Los anacrónicos acuerdos concordatarios de 1979 solo se mantienen vigentes por voluntad política

El PSOE actualmente en el Gobierno con Unidas Podemos, a través de algunas resoluciones de sus Congresos, se ha comprometido no solo a denunciar, sino —en ocasiones— hasta a derogar (y/o renegociar) los cuatro acuerdos concordatarios de 1979, lo que queda de los de 1976 y proceder a derogar lo que queda vigente del Concordato franquista de 1953. En un muy complicado 39º Congreso de 2017, el actual secretario general y presidente del Gobierno Sr. Sánchez, para aparecer como muy 'progre', se comprometió a suprimir la religión de la escuela y a la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979. Ni una cosa ni otra.

En el reciente 40º Congreso, en materia de laicidad se refiere (por enésima vez) a promover un proyecto de "ley de libertad de conciencia y libertad religiosa y de convicciones" y, además, se refiere a un "Estatuto de laicidad"... Y en cuanto a los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979, rebaja la propuesta del 39º Congreso y se refiere a "una revisión en diálogo con la Iglesia, buscando el consenso y unos nuevos acuerdos con el Vaticano acordes con nuestro tiempo y beneficiosos para el Estado y la Iglesia".

Las contradicciones del PSOE en materia de laicidad de las instituciones son esperpénticas, además de que una cosa es lo que dicen cuando están en la oposición y otra, muy diferente, lo que hacen cuando están en el poder. Pero tras el 40º Congreso, la cosa se clarifica bastante. Para este partido, que ha gobernado España durante 25 años desde 1982: "Hay Acuerdos para rato".

Pero, hay más, en los acuerdos de gobernanza de 2020 con el novísimo partido Podemos y un amplio grupo se siglas formado por IU, etc. -denominado finalmente grupo de Unidas Podemos-, nada se especificó, sobre "sacar la religión de la escuela" y/o sobre la derogación del Concordato, cuando tanto en el 39º Congreso del PSOE, antes mencionado, como parte del resto de partidos en sus programas —a tenor de sus resoluciones y documentos— se avanzaba y comprometían en ello.

Es más, durante el mandato de Rajoy, el 21 de febrero de 2018, como consecuencia de la presión ejercida por la histórica plataforma unitaria (Campaña por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela), formada por más de 60 entidades sociales, sindicales y políticas (entre ellas Izquierda Unida y Podemos), avalada por miles de firmas en la Comisión de Educación y FP del Congreso, se aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno "a garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar" y a proceder, en consecuencia, a la "derogación del Concordato y posteriores Acuerdos con el Vaticano, así como de los acuerdos suscritos con otras confesiones religiosas".

Sin embargo, los grupos políticos que entonces aprobaron esta PNDL (Proposición No de Ley) estaban en la oposición y desde 2020 están en el gobierno o lo apoyan desde otros escaños, han apoyado con sus votos una nueva reforma educativa, de nuevo de carácter confesional (la LOMLOE); es decir, que en materia de laicidad está radicalmente en contra de esa PNDL de 2018.

¿Hemos de creer —ahora— al grupo parlamentario de Unidas Podemos (en el Gobierno) que ha presentado en el Congreso el pasado 13 de octubre una Proposición No de Ley (que como se sabe, no es vinculante), que entre otras cuestiones mezcladas (sobre in-matriculaciones, fiscalidad, financiación de la Iglesia católica, investigación de los abusos sexuales por parte de clérigos, etc.) exige la denuncia del Concordato (aunque no habla de su derogación, curiosamente) y eliminar del sistema educativo la enseñanza de la religión (sin mencionar "religión confesional")?

¿Les hemos de creer… o es una forma electoralista más (como el PSOE) en puertas de la posible creación de una nueva amplia coalición política? El tiempo lo dirá.

Sin embargo, en la actualidad hay 179 diputadas y diputados que forman -llamémosle- la parte progresista del Congreso, es decir, mayoría absoluta desde el PSOE, pasando por UP, ERC, etc. Sin contar, claro, a los nacionalistas conservadores que, efectivamente, si hubiera voluntad política podrían haber denunciado y derogado el Concordato. Pero no. Hasta ahora no.

Es fácil, no hace falta una PNdL no vinculante, como la que se aprobó en 2018 en la Comisión de Educación antes mencionada. Se puede poner en marcha una iniciativa legislativa, tomando como base el artículo 16.3 de la Constitución, ya que no es impedimento que haya una (torticera) coletilla sobre cooperación con la Iglesia católica, a la que hay que dar un tratamiento de entidad civil más, sin privilegios, como a tantas otras de tipo sindical social, etc. y, también, basándose en los artículos 94, 95 y 96 de la Constitución, ya que por un lado técnicamente NO son Acuerdos Internacionales (según lo estipulado por la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969) y, además, conculcan principios básicos de la misma Constitución, sobre todo del Título I de los derechos y deberes fundamentales.

El problema, de fondo, reside en varias cuestiones. Por un lado, que el Estado español (entre otros muchos, en mayor o menor grado) consideran al Vaticano como una especie de Estado cuando no lo es. De ahí la pelea internacional que llevamos en Europa Laica y otras muchas entidades sociales del planeta como los laicistas, librepensadores, ateos, etc., incluso de otras religiones en competencia mercantil con la corporación católica, para que esta deje de ser "observadora especial" de diferentes Organismos Internacionales. Ya que no es un Estado.

Otro problema es que, en España, dentro de todos los partidos del centro izquierda, hay un lobby católico y religioso muy potente que impide el avance hacia un Estado laico. Y, por lo tanto, presiona para mantener relaciones privilegiadas con las corporaciones religiosas, de hecho hay otros acuerdos con las religiones judía, islámica y evangélica de 1992.

