El Sáhara Occidental es una colonia aunque Jorge Verstrynge lo niegue

Por Nicolás Ribas (@nicolasribas_)

Jorge Verstrynge, asesor de Pablo Iglesias en Podemos, ha defendido esta semana durante el Fórum Crans Montana en Dakhla (ciudad del Sáhara Occidental bajo ocupación Marruecos) que “el pueblo saharaui no existe” y que el territorio del Sáhara “siempre ha sido marroquí”. Esta posición contradice la que mantiene la ONU, que clasifica el territorio como “no autónomo”, un término que hace referencia a los pueblos que todavía no han alcanzado un nivel pleno de autogobierno. En la práctica, funciona como un territorio ocupado militarmente por Marruecos, pero sobre el que España todavía tiene responsabilidad legal, ya que aunque dio por terminado el control sobre su antigua colonia el 26 de febrero de 1976, el proceso no tuvo reconocimiento internacional.

El 14 de noviembre de 1975 se firmó el Acuerdo de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania mediante el cual el España cedía su control sobre el Sáhara Occidental, pero el proceso no atendió a los requisitos de descolonización de la ONU. Cuatro años después y con la guerra de fondo, Mauritania se retiró, por lo que la monarquía alauí considera desde entonces gran parte del territorio saharaui como su territorio nacional. Los saharauis, representados por el Frente Polisario, llevan más de cuatro décadas luchando para que se celebre un referéndum de autodeterminación y poner fin al exilio de 200.000 refugiados saharauis y del propio gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Un derecho reconocido por la ONU para los territorios en manos de las antiguas potencias coloniales que no se han podido liberar de sus antiguas ataduras. Desde 1991, la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) busca que el pueblo saharaui ejerza un derecho que está muy lejos de convertirse en un hecho.

Expolio económico

Lo que sí es un hecho es el expolio económico en el Sáhara Occidental: un territorio que alberga la mayor reserva mundial de fósfatos, elemento muy importante para la agricultura, ya que es uno de los tres componentes, junto con el nitrógeno y el potasio, del que están compuestos los fertilizantes. Juega un papel esencial en la fotosíntesis, en la formación de semillas y en el crecimiento de las raíces. Por si fuera poco, es un recurso escaso, del que todavía no se ha encontrado ningún sustituto y que podría terminarse en medio siglo, si se continúa con el actual ritmo de consumo. Marruecos es el principal exportador internacional de fósfatos y fósforo. La mayor parte de la producción proviene de la mina de Bou Craa, en el Sáhara Occidental. Por eso, hay intereses económicos muy fuertes para que el statu quo no se toque (Marruecos exporta fósforo a EEUU y China, por ejemplo), con la complicidad de la Unión Europea (UE), que renovó el pasado mes de febrero el acuerdo de pesca con Marruecos que incluye el Sáhara Occidental, pese a que choca con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. El 90% de las capturas pesqueras bajo ese acuerdo se realizan en aguas adyacentes al Sáhara Occidental y la autocomplacencia del Estado español, cuyos vínculos con la monarquía alauí son bien conocidos.

¿Cuáles son las consecuencias de todo esto para el pueblo saharaui? Han pasado más de cuatro décadas desde que España “renunciara” a la tutela de la región y casi tres desde que Naciones Unidas prometiera el referéndum de autodeterminación, que no se ha celebrado. Parte de los saharauis viven marginados y sometidos bajo la ocupación militar de Marruecos, y otra buena parte en los campamentos de refugiados cerca de la ciudad argelina de Tinduf. Mientras que cientos de refugiados mueren ahogados en el Mediterráneo, el derecho internacional no se cumple, las autoridades españolas rinden pleitesía a Marruecos, el Gobierno de Pedro Sánchez, ante la ofensiva de la extrema derecha, mantiene el Open Arms bloqueado (el barco de la ONG que lucha por defender los derechos humanos de las migrantes y salvar sus vidas en el Mediterráneo) para proteger su campaña electoral y la comunidad internacional mira para otro lado, anteponiendo los intereses comerciales de la economía global.