¿A quién defiende el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional?

El pasado 27 de septiembre el recién nombrado fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico Karim A. A Khan, hacía público un comunicado sobre el nuevo rumbo que va a tomar la investigación en Afganistán. Es menester recordar que dicha investigación tiene como finalidad investigar los posibles crímenes internacionales cometidos en suelo de Afganistán, como Estado Parte de la Corte Penal Internacional. Esto es, crímenes cometidos por, según precisó la antigua fiscal, Fatou Bensouda, talibanes y sus aliados de la Red Haqqani, las fuerzas afganas (Policía y miembros de la Seguridad Nacional) y personal de Estados Unidos desplegado en Afganistán (Fuerzas Armadas y la CIA).

Esta iniciativa, que fue autorizada por la Corte el pasado 5 de marzo 2020, contó, no obstante, con buena dosis de polémica ya desde un principio, pues tuvo que ser la Sala de Apelaciones de este tribunal la que confirmara su pertinencia, ante la negativa en primera instancia de su Sala de Cuestiones Preliminares, quien decidió en un primer momento que la investigación sobre los posibles crímenes internacionales cometidos en Afganistán “no redundaba en interés de la justicia”, siguiendo el literal del artículo 53 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

El resultado final fue sin duda una buena noticia en todos los sentidos. En primer lugar, la violencia de Afganistán seguía su curso desde 2001 y la actuación de la Corte se unía al por entonces denominado “acuerdo de paz” entre Estados Unidos y los talibanes, algo que, en aquel momento, si no era visto del todo con buenos ojos, al menos se tenía la sensación de que algo se movía para calmar la situación. Los hechos, es evidente, han revertido esa mínima sensación de optimismo.

En segundo lugar, la apertura de la investigación suponía una auténtica novedad en lo que a la política criminal de la Corte se refiere; a la que se sumaría la investigación sobre Palestina. Viniendo la mayor parte de las críticas a su labor de quienes tildaban (y tildan) a la Corte como un tribunal cuasi africano (pues en sus inicios sus principales investigaciones se centraron casi en exclusiva en ese continente; hoy de las 15 investigaciones abiertas, 10 son de países africanos), no atendiendo a otros contextos igualmente graves, la investigación afgana era vista como un giro en la buena dirección para reivindicarse como lo que es (o debe ser): un tribunal con vocación internacional.

¿Por qué la investigación sobre la situación afgana ha cambió radicalmente el pasado 27 de septiembre?

Para contextualizar, hemos de retrotraernos unos años atrás. La autorización del pasado 5 de marzo de 2020 para iniciar una investigación en Afganistán levantó bastantes ampollas en el anterior Ejecutivo estadounidense, encabezado por Donald Trump. Pese a que la relación de Estados Unidos con la Corte siempre ha sido cuanto menos complicada, ya desde las negociaciones de su Estatuto en 1998, la reacción de la Administración Trump al conocer que la fiscalía estaba iniciando los trámites para investigar la posible comisión de crímenes internacional en Afganistán superó todos los límites, llegando incluso a amenazar a la propia Corte con “imponer sanciones” y revocando la visa a la propia fiscal, por entonces Fatu Bensouda. ¿Por qué esta animadversión de Estados Unidos ante la acción de la Corte? La respuesta ya la hemos avanzado al comienzo y es lamentablemente sencilla: la investigación incluía, al menos desde un primer momento, las acciones cometidas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA.

En efecto, fue precisamente la posibilidad de que se emitiera una orden de detención contra nacionales estadounidenses en el medio/largo plazo lo que levantó todas las alarmas en la Casa Blanca y activó la maquinaria estadunidense de presión (por todos los medios posibles, a tenor de lo que entonces se publicó, y otros que seguramente desconocemos) hacia la Corte.

Hoy podemos afirmar que esa presión ha dado sus frutos. El comunicado del nuevo fiscal, Karim A. A. Khan, confirma que la investigación de la Corte, como tribunal subsidiario de la jurisdicción de sus Estados Parte, va a continuar vigente pues la nueva dirección del Estado por parte de los talibanes no parece dispuesta a permitir investigación alguna sobre los crímenes cometidos en Afganistán desde 2003. Ahora bien, los motivos que alega no dejan de sorprender, pues matiza que la investigación priorizará los crímenes cometidos por los talibanes y la rama afgana del ISIS - Khorasan Province.

El significado de este giro es incomprensible, pues el hecho de que la investigación quede centrada en estos actores solo puede suponer que el fiscal considera seria y realmente (pues los aparta de la investigación de la Corte) la posibilidad de que el actual poder judicial afgano está en disposición de juzgar los crímenes cometidos por los demás implicados, esto es, las fuerzas de seguridad afganas, el ejército estadounidense y la CIA; algo a todas luces rocambolesco y alejado de toda posibilidad real (recordemos la firma del acuerdo entre, precisamente, los talibanes y Estados Unidos).

Los resultados de esta decisión pueden ser leídos desde diversos ángulos, ya que sus consecuencias son más profundas y graves de lo que pueda parecer a simple vista.

En primer lugar, es sin duda una victoria (y un respiro) de Estados Unidos, como representación de quienes consideran perverso la persecución de criminales internacionales cuando son sus nacionales quienes los perpetran. Más allá de esto, lo más preocupante es la imagen de fragilidad (y puede que de parcialidad en favor de Occidente) que transmite la Corte con esta decisión. La competencia de la Corte es muy clara: crímenes internacionales cometidos por nacionales de un Estado Parte o cometidos en el territorio de un Estado Parte, con independencia de su nacionalidad. No es un problema competencial, sino únicamente de voluntad; la preferencia por no enquistar un problema diplomático con Estados Unidos, a ejercer verdaderamente su labor. Pero es que la realidad es otra: la vista atrás que hemos echado estos días ante el vigésimo aniversario del inicio de la guerra de Afganistán ha puesto de relieve que el paso de Estados Unidos por el país no ha estado exento de acciones que merecen ser justamente (y públicamente) escrutadas por la justicia.

En segundo lugar, ¿qué justificación puede darle el fiscal de la Corte a las víctimas que Estados Unidos y sus aliados han dejado tras de sí en Afganistán durante estos 20 años? Priorizar responsables es priorizar víctimas. Crear unas víctimas de primera, a las que se les va a intentar respetar su derecho a la justicia; y otras de segunda, que ante esta política de la Corte quedan enteramente desatendidas. Tristemente, esta decisión sienta, también, un precedente peligroso para las víctimas de la situación palestina, que también están pendientes de avances en su investigación ante la Corte.

En definitiva, todas ellas, víctimas de unos y de otros, pero sobre las de los otros, pueden recordarle al fiscal las palabras del Estatuto de su propio tribunal: “Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. A lo que podemos añadir: los cometa quien los cometa.