El conflicto sobre la ley del ‘Solo sí es sí’

La ley del ‘Solo sí es sí’, sus características, su aplicación y su reforma están conllevando un amplio y complejo debate público. No entro en valoraciones jurídicas o técnicas detalladas. En ese sentido, me parecen sensatas y coherentes opiniones como las de Laia Serra, Violeta Assiego, Justa Montero, Milagros Pérez Oliva y el manifiesto de dos centenares de colectivos feministas o la de otros juristas como José Antonio Martín Pallín, Jaime Bosch y Javier Pérez Royo. Dejo la valoración definitiva de las implicaciones políticas del desacuerdo entre las dos partes del Gobierno sobre la reforma de la ley, a la espera de su desenlace. Me centro en un aspecto: el análisis del marco sociopolítico para interpretar mejor este conflicto, inicialmente normativo.

En torno a la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida por ley del ‘Solo sí es sí’, se han puesto de manifiesto los distintos intereses políticos. La pugna política ha girado en torno a la mayor legitimidad cívica y electoral para las fuerzas progresistas que reportaba esta ley integral que incrementaba la defensa de las mujeres y el avance de derechos feministas, y que las derechas pretenden deslegitimar en el plano mediático con su tergiversación. Esta norma, conformada ante la persistencia de la violencia machista y la insuficiencia de los mecanismos institucionales anteriores, contaba y cuenta con un fuerte apoyo político y social, particularmente tras cuatro años de la ola de movilización feminista tras el juicio injusto de ‘la manada’.

El resultado normativo, tras una ardua negociación de más de dos años, se ha expresado en la actual ley, promovida por los ministerios de Igualdad y de Justicia, compartida por todo el Gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos, así como por la mayoría parlamentaria progresista. Las derechas y los sectores reaccionarios pretenden revertir este avance de la libertad y la protección femenina frente a la violencia y la subordinación machistas, y frenar la actitud cívica y las mentalidades más igualitarias, con el refuerzo social y político feminista. Es el dilema de fondo que se ventila: frenar o fortalecer el avance feminista conformado estos años, siendo esta ley la clave de bóveda de un impulso transformador que puede quedar tocado.

El cambio normativo más amplio en su horquilla penal y con nuevos criterios valorativos, abría la oportunidad de una aplicación judicial contradictoria, justificada en su propia autonomía jurisdiccional, cuestión aprovechada por sectores conservadores para promover su particular interpretación y sus implicaciones procesales. La cuestión es que en la judicatura existen distintas prioridades y dinámicas aplicativas y esta de la rebaja de penas en las revisiones no estaba prevista. La infravaloración de ese riesgo se ha mantenido, prácticamente, por todos los operadores jurídicos, políticos y públicos, y ha permitido no solo la sorpresa sino un fuerte impacto de la capacidad manipuladora del relato alarmista y descalificador de los potentes medios de las derechas.

Se ha producido una relativa orfandad argumentativa y pedagógica de las fuerzas progresistas ante la sociedad, con un repliegue condicionado por el ‘penalismo mágico’; se han manifestado la fragilidad de su unidad sobre el contenido de la ley y su incapacidad para frenar la perplejidad social y el desgaste de credibilidad. Y se han generado dinámicas defensivas y competitivas, con cierta desbandada corporativa respecto de las responsabilidades institucionales. Y la puntilla ha sido la respuesta unilateral del Partido Socialista tratando de imponer su contrarreforma, con el aval del Partido Popular y VOX, frente al Ministerio de Igualdad, Unidas Podemos y los principales socios de investidura (ERC, EH-Bildu y Más País/Compromís) que solicitan un consenso progresista.

Es evidente la hipocresía del PP, sobre todo, en su pretensión de aparentar la defensa de las mujeres, cuando su objetivo es evitar una transformación feminista y de progreso, marginando a los sectores más consecuentes del ámbito político y de la activación feminista. La cuestión problemática es que al PSOE no le importa su colaboración para sacar su contrarreforma de la ley del 'Solo sí es sí'. Pero con semejante acompañante su propuesta pierde la justificación de que es para favorecer a las mujeres. El quién de las alianzas también aclara el sentido del qué, en el que pone énfasis la dirección socialista, sin mucho éxito. Esa estrategia de geometría variable e inclinaciones centristas -también presente en otros campos y momentos- es mala consejera. Así, intenta resolver un problema, la presión política y mediática de las derechas, pero crea dos nuevos, el recorte de garantías procesales para las mujeres y la brecha con un amplio campo progresista y feminista.

Su rotunda apuesta unilateral tiene la prioridad de consolidar y recuperar un electorado centrista y punitivista competido con unas derechas a la ofensiva, con la pretensión de que le permita un resultado electoral suficiente para gobernar, aunque sea en coalición progresista, y con una posición debilitada de su izquierda, en particular de Podemos. Sin embargo, de consumarse la falta de acuerdo progresista los resultados de esa operación son dudosos por el otro flanco, dada su pérdida de credibilidad feminista y la desconfianza generada en un proyecto conjunto de progreso lo que podría derivar en la derrota electoral de las izquierdas. Ha faltado temple y convicción para afrontar esta deriva derechista.

A pesar de esa hipótesis de desacuerdo progresista y apoyo socialista en las derechas para aprobar su reforma de la ley, no parece que se vaya a producir una inmediata crisis del Gobierno de coalición, tal como han afirmado ambas partes. No obstante, la grieta sería muy profunda. Sería perentoria la necesidad de taponar la brecha para porfiar en una gestión institucional compartida, encarar los procesos electorales y afianzar el interés común de ganar, particularmente, las elecciones generales, con un proyecto reformador de progreso.

Esta experiencia regresiva, con el riesgo de bloqueo e involución de derechos, también tendría implicaciones para el movimiento feminista y los colectivos LGTBI, con el freno de sus expectativas de avance y sumidos en la división y la perplejidad. Veremos su impacto este 8 de Marzo. En el caso de que fructifique ese giro normativo desfavorable para las mujeres, habrá que evaluar la nueva situación, para retomar el impulso cívico unitario, partiendo de la evaluación de toda la experiencia y la reafirmación en sus derechos. En todo caso, todavía son significativas las mejoras introducidas en la ley y los avances realizados en términos cívicos, institucionales y normativos. El contraste deriva del desfonde social respecto de las expectativas abiertas, incluso de los avances legislativos realizados, cuestionados ahora.

Pero la amenaza para el futuro por las dinámicas reaccionarias se va haciendo presente: el feminismo habría tocado techo en su acción transformadora, en el doble plano de la activación cívica y del refuerzo institucional y normativo, y se prepara una etapa de bloqueo o retroceso institucional y mediático-cultural con otra gestión política. La reacción derechista lo tiene claro: una involución antifeminista en toda regla, con fuerte impacto estructural si gana las elecciones generales.

Por otro lado, la reorientación de la dirección socialista, aun si gana el bloque progresista las elecciones generales, parece que prepara el terreno para terminar esta etapa transformadora e imponer frenos al cambio feminista, con modificaciones de la orientación y la gestión en esta área de igualdad. En esa circunstancia, no tiene sentido el deseo de personas progresistas de que fracase esta ley, se desacredite la gestión del Ministerio de Igualdad o se desactive y divida la movilización feminista.

No obstante, tras la deseable remontada progresista de este fiasco, en el horizonte aparece un gran reto: ganar las elecciones generales, con la imperiosa necesidad de renegociar un nuevo gobierno de coalición progresista, con un renovado proyecto de país que garantice otra legislatura de progreso, incluida la consolidación feminista.

En ese marco, tal como aventuran algunas fuentes, pasan a primer plano otros objetivos socialistas estratégicos, latentes estos meses: ampliar su ventaja comparativa respecto de las fuerzas a su izquierda, al mismo tiempo que favorecer la prevalencia de la ministra Yolanda Díaz y el equipo de Sumar en la dirección de su nuevo grupo parlamentario y la próxima representación gubernamental de las fuerzas del cambio, en detrimento del papel relevante que ha tenido hasta ahora Podemos; la inquina demostrada contra la ministra Irene Montero tiene que ver también con el deseo de subordinar esa dinámica transformadora y neutralizar su liderazgo.

Es decir, se trataría de la lógica tradicional de los poderes establecidos de favorecer la tendencia más moderada y adaptativa y frenar la dinámica más transformadora y exigente. Y la solución también está en la tradición democrática y de izquierdas: frente a la moderación adaptativa y la división progresistas, reforzar su capacidad transformadora y unitaria.

Como he explicado en otros textos, esa apuesta supone consolidar una solución pactada y unitaria de todo el conglomerado de las fuerzas del cambio, respetando su pluralidad y los procedimientos democráticos y con un equilibrio proporcional a la representatividad de cada cual. Ante este bloqueo transformador y esta crisis gubernamental, hay que reforzar la unidad y los intereses compartidos del grupo confederal y sus aliados, aumentando su coordinación y cohesión, en particular entre los dos grupos políticos principales: Sumar y Podemos, junto con los otros tres grupos intermedios: En Comú Podem, Izquierda Unida y Más País/Compromís, así como con todo el conglomerado de grupos afines -hasta quince según portavoces de Sumar- y personas independientes.

En definitiva, aun con el mayor o menor impacto de la gestión política de este fiasco y los efectos de su contradictoria experiencia, se debe afianzar el proyecto común para ganar representatividad electoral e influencia político-institucional en la próxima etapa decisiva.