Justicia con pulsión de muerte

¡Viva la muerte! Es lo primero que me viene a la cabeza con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrileño que ordena la reposición de la calle dedicada al general franquista Millán Astray.

El Poder Judicial resuelve la reposición de esta calle para quitar la dedicada a la Maestra Justa Freire, un cambio que se hizo por el Plan de Revisión del Callejero durante el gobierno de Manuela Carmena, las primeras políticas públicas que se hacían en materia de Memoria en el Ayuntamiento de Madrid desde el comienzo de la democracia.

La calle dedicada a Millán Astray se aprobó en el Ayuntamiento de Madrid en 1969, cuando la dictadura franquista seguía manteniendo un sistema de represión hacia los movimientos sociales, obreros y estudiantiles con detenciones, torturas y ejecuciones junto con otras violaciones de derechos humanos que hoy son investigadas gracias al Principio de Justicia Universal en la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo.

Pero la justicia madrileña sentencia que la democratización del callejero franquista con la retirada de quién gritó ¡Viva la muerte! “no se ajusta a derecho”.

Dice la justicia que no se prueba de manera “inequívoca” que participara en la guerra civil o en el alzamiento. Millán Astray fue jefe de la Oficina de Propaganda del régimen durante la Guerra, fue mano derecha del dictador y miembro de las cortes franquistas durante cuatro legislaturas. ¿Fue Goebbels un nazi? Supongo que les parece estúpida esta pregunta, pero en la España de la negación y el desprecio a la memoria, parece que tendría cabida con esa lógica.

Sí que resulta evidente que la decisión del Tribunal Superior de Justicia supone un paso atrás en la lucha por cumplir con los estándares internacionales en materia de Memoria que recogen los informes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en cuanto a la retirada de cualquier símbolo o nomenclatura que ensalce la dictadura. Una vez más, la judicatura española ha decidido obviar el más mínimo respeto a la memoria democrática y a los mandatos que desde la ONU no dejan de repetirnos.

Sucedió también esta semana con la calle Caídos de la División Azul, donde la justicia también ha avalado su mantenimiento en Madrid, y sucede también con el caso de Gerardo Iglesias. Supimos que el Constitucional había desestimado estudiar el caso del ex fundador de IU por sus denuncias por las torturas sufridas en el franquismo, pero todavía el Tribunal no se ha dignado a explicar por qué. Quienes se han jugado su libertad por esta democracia merecen no solo reconocimiento social, sino un respeto por parte de nuestras instituciones.

El caso de las calles, no obstante, merece especial relevancia, a través del espacio público nuestras instituciones muestran el grado de compromiso con la construcción de una cultura democrática anclada en el respeto a los derechos humanos. Nuestras calles deben homenajear a las mujeres y hombres cuyos valores democráticos sirvan como referentes para la identidad colectiva del pueblo de Madrid.

Se tardó 39 años en democratizar nuestro espacio público y se han tardado cuatro en retroceder al pasado. Sentencias así son las que nos impiden salir del peor pasado y sustentan esos valores antidemocráticos en el presente. Sentencias así permiten que haya partidos que exaltan una dictadura enunciando valores antidemocráticos que imposibilitan nuestra convivencia.

Para poder reconstruir una comunidad política madrileña en el presente es clave la reconciliación del pueblo madrileño con las instituciones, y eso pasa por la recuperación de la confianza de los ciudadanos en un Estado que no fue capaz de garantizar sus derechos en el pasado y que en el presente nos impide construir una cultura democrática.

Una cultura que pasa por llenar nuestros espacios públicos de referentes que en el presente nos conecte con las mejores experiencias democráticas del pasado para heredarlas y extenderlas. La nomenclatura de nuestras calles es una herramienta de construcción simbólica de nuestra identidad colectiva a través del espacio público. Y si viene respaldado por la institución, es ésta la que habla a la ciudadanía a través de esos referentes.

Si se quita una calle a una maestra como Justa Freire, se vuelve a invisibilizar a las mujeres y se nos impide conocer y reconocer el trabajo que tantas maestras y maestros realizaron poniendo en práctica las directrices pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza en la escuela pública durante el primer tercio del siglo XX.

Sentencias que perpetúan valores antidemocráticos y la desigualdad impiden que sigamos avanzando en derechos y libertades para toda la sociedad y que tomemos conciencia que la libertad es el derecho a la educación.