentimiento.