La Policía Nacional ha desarticulado una red de explotación sexual de mujeres que operaba en Ourense (Galicia) compuesta por siete individuos. Asimismo, los sospechosos se dedicaban a la trata de seres humanos y aprovechaban la situación vulnerable de las víctimas provenientes de Colombia y Venezuela embaucándolas a través de redes sociales.

Cinco de los siete detenidos operaban en la provincia gallega, mientras que los otros dos restantes actuaban desde Madrid. "Debían estar las 24 horas operativas durante los siete días de la semana", afirman desde Policía Nacional.

En este sentido, no contaban con ningún tipo de libertad para salir. Además, siempre estaban acompañadas por miembros de la organización criminal y estaban videovigiladas constantemente. Por otro lado, ya han sido liberadas cinco mujeres.

Modus operandi

La trama operaba a través de diversas redes sociales con mujeres de los países latinoamericanos. El nexo con ella sería algún contacto directo que conociese la situación de vulnerabilidad económica por la que estaban atravesando las víctimas.

Las persuadían hasta convencerlas de que vinieran a España, con instrucciones de cómo debían actuar en el aeropuerto con el objetivo de no levantar sospechas. Una vez en este punto, debían desplazarse hasta Ourense, en donde les esperaba el cerebro de la trama. Más tarde, este les comunicaba la deuda contraída de 3.000 euros y eran obligadas a prostituirse desde un piso en la provincia gallega.​

Videovigiladas permanentemente

Las víctimas estaban en todo momento vigiladas por cámaras instaladas en las habitaciones del piso. Además de estar siempre escoltadas por los ejecutores de la operación, no podían rechazar ningún servicio y se les privaba de todo el dinero recaudado para saldar la deuda.

Durante la intervención policial, las autoridades han registrado dos domicilios en Ourense, donde han obtenido 18.000 euros, sustancias estupefacientes, diversa documentación y dos móviles, además de la liberación de cinco víctimas.

Proyecto individualizado

Desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) explican a Público el protocolo de protección y actuación que ofrecen a las víctimas. "Cualquier policía que pudiera estar delante de una posible víctima de trata en una operación policial contra la trata de seres humanos, tiene la obligación de comunicarse con una entidad especializada para que pueda informar a la víctima de sus Derechos y durante su declaración", constatan.

Además, afirman que cuentan con un "proyecto individualizado" para cada víctima guiado por un "equipo multidisciplinar" que trabaja en su "ayuda, atención y recuperación de las víctimas". 

"Asimismo, se realiza un acompañamiento y gestión en todo el proceso judicial de la víctima y el resto de gestiones administrativas que sean requeridas; junto a un proceso de intervención psicológica para la recuperación del trauma de la explotación sexual, actividades de recuperación de autoestima y otros daños causados en su ciclo vital (abandono, abusos y/o maltrato)", añaden desde Apramp.

Plan de acción

Desde hace un año, el Ministerio del Interior pone en marcha el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023. Desde la cartera de Fernando Grande-Marlaska, se pretende realizar "un abordaje multidisciplinar e integral de este fenómeno criminal grave y de enorme complejidad".

Siguiendo en esta línea, el Plan se articula en torno a cinco "prioridades": detección y prevención de la trata de seres humanos; identificación, derivación, protección, asistencia y recuperación de las víctimas de la trata de seres humanos; persecución del delito; cooperación y coordinación; y mejora del conocimiento.