Una nueva oportunidad para una democracia que no nos avergüence

Dice la RAE que la vergüenza es la "turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante". Seguramente el diccionario de la rica lengua castellana (que me corrija Toni Cantó) recoge palabras más grandilocuentes y contundentes para definir la actuación de la democracia española con las víctimas del franquismo (las de la Guerra Civil y las que fue dejando a lo largo de casi 40 años de dictadura). Sin embargo, yo, personalmente, me quedo con esa palabra. Vergüenza. Ese es el sentimiento que más veces me ha despertado escuchar los relatos de vida de decenas y decenas de víctimas de la dictadura con las que he hablado a lo largo de los últimos años por mi trabajo en este periódico.

Da vergüenza que tengamos a miles de personas todavía enterradas en cunetas y en paradero desconocido y que tuviéramos que esperar a la Ley de Memoria de 2007 para comenzar a ayudar con dinero público de los presupuestos (insuficiente) las exhumaciones que ya impulsaba la sociedad civil (ahí está la labor de la ARMH) y que, además, hacía recaer todo el peso en familias y asociaciones. Da vergüenza conocer que esta democracia, para existir, se obligó a olvidar a los cientos de miles de trabajadores forzados de la dictadura, a los maestros y maestras depurados, a los bebés robados y a sus madres, a los torturados y torturadas, a las miles de personas que perdían sus empleos por sus ideas políticas y a aquellos que fueron abatidos a manos de ultraderechistas o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Da vergüenza haber convivido durante décadas con el dictador en un mausoleo que se hizo llamar Valle de los Caídos para su mayor gloria. Da vergüenza el dolor acumulado en tantas mujeres silenciadas, borradas y cuyo legado todavía no hemos sido capaces de recuperar. Da vergüenza conocer la realidad que tuvieron que sufrir miles de mujeres en preventorios, el dolor de la comunidad LGTBI y, en definitiva, de todo aquel y aquella que no encajaba en el orden nacionalcatólico.

Estoy casi convencido de que esa es la palabra. Vergüenza. A veces, también, se me ha cruzado la palabra rabia. Me sucedió, por ejemplo, cuando escuché por primera vez el relato de Chato Galante y las torturas que había sufrido. Ese día sentí rabia. No solo contra el pasado. También contra el presente. Fui un estudiante que superó sin problemas todas mis asignaturas de historia y no tenía ni la más mínima idea del dolor, el sufrimiento y las renuncias sobre las que se asentaban mis derechos y libertades. Sentía rabia, sentía dolor, sentía, una vez más, vergüenza. Vergüenza de haber pensado que aquellas personas eran pasado. Como si no estuviesen compartiendo el mismo espacio/tiempo que yo, como si no las pudiera tocar, como si su dolor no existiera o, algo peor todavía, como si su dolor ya hubiese sido amortizado. Aunque aquella rabia se manifestó más claramente el día que Chato se nos fue. Sin conocer la justicia y, un poco más todavía, cuando su torturador murió sin haber rendido cuentas.

Echando la vista atrás siento vergüenza incluso de mí mismo y de aquellos momentos universitarios en los que flirteé con la idea, por propia comodidad vital, de que lo mejor era pasar página y centrar la lucha única y exclusivamente en el presente y en el futuro. Tiempo después llegué a la convicción de que aquel pensamiento era el correcto para un hijo sano de la democracia de 1978. Así se había diseñado el relato, así se había pensado la educación y así crecíamos los hijos y las hijas sanas de la Constitución del 78: amnésicos. Y entonces abres los ojos y regresa la vergüenza. Otra vez. ¿Quién se cree con el suficiente poder como para pedir a varias generaciones de ciudadanos y ciudadanas que renuncien a sus derechos? ¿Qué democracia puede pedir a su ciudadanía que no busque a sus muertos, que no los saque de las cunetas, que no busque justicia para sus torturados, que no investigue el robo de sus hijos en tantas prisiones franquistas o que no rinda cuentas a las empresas que se aprovecharon del trabajo esclavo? ¿Qué democracia sana puede asentarse sobre el olvido de los que lucharon por la democracia?