Al mismo tiempo, la izquierda política en una carrera por conseguir votos electorales "a costa de lo que sea", en competencia con partidos nítidamente católicos de la derecha y ultraderecha neofascista, ya desde 1979 ha tratado de evitar conflictos con la Conferencia Episcopal Española, con el Vaticano y, de paso, con los líderes de otras corporaciones religiosas.

También, situados en el neoliberalismo económico más depredador de la historia, que está desmontando el poder redistributivo e ilustrado de los Estados (que surgió en el XVIII, junto a los derechos civiles) y, con ello, la res pública republicana, se ha acelerado, sobre todo en lo que va del siglo XXI, la privatización y mercantilización de servicios públicos esenciales, como la Sanidad y en mayor medida la Educación y, ahora cada vez más, los servicios sociales a la comunidad: la caridad (sustituto moderno de la justica social) que controlan las religiones (todas) y, en España, sobre todas las demás, la corporación católica y todo su enorme y opaco (corrupto) entramado mercantil y financiero de asociaciones y fundaciones a cientos.

Por lo tanto, cada vez está más claro, que las actuales cúpulas de los partidos del centro izquierda del territorio español NO abordan la separación del Estado de las religiones. Y en ello, se parecen bastante a la derecha política. Por cierto, grave error, incluso desde un punto de vista egoístamente electoral.

Pero hay más, en nuestro entorno geográfico, hasta en la "histórica laica" -en Francia la ley de 1905 está en cuestión y/o no se cumple en su totalidad o en México, Uruguay, entre otros que avanzaron históricamente en laicidad-, ésta se está desmoronando en los últimos años, el ejemplo más reciente es el devaneo del "izquierdista" López Obrador con la Iglesia católica, ya no digamos de algunos procesos revolucionarios o izquierdistas en América latina, apoyados por grupos cristianos (católicos o evangélicos)… o antiguos regímenes comunistas del este europeo (con ateísmo de Estado durante años) ahora en manos de cristianos católicos u ortodoxos. Por no hablar del evangelismo y luteranismo de estados del centro y norte europeo, de EEUU… Y del enorme avance de los Estados de religión de carácter islamista, algunos de una extrema radicalidad (sobre todo en Asia y África), pero también del poder que los líderes de esta religión islámica están protagonizando en Europa, en los últimos años, con apoyo de una parte de la izquierda social y política

Toda esta "marea religiosa" de diferente signo que nos invade, situados ya en la tercera década del siglo XXI, hace peligrar derechos civiles y libertades, véase en Europa los casos de Polonia, Rusia, Hungría, etc. España, pues, con el acento puesto en ciertas políticas de apoyo a las corporaciones religiosas, vía educación, servicios sociales, etc. corre graves peligros para los derechos y libertades conquistados y hay unos "responsables políticos", y no sólo por parte de la derecha actual. La izquierda les está dejando el trabajo muy allanado.

Es muy curioso, cuando la sociedad española es de las más secularizadas de Europa, además de que se palpa en el ambiente, lo reconocen los datos de las encuestas y de la sociología (un par de ejemplos: sólo un 20% de las bodas son por ritos religiosos o sólo 1/3 de los contribuyentes marcan la casilla de la IRPF para la financiación de la Iglesia católica), sin embargo la organización política (de casi todo pelaje y color) es la MÁS confesional de la historia, desde 1979: en rituales, saraos, fiestas y simbología, privilegiando a las corporaciones religiosas con subvenciones y financiación directa, en cuanto a la fiscalidad, cediendo suelo público de forma gratuita, cesión de patrimonio artístico, mantenimiento de medios de comunicación religiosos, financiándoles el proselitismo… Además de la educación, la sanidad y los servicios sociales, ya mencionados ampliamente.

Diversidad de juristas coinciden en afirmar que los Acuerdos concordatarios de 1979 rompen el principio constitucional de no confesionalidad del Estado; suponen una grave injerencia política en asuntos internos, se les conceden enormes privilegios tributarios y otros antes mencionados y se inmiscuyen en asuntos de Defensa y de las fuerzas armadas.

La Constitución de 1978, aun en su calculada ambigüedad del artículo 16.3, NO obliga a estos Acuerdos. Es más, a pesar de que en su día fueran votados en Congreso y Senado NO se deberían considerar como acuerdos internacionales, como anteriormente se ha demostrado. Y si, además, contradicen claramente nuestro ordenamiento jurídico en algunos de los apartados, serían nulos de pleno derecho y, por lo tanto, no válidos.

Para más abundancia, según el artículo 93 de la Constitución, el Estado NO puede enajenar, ni transferir a una organización o institución internacional competencias derivadas de la Constitución, salvo a través de una Ley Orgánica. Hecho que no se ha producido. En suma: son una ficción de Acuerdos que se mantienen, únicamente, por voluntad e intereses políticos.

Volviendo al inicio de este artículo, el Concordato de 1979 lo tendremos vigente por expresa voluntad política y como se observa, ¿gobierne quien gobierne? Tiempo al tiempo, de momento hay presentada una PNdL (no vinculante) al principio mencionada… Al menos, durante su debate, si se llega a producir, muchas diputadas y diputados se tendrán que "retratar" y, sobre todo, podría servir también como pedagogía social. Muy importante ésta.

No obstante, las relaciones de las instituciones del Estado español, en este caso con la corporación católica, van mucho más allá del Concordato. Es decir, hay cuestiones como la simbología y rituales institucionalizados, las inmatriculaciones, la cesión de la gestión de servicios públicos, como los conciertos educativos, los servicios sociales, etc. que no forman parte de estos Acuerdos concordatarios. Y que también hay que darles una solución, en la línea de avanzar en la separación del Estado de las religiones. Sigue siendo un problema de voluntad política, gobierne quien gobierne.