La tibieza de Igualdad en el caso de Juana Rivas evidencia la ruptura con el legado de Irene Montero

La lucha por los derechos de las madres protectoras y la infancia ha sido una de las más reivindicadas en la agenda feminista de los últimos años en nuestro país. Lejos del enfoque que caracterizó al equipo de Irene Montero y que marcó varios hitos en la lucha contra la violencia vicaria, la gestión del actual Ministerio de Igualdad ha despertado una creciente ola de críticas por su falta de contundencia. El departamento de Ana Redondo parece haber roto con ese legado, adoptando una estrategia que, según diferentes organizaciones feministas, ha dejado a las víctimas con una gran sensación de abandono.

Si algo ha puesto en evidencia estas carencias es el caso Juana Rivas, que volvió a saltar a la palestra en diciembre de 2024. Esta madre, símbolo de la lucha contra la violencia institucional patriarcal, se enfrenta de nuevo a una batalla legal para evitar que su hijo menor regrese a Italia con su padre, investigado actualmente por maltrato hacia sus vástagos. La semana pasada, un juzgado de guardia de Granada paralizó cautelarmente el regreso del menor, después de que el caso pasara por las manos de otros dos magistrados diferentes. Los abogados de Rivas recurrieron a la Fiscalía y consiguieron que hasta el Ministerio de Infancia, a cargo de Sira Rego, se involucrara. Al final, lograron que el niño fuera escuchado y, de momento, se quedará junto a su madre y su hermano mayor hasta que haya una resolución definitiva. 

Entre tanto, no son pocas las personas que se preguntan qué hizo en ese tiempo el Ministerio de Igualdad. La ministra se pronunció en X (antes Twitter) horas después de que se conocieran las medidas cautelares: "El interés superior del menor consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador. Un maltratador nunca es un buen padre", escribió Redondo. Era la primera vez que la titular de Igualdad escribía sobre el caso en la red social. Dos días después, tras conocerse que Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2, se había inhibido del caso y había rechazado pronunciarse sobre si el pequeño debe volver a Italia, el ministerio emitió un comunicado y Redondo respondió durante unas declaraciones a medios en la misma línea. Las críticas, como consecuencia, no han tardado en aparecer. 

"Queremos hechos, no palabras"

Desde la Red de Madres Protectoras (RMP), su portavoz Berta Sepur se ha mostrado contundente y ha denunciado la falta de "continuidad" y compromiso" por parte del gabinete de Redondo: "Denunciamos el abandono institucional del Ministerio de Igualdad a Juana Rivas, su hijo Daniel y a todas las madres protectoras en lucha. La ministra solo se pronunció horas después de que el juzgado adoptara esta medida cautelar. Desde que asumió el cargo, no ha recibido a las asociaciones que representamos a estas madres ni ha mostrado el más mínimo interés al respecto", ha expresado en declaraciones para Público. Cuando habla de la gestión de Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad entre 2020 y 2023, sin embargo, su percepción cambia considerablemente.

Durante el mandato de Montero, enumeran a este medio fuentes del anterior gabinete, se impulsaron reformas clave que colocaron a España a la vanguardia en la protección contra la violencia machista. La inclusión de la violencia vicaria en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS) y en la Ley Integral contra la Violencia de Género fue un paso histórico. Por primera vez, además, se reconoció esta forma de violencia en la normativa española, otorgando a las víctimas derechos específicos. Además, bajo su gestión, se logró modificar el artículo 156 del Código Civil, eliminando la autorización de padres maltratadores para tratamientos médicos de reparación infantil, incluso sin denuncia previa.

Berta Sepur (RMP): "El anterior Ministerio de Igualdad enfrentó de cara a la justicia patriarcal y nos dieron herramientas para luchar"

Las decisiones simbólicas tampoco faltaron. En 2021, el indulto a Juana Rivas marcó un hito, al igual que el otorgado en 2022 a María Sevilla, presidenta de Infancia Libre. Estas medidas no estuvieron exentas de cuestionamientos, pero enviaron un mensaje claro de apoyo político y social a las madres protectoras. Berta Sepur lo recuerda con admiración: "El anterior Ministerio de Igualdad enfrentó de cara a la justicia patriarcal y nos dieron herramientas para luchar".

La llegada de Ana Redondo, en cambio, ha supuesto para muchos colectivos un cambio de rumbo. Silvia Aquiles, portavoz de la plataforma Yo sí te creo, relata su experiencia: "Ana Redondo nos prometió una reunión en un par de semanas cuando entró al ministerio en 2023. Ha pasado un año y, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, esa reunión nunca llegó. La infancia no puede esperar. Queremos hechos, no palabras". Unas declaraciones que reflejan la creciente desconfianza frente a lo que perciben como una dejadez que pone en riesgo a los más vulnerables.

"Una estrategia de no destacar ni hacer ruido"

Desde el despacho Olympe Abogados, especializado en delitos de violencia de género, en el ámbito familiar y violencia vicaria, se suman a estas críticas: "El papel del Ministerio de Igualdad ha sido una absoluta vergüenza. Básicamente, no ha tenido papel alguno. Están siguiendo una estrategia de no destacar ni hacer ruido, justo en contraposición con el anterior ministerio. Publicaron un tuit genérico cuando el juzgado ya había tomado una medida cautelar para proteger al menor. Fue un gesto a posteriori, vacío de contenido", señalan. A su juicio, la pasividad del actual equipo es especialmente grave porque, además de su función ejecutiva, consideran que tiene un papel político crucial: "El ministerio tiene la obligación de enviar un mensaje a la ciudadanía de esperanza y de lucha contra la impunidad".

El contraste no podría ser más evidente, bajo un enfoque que, para organizaciones como la Red de Madres Protectoras, no solo desprotege a las víctimas, sino que diluye los avances logrados. "Parece que el nuevo ministerio ha sido diseñado para contentar a una judicatura que criminaliza a las madres y desprotege a la infancia. Han enterrado todo lo avanzado", lamenta con frustración Berta Sepur.

Red de Madres Protectoras: "Parece que el nuevo ministerio ha sido diseñado para contentar a una judicatura que criminaliza a las madres"

En 2024, nueve menores fueron asesinados en contextos de violencia machista. Además, un reciente informe del GREVIO, organismo independiente encargado de supervisar el cumplimiento del Convenio de Estambul, advierte sobre las vulneraciones de derechos que persisten en España, muchas de ellas relacionadas con la aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP) en los juzgados. "Estamos en un momento crítico, en el que los derechos están retrocediendo a nivel global, y no podemos permitirnos tener un ministerio acobardado e inmóvil", concluyen desde Olympe Abogados.