Bruselas y Nord-Pas de Calais, cara y cruz de la política migratoria europea

Julio Díez, Sabela González / Bruselas (Septiembre de 2019)

“Probablemente algunos serán transportados en autobuses, algunos otros entrarán en el sistema de asilo francés, unos irán a centros de recepción, otros serán detenidos y otros más serán “dublinados”: se les aplicará el Reglamento de Dublín, que permite reubicar a los migrantes irregulares en el país de primera llegada. Aunque casi todos volverán a la costa francesa más pronto que tarde”. Así valora el aviso de desmantelamiento de unas 1.300 personas de los campos de Calais y Dunkerque, uno de los muchos voluntarios británicos que trabaja con migrantes en el norte de Francia.

Este anuncio coincide en el tiempo con el reparto de carteras en la Comisión Europea, en el que destaca el nombramiento de dos responsables encargados de desarrollar una nueva política migratoria europea, basada en la reforma de Dublín, el refuerzo de las fronteras exteriores y la modernización del sistema de asilo, que “debe ser común”. A partir del próximo 1 de noviembre, Margaritis Schina e Ylva Johansson comenzarán a trabajar en la implementación del Nuevo Pacto en Migración y Asilo, cuya intención es, entre otras, “ayudar a los refugiados y ofrecer condiciones decentes y humanas”.

Mikhail, nombre ficticio para proteger su identidad, es una de estas personas a las que tendrán que ayudar desde la Unión Europea. Con solo 21 años, Mikhail llegó a Calais, ciudad francesa que albergó “La Jungla”, el mayor campo improvisado de migrantes de Europa con entre 8.000 y 10.000 personas. Mikhail lleva ya siete meses viviendo en una tienda de campaña entre los árboles aledaños al hospital central de Calais, uno de los múltiples asentamientos de la ciudad, con otras 124 personas afganas. Este joven abandonó su hogar en 2012, cuando el enfoque de la Unión Europea hacia la migración se centraba en maximizar las sinergias entre migración y desarrollo. “Huí de Afganistán después de que muriera mi familia”, contaba él. “Atravesé a pie Turquía, Bulgaria y los Balcanes hasta que llegué a Noruega, donde conseguí mis papeles y fui al colegio”, decía sonriente en un perfecto inglés, “allí fue donde aprendí tanto noruego como inglés, y tuve la oportunidad también de aprender español, pero no quise, aunque ahora, viendo donde estoy, quizás debería haber aprendido para poder ir a España a buscar trabajo”.

La llegada de la denominada “crisis de los refugiados” del 2015, sumada a los atentados terroristas como los de Niza, Bataclán y Charlie Hebdo en Francia, fomentaron que la Unión Europea pasase de enviar el mensaje de “una Europa abierta y segura” del 2014, a una Agenda Europea de Migración, orientada a atajar los flujos de migración irregular, proteger las fronteras exteriores y salvaguardar la integridad del espacio Schengen del 2015. Durante ese tiempo, Mikhail vivió en un centro de menores y cumplió su mayoría de edad en 2016, mismo año en el que Bernard Cazeneuve, ministro del interior francés, decidía desmantelar y cerrar por completo la “Jungla” de Calais. En ese año, la Unión Europea estaba inmersa en la misión de hacer operativo un marco Común Europeo de Asilo “eficiente, justo y humano”.

“Perdí mi documentación por una pelea en Noruega y desde Calais espero tener suerte para llegar a Inglaterra”, decía Mikhail, verbalizando el mismo sueño que tienen las más de 500 personas asentadas en Calais y más de 800 en Dunkerque, al ver los escasos 60 kilómetros que les separan del puerto británico más cercano. Sin embargo, las organizaciones locales advertían a inicios de septiembre que, tanto el gimnasio público de Dunkerque que alojaba a mujeres y niños, como “la Jungla” de Calais, serán desalojados a lo largo del mes. La organización británica Care4Calais afirma que mientras las “asociaciones francesas advierten de que va a haber un gran y terrible desmantelamiento”, ellos valoran que “será lo mismo de siempre”, comentario que comparte el jefe de Gabinete de Damien Carême, ex-alcalde de la localidad de Grande-Synthe en Dunkerque: “Hubo muchas evacuaciones entre 2017-2019 y aun así sigue habiendo una presencia grande de refugiados que viven en la ciudad”.

Este tipo de acciones, como la falta de entendimiento entre Pedro Sánchez y Proactiva Open Arms o la de aceptar a trámite una solicitud de asilo de las que presentaron los 155 migrantes que cruzaron la valla de Ceuta a finales de agosto, no impiden que “aquellas personas que no tienen nada más que perder que su vida”, según valoraciones de los propios refugiados de Calais, continúen llegando a las zonas de paso como Ceuta y Melilla en España o Calais y Dunkerque en Francia.

El 1 de noviembre se puso en marcha la nueva política migratoria europea enfocada, entre otras cosas, en “ayudar a los refugiados y ofrecer condiciones decentes y humanas” para las 1.300 personas que se repartirán por los distintos servicios de extranjería del país vecino.

Sabela González es periodista de investigación especializada en migraciones y Derechos Humanos.