Hay un putero violando a una menor ahora

En un mundo ideal las leyes no serían necesarias, todo el mundo actuaría de buena fe y no haría falta penalizar a nadie por mal comportamiento. Este cuento infantil empieza a desmoronarse cuando empezamos a cuestionarnos qué es el "mal comportamiento" y entran los códigos éticos de cada cual, con el opio de las religiones incluido. Para un católico, la eutanasia o el aborto no son un buen comportamiento; para un ateo, pueden serlo o no, pero no hay un miedo a dios o al infierno por llevarlos a la práctica, aunque pueden existir otros condicionantes de todo tipo.

El feminismo lidia ahora una batalla contra la prostitución en el seno del Ejecutivo, que el presidente Pedro Sánchez se comprometió a abolir esta legislatura, aunque el PSOE lleva toda su larga vida declarándose abolicionista y nadie se ha hecho nunca demasiadas ilusiones. En Unidas Podemos existen posiciones encontradas y algunas son partidarias de regularla: hay una minoría de mujeres que declaran prostituirse libremente. Yo espero, sinceramente, que pierda esa posición por el mensaje que creo que envía: hay prostitución porque hay puteros, ergo, hay hombres que necesitan esclavizar a una mujer para sentirse satisfechos sexualmente.

Regulando la prostitución, ese dominio pasa a ser visto como algo no negativo, algo normalizado, como una fantasía sexual más en la que, no obstante, existe una actividad comercial con un cuerpo femenino. Por supuesto, la fantasía no tiene límites, pero no se paga por practicarla de mutuo acuerdo. También hay gente que vende sus órganos en la deep web para ganar dinero y aunque la mayoría lo hacen por necesidad, hay una minoría que está dispuesta a vivir con un riñón y darse un capricho, un buen capricho. Bien, es su decisión, pero si regulamos el mercado de órganos por esta minoría, la mayoría más vulnerable sale perdiendo. Eso no es libertad.

La prostitución, como el alquiler de los vientres, como la venta de órganos humanos, no se puede regular. Desde luego, esas minorías tienen derecho a ejercer su libertad, siempre y cuando esa libertad no comprometa la de otros seres humanos; y desde el momento en que la prostitución entre en la normativa oficial para favorecer a esas minorías, habrá unas mayorías cuya libertad habrá acabado, porque nada puede acabar con el afán lucrativo de un negocio tan boyante como el de la prostitución, con leyes o sin ellas: un putero no puede legitimar un mensaje de libertad y con la regularización, el Estado se encargará de facilitar y justificar su argumento. Nada menos.

Cuanto más demore el Gobierno la abolición de las prostitución, más casos seguirán ocurriendo en masa como los de las menores tuteladas de Madrid, Baleares, Comunitat Valenciana o Canarias y más culpables se irán de rositas. A poco que se conozca ese mundo, sabemos que todos estos sucesos, y son muchísimos, constituyen solo la punta de un iceberg debajo de la cual preferimos no mirar; que si España está en el top de los países con mayor consumo de prostitución es por algo, y no todo se limita a los mal llamados puticlubs de carretera, de pisos o de polígonos: nuestro país concentra el mayor porcentaje de puteros de Europa, y es el tercero del mundo después de Tailandia y Puerto Rico, según publicó la francesa Fundación Scelles en 2016, un organismo especializado en analizar la explotación sexual. Mientras escribo, y mientras hacen el honor de leerme, uno o más puteros están violando a una menor en algún lugar de este país.

Rasgarse las vestiduras sirve de poco ante tanto dolor, pero lo cierto es que las niñas tuteladas y la dejadez de las administraciones con los centros y profesionales que deben cuidarlas están ocupando las portadas de los medios de comunicación, mientras por los puteros -salvo por los latinos la ultraderecha y por quienes también son proxenetas y narcos, los detenidos- no se pregunta nadie. ¿Quiénes visitaban esos pisos, esas chabolas, esos bajos comerciales donde las niñas eran prostituidas? ¿Padres de familia, profesionales ejemplares, pequeños empresarios, algún político quizás...? La estadística los incluye sin ningún género de duda. ¿Qué lleva a un hombre a sentirse atraído por una niña, además, drogada, enferma, vulnerable, herida en lo más profundo de su alma, violarla en un lugar sórdido, pagar a su chulo y dejarla tirada como a una rata moribunda para que otro repita?

Se habla ya de "protocolos específicos" a aprobar desde el Ejecutivo para controlar la explotación de estas menores tuteladas dotando de medios y personal a los centros bajo cuyo amparo se encuentran, o deberían. Protocolo es una palabra muy socorrida que no suele servir de nada, al tratarse de meras recomendaciones, ya que la competencia de los centros de menores es de las comunidades autonómas. Niñas como las de Madrid, Illes Balears, Comunitat Valenciana y Canarias siguen constituyendo una presa fácil y apetecible para los cazadores de mujeres, muy bien organizados, a los que me temo que un simple protocolo poca mella hará.

La serie Case (Netflix) es ficción y ocurre en Reikiavik, pero hay que ver cuánto se parece la realidad madrileña, balear, valenciana o canaria al imaginario islandés, donde, por cierto, es ilegal pagar por sexo, pero no ponerlo a la venta. Véanla y pongan imágenes a estos casos. En Islandia se penaliza al putero y no a la mujer prostituida, como en Suecia, en un modelo abolicionista y no, prohibicionista, que no es lo mismo. Aquí en España éste podría ser un buen comienzo con una dotación suficiente de recursos para garantizar buenos resultados y la protección de las mujeres prostituidas. De momento, sin embargo, mientras el Gobierno se pone de acuerdo, la mayoría de los violadores de las niñas tuteladas se irá de rositas. A ellos rara vez se les investiga; y repiten y repiten y repiten...