La acusación particular ejercida por la joven que denunció a Dani Alves por agresión sexual solicita para el deportista una condena de 12 años de prisión. La víctima también acusa al futbolista de lesiones, por las que pide una multa de 13.500 euros.

Del mismo modo, la acusación particular ha pedido que Alves indemnice a la víctima con un total de 150.000 euros por las secuelas físicas y psicológicas sufridas, puesto que la joven padece síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático de intensidad globalmente elevada.

La letrada Ester García, que ejerce la defensa de la víctima, ha reclamado para el jugador dicha pena de cara al juicio que se celebrará en la Audiencia de Barcelona contra el deportista. Esta solicitud de pena de prisión de la acusación particular es superior a la de Fiscalía que solicitaba nueve años de cárcel para Alves.

La letrada ha solicitado también que se imponga a Alves la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros y de comunicarse con la víctima por un periodo de diez años superior a la pena de cárcel impuesta, así como una medida de seguridad de libertad vigilada durante el mismo periodo.

Además, ha interpelado a la sala a adoptar medidas para proteger a la joven el día del juicio, como que tenga acompañamiento profesional y se evite la confrontación visual con el acusado, así como que se celebre sin público.

Alves continúa en prisión provisional

El deportista está acusado de violar a una joven en el reservado de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado mes de diciembre y se encuentra en prisión provisional por un delito de agresión sexual con acceso carnal desde el pasado 20 de enero.

La Justicia ha acordado hasta en tres ocasiones su permanencia en la cárcel por riesgo de fuga, pese a que la defensa del futbolista alegó para evitarla el arraigo del acusado a España.

La última vez que la Audiencia de Barcelona denegó la libertad provisional del futbolista fue el pasado 27 de noviembre. En esta ocasión, el tribunal también consideró que persistía el riesgo de fuga. Es más, ante la proximidad del juicio, la Audiencia de Barcelona consideró que esta circunstancia "no hace más que incrementar el riesgo de fuga".