Este martes el Consejo de Ministros iba a dar luz verde a la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, una ley que supone importantes avances respecto a la tímida Ley de Memoria Histórica de 2007. Contempla la resignificación del Valle de los Caídos, incluye un plan de fosas que cuenta con el visto bueno de un forense tan reputado y respetado como Paco Etxeberria, habla de un censo de víctimas, de un banco de ADN, de incorporar contenidos en materia de Memoria Democrática en la enseñanza, de formación de funcionariado e, incluso, de incluir un régimen sancionador. De hecho, el anteproyecto que fue aprobado en el Consejo de Ministros ya incluía muchas de las recomendaciones que nos hizo el Relator de Derechos Humanos de la ONU, Pablo de Greiff.

Los avances, por tanto, son notables e innegables. Sin embargo, tampoco hay dudas de que un Gobierno y una mayoría parlamentaria como esta puede y debe avanzar más. Que no es cuestión de izquierdas ni de derechas. Se trata de derechos humanos y de seguir lo aconsejado por organismos internacionales hasta el final. Se puede hacer más por la apertura de archivos, se puede mejorar y ampliar la definición de víctima de la dictadura respecto a la propuesta recogida en el anteproyecto, se puede derogar la Ley de Amnistía y se puede dejar todavía más claro, para despejar todo tipo de duda, que esta Ley de Memoria Democrática supondrá el final de la Fundación Francisco Franco. Entre otras cosas. Y, muy especialmente, se puede comunicar más y mejor mostrando más valentía, más determinación y más voluntad política.

El nuevo ministro Félix Bolaños, como es lógico, ha pedido más tiempo para estudiar la ley antes de su aprobación en Consejo de Ministros para poder defenderla correctamente. Así que el anteproyecto no será proyecto este martes. Sin embargo, fuentes cercanas a Bolaños ya han avanzado que el texto será proyecto antes de las vacaciones de agosto. No obstante, y a pesar de las buenas palabras, las dudas siguen encima de la mesa de las entidades memorialistas y el tiempo apremia. Con las víctimas del franquismo más que con cualquier otro colectivo. No es fácil convencer a entidades tan maltratadas como las que forman las víctimas del franquismo de que esta vez sí se va en serio y que esta ley supondrá cambios importantes. Que no será pura cosmética. Las preguntas están encima de la mesa. ¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar para sacar a todos los muertos de las cunetas? El propio Etxeberria decía en estas páginas que en una legislatura o legislatura y media se podría acometer la recuperación de la inmensa mayoría de ellos y que serían alrededor de 20.000 los cuerpos que todavía se podrían recuperar pese a los 80 años transcurridos. ¿Vamos a un ritmo adecuado? Desde la Secretaría de Estado de Memoria insisten en que ya hay decenas de exhumaciones en marcha. En este sentido, incido, se echa en falta más y mejor comunicación.

También siguen las dudas sobre si es suficiente la declaración de nulidad de las sentencias de los órganos represores del franquismo que contemplaba el Anteproyecto o si se necesita ir todavía más lejos. "¿Van a ser declaradas nulas todas las sentencias de los tribunales de represión política del franquismo de manera directa o va a caer el peso de nuevo en las familias?", me preguntaba recientemente una víctima. Yo no tenía respuesta. "¿Va a incluir esta reparación a personas como Salvador Puig Antich?", incidía. La Secretaría de Estado necesita comunicar más. Y, por supuesto, continúa encima de la mesa la reclamación de que la ley no sólo recoja una investigación sobre el expolio económico sino que también incluya reparaciones económicas para aquellos y aquellas a las que el franquismo les quitó todo lo que tenían por el simple hecho de ser "rojos" o "rojas".

Ahora el ministro Félix Bolaños tiene una nueva oportunidad. La tramitación parlamentaria de la ley abre la vía para ser más ambiciosos, para que el ministro vuelva a sentarse con sus socios en el Gobierno y en el Congreso y tratar de ir más lejos a través de las enmiendas. También tiene la oportunidad de volver a sentarse con todas las entidades memorialistas que a lo largo de estos meses han aplaudido algunas medidas y criticado otras. Es tiempo de hacer pedagogía, de apretar todo lo que se pueda y de sacar la ley más ambiciosa posible y que más derechos repare a las víctimas de la dictadura. Después será el tiempo el que responderá estas y tantas otras preguntas que quedan encima de la mesa.

Me decía Cristina Fallarás en una reciente conversación telefónica que ojalá las diferentes izquierdas y organizaciones memorialistas fuéramos capaces de encontrar consensos en este asunto. Le contesté que ojalá, pero que hoy por hoy no lo veía posible. Que el consenso solo sería posible si la justicia, por fin, abriera sus puertas de par en par a las víctimas del franquismo y tomara cartas en el asunto. Sin justicia no hay nada. No hay verdad, no hay reparación y me temo que tampoco garantías de no repetición. Sin justicia no hay derechos. Sin justicia solo estaremos dando pasos en la buena dirección, sí, pero no resolveremos el fondo de la cuestión. Y, además, no nos quitaremos de encima la vergüenza de no haber dado justicia a tantas víctimas de la dictadura que ya se fueron.

Porque tampoco podemos hacernos trampas al solitario. Gran parte de los responsables de la dictadura están muertos y no se puede juzgar a un dictador que falleció hace más de 40 años. Eso no quita que no se pueda derogar la Ley de Amnistía, aunque me temo que, en este punto, la situación está oscura tirando a negra. Que la Ley de Amnistía seguirá. Ojalá me equivoque. Será esencial, no obstante, el papel que jugará en el futuro la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, que según señaló la ya exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se dedicará a investigar los hechos producidos en la Guerra Civil y la dictadura con arreglo al derecho internacional de los Derechos Humanos. Habrá que esperar a ver en qué se traduce. Yo seguiría empujando para derogar la Ley de Amnistía.

No podemos obviar que a estas alturas de la partida la justicia no es posible para la inmensa mayoría de víctimas y victimarios por una cuestión biológica. Ya no están. Ya llegamos muy tarde. Así que tendremos que aprender a convivir con la vergüenza. La vergüenza colectiva de no haber estado a la altura como democracia. Una vergüenza que, eso sí, nos debe servir para estimularnos, para ser más exigentes con esta nueva ley, para recordarnos que nunca más debemos volver a dar la espalda a las víctimas y para recordarnos que tan importante es el fin como el camino recorrido. Que de poco sirve haber llegado hasta aquí si atrás hemos dejado a decenas de miles de muertos que nos señalaron el camino de la justicia social.

Quizá es cierto que ya es demasiado tarde. Quizá no. Todavía estamos a tiempo para muchas víctimas, para reparar muchas injusticias, para legar un país mejor. Esta Ley de Memoria Democrática y este trámite parlamentario supone una nueva oportunidad. Una oportunidad para que deje de asaltarnos la vergüenza cada vez que hablamos de nuestra historia reciente. Para poder decir que ahora sí se ha hecho todo lo que estaba en la mano de un estado democrático. La última oportunidad para estar a la altura y que algunos de los que sufrieron la barbarie puedan verlo. Para explicar a los jóvenes y mayores que la Memoria es presente y que España, como país, no olvida a los que se han dejado la vida para que nosotros hoy tengamos la libertad de la que disfrutamos. Porque la Memoria y la justicia debe ser algo más que la entrega de diplomas y reconocimientos. Y la pelota está ahora en el Gobierno, en el nuevo ministro, en las fuerzas políticas dispuestas a negociar para mejor y ampliar la ley y también en manos de los medios de comunicación que informamos. Podemos hacer más. Podemos hacerlo mejor.