El pasado mes de abril el Ministerio de Justicia denegó el indulto a María Salmerón, aduciendo que el Gobierno tenía las manos atadas y que por "imperativo legal" no podía tomar otra decisión. La ministra de Justicia, Pilar Llop, expresó que en distintos medios de comunicación, incluido este, que "hubiera sido de justicia darle el indulto", pero que "no reunía los requisitos" porque era "reincidente" y que la ley de no permite conceder la medida de gracia en estas circunstancias. Se trata de una norma aprobada en 1870.

Sin embargo, cuando Justicia denegó el indulto a Salmerón, ésta ya tenía todas sus causas penales canceladas o prescritas, por lo que tanto su equipo legal, como otras juristas conocedoras del caso consultadas, afirman que ya en abril pasado la reincidencia no debía haber sido un motivo para denegar el indulto. Tampoco para enviarla a prisión, pena que cumple en la actualidad en régimen de tercer grado vigilada con una pulsera telemática. Además, su defensa adujo en diversos momentos que según el avance normativo en nuestro país en los últimos años, el delito por el que se condenó a Salmerón (incumplimiento de visitas con un padre condenado por maltrato) no es delito a día de hoy en nuestro país.

Uno de los abogados que la defienden, Francisco Tejado, explica a este diario que en la fecha en que el Gobierno le denegó la medida de gracia, "sólo había dos sentencias no prescritas o canceladas porque aún no eran firmes". Este hecho hace que esas dos no podían haber sido tenidas en cuenta a la hora de concederle el indulto. 

Una violencia judicial que dura 20 años

El caso judicial de María Salmerón es un galimatías jurídico que evidencia la falta de aplicación de la perspectiva de género que tanto juzgados como el Estado están obligados a aplicar, por lo que su situación judicial ha sido calificada por diversos expertos en derecho como una forma de violencia institucional. 

Salmerón se casó con su exmarido, Antonio Ruiz Daza, en abril de 1999. Sólo dos meses más tarde lo denunció por insultos, amenazas y golpes, aunque no fue condenado en ese momento. Posteriormente, en 2003, Salmerón volvió a denunciarlo por violencia física, psicológica y sexual. Tal como refleja la sentencia que finalmente lo condenó a un año y nueve meses de prisión por maltrato habitual en 2008, éstos comenzaron desde el inicio de la relación, antes del matrimonio y se mantuvieron, incluso, durante el embarazo de su hija, que hoy tiene 22 años.

A pesar de estos hechos, diversas sentencias civiles establecen que, por el "bien superior de la menor", ésta debía tener visitas con su padre. En 2006, incluso, un juzgado admitió la petición del