Al 2025 le pido Justicia para los hijos de la violencia machista

Tengo la sensación de que cuánto más cruel se vuelve el mundo, más nos intentan convencer de que las niñas y los niños de nuestro entorno gozan de una especie de paraíso terrenal: la mejor educación, la mejor alimentación, la mejor sanidad y también la mejor justicia. Nos hablan de una generación de cristal hiperprotegida, cuando basta con asomarnos a todas las carencias de los colegios públicos, los comedores escolares, los centros de salud y las listas de espera interminables para el especialista, o verse envueltas en procesos judiciales que afectanddirecta o indirectamente a nuestros hijos, para comprender que la realidad es mucho menos amable para los más pequeños. 

Hace tres semanas, un niño asturiano de 11 años fue obligado por una jueza a convivir con su padre -tras el fallecimiento de su madre-, condenado por maltratar a su madre física y psicológicamente y a pesar de que el niño declaró en sede judicial que no quería que lo apartasen de la familia materna y que prefería ver a su progenitor cada 15 días. En 2018, a raíz de la condena y la orden cautelar de alejamiento, el pequeño se fue a vivir con su madre a casa de los abuelos maternos y, posteriormente, a otra vivienda con su madre, la pareja de esta y su hermano nacido de esa relación. Y a pesar de todo esto, la juzgadora no vio problemas en darle la custodia a un maltratador condenado y apartar al menor de todo su entorno al entender que “ninguno de los problemas era con el menor, ni ha existido un caso de violencia doméstica con el mismo”. No hace falta ser jueza para comprender que que saquen a tu madre del coche por los pelos o la llamen puta y borracha delante de ti tiene mucho de violencia doméstica y, en particular, de violencia contra la infancia.  

Es España, las víctimas de la violencia vicaria son innumerables y el asesinato de menores es solo el último peldaño de una escalera de malos tratos que convierte a los más vulnerables en peonzas de un sistema judicial que sigue aplicando el Síndrome de Alienación Parental (SAP) a destajo en sus resoluciones, siendo los informes de los equipos psicosociales la principal vía de entrada de este falso síndrome que provoca una absoluta desprotección hacia la infancia al poner en entredicho su testimonio, tal y como revela un informe encargado por el Ministerio de Sanidad en el año 2022. 

Hace unas semanas, veíamos también cómo el hijo mayor de Juana Rivas denunciaba públicamente la situación de inseguridad y absoluta indefensión que estaba viviendo su hermano pequeño en Italia y pedía ayuda para conseguir una orden de protección para él al considerar que su vida corría peligro. Ahora, Rivas acaba de presentar un nuevo escrito ante la Justicia italiana solicitando que el menor, actualmente de vacaciones en España, se quede aquí con su madre y su hermano, de los que ha sido separado en contra de su voluntad. El informe también incluye el testimonio del menor, que ahora tiene 10 años, en el que relata cómo es su vida con su padre: “Muchas veces pienso que voy a morir. Me pega, me grita y me dice palabrotas.”

¿Se imaginan que un juez los arranca de su casa, de su familia, de su trabajo, y los obliga a convivir con una persona que les da miedo y que ha pegado, humillado y sometido a quien ustedes más quieren? ¿Se imaginan que toda su vida, la cama en la que dormirán esta misma noche, dependa de la decisión de una o varias personas que no les conoce de nada y que consideran que los derechos de un tercero a estar con usted son más importantes que los suyos propios? ¿Se imaginan que se les niegue el contacto y la comunicación con sus seres queridos? ¿Se imaginan que todas esas decisiones se tomen sin tener siquiera en cuenta su opinión? 

Tal y como señala la psiquiatra Anabel González, “de todas las heridas el abandono en la infancia es la peor”, y tenemos un sistema judicial que abandona sistemáticamente a los niños y los convierte en abandonados, al alejarlos de las personas que los han cuidado y protegido desde el momento de su nacimiento. Un sistema que fabrica infancias rotas y traumatizadas, que no escucha ni atiende el dolor de las criaturas, que no vela por sus derechos básicos de protección, seguridad, intimidad, identidad, ni el derecho a expresar su opinión, todos ellos recogidos en la Convención del Niño de la ONU. Niños desprotegidos por quienes se supone que los tienen que proteger, y madres sometidas a una tortura cotidiana que interfiere en todas las esferas de su vida.

Las formas que adopta la violencia vicaria institucional son innumerables, desde obligarlos a pasar tiempo con quien maltrata a su madre y al que ningún hijo de violencia machista ve como un referente de seguridad y amor, hasta someter a los menores a incontables declaraciones e informes que los revictimizan. Pero la violencia institucional continúa cuando la madre fallece, bien cuando es asesinada por la expareja o cuando ella misma acaba con su propia vida, siendo los malos tratos machistas un importante factor de riesgo para el suicidio de las mujeres. 

La madre del niño asturiano se suicidó, como tantas otras mujeres que sufren violencia machista e institucional. Los huérfanos de la violencia machista siguen siendo víctimas aun cuando el verdugo de su madre se quita de en medio, tal y como ha señalado en multitud de ocasiones Joshua Alonso Mateo, hijo de Sesé Mateo, la mujer asesinada en 2017 en Redondela (Pontevedra) por su expareja cuando él tenía 25 años y su hermano tan solo 9. Joshua señaló en el Senado español el abandono de las instituciones cuando se hizo tutor legal de su hermano pequeño, al obligarlo a asumir infinidad de trámites burocráticos, administrativos y económicos sin estar preparado para ello, y en pleno duelo por el asesinato de su madre.

Escribe la activista afroamericana bell hooks en su magnífico ensayo Todo sobre el amor (2000) que “No puede haber amor sin justicia. Hasta que la cultura en la que vivimos no haya aprendido a respetar y defender los derechos civiles fundamentales de los niños, la mayoría de ellos no llegará a conocer el amor” y cuando los padres maltratan a sus madres y los empujan a un calvario procesal y personal no están defendiendo sus derechos fundamentales ni mucho menos, los están amando. Lamentablemente, los hombres que imponen su poder y su dominio sobre las mujeres y los niños siguen teniendo el afecto y los cuidados de su entorno, pero también tienen la protección de los órganos judiciales que siguen creyendo, para desgracia de todas, que un maltratador puede ser un buen padre.