La Coordinadora para la Erradicación de la Violencia Vicaria cuestiona en una carta a jueces y juezas la actuación de la magistrada del caso de Juana Rivas

La Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional ha hecho pública una carta remitida a los 107 jueces y juezas titulares de juzgados de violencia sobre la mujer que, el pasado viernes, suscribieron un comunicado en el que mostraban su "enérgica repulsa" por el "ataque personalizado" que, según denunciaban, había sufrido la jueza del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 de Granada por parte del equipo de abogados de Juana Rivas.

Desde la Coordinadora se preguntan –en alusión al escándalo judicial que ha vivido Juana Rivas– el motivo por el que, "ante una denuncia por violencia de género de una víctima de nacionalidad española (cuyo maltratador además ya fue condenado en España por maltratarla), que quiere denunciar ante su Juzgado nuevos hechos de maltrato, ocurridos en esta ocasión fuera de nuestro territorio, concretamente en Italia", no se trasladó de "manera inmediata" la denuncia a los órganos judiciales competentes de dicho país, tal y como viene detallado en el artículo 17 del Estatuto de la Víctima.

Una decisión que, tal y como detalla la Coordinadora en su misiva, ha dejado "a Juana Rivas y sus hijos en una situación de total abandono, generándoles, en consecuencia, una gravísima situación de indefensión", que se ha visto agravada ante el "absoluto silencio" –lamenta el escrito– mostrado por el Juzgado de Violencia número 2 de Granada ante las diversas solicitudes para la adopción de medidas de protección para los hijos de Juana Rivas. 

Por último, la Coordinadora se pregunta cómo es posible que ante un Informe de Valoración Policial de Riesgo (VioGén), cuya valoración concluye que es de "riesgo alto", y califica de "caso de especial relevancia", el citado juzgado decrete "un sobreseimiento provisional, sin la práctica de ninguna actuación, ni escucha de las víctimas". 

Así, la misiva "cuestiona las concretas actuaciones de una jueza, las cuales, como las de cualquier servidor público han de estar sujetas a crítica, máxime cuando las críticas de la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional son hechas por parte de los y las profesionales implicados o por las propias víctimas, cuyas vidas, en ocasiones (como el caso que nos ocupa, quedan tremendamente dañadas por decisiones judiciales que no se ajustan a la normativa vigente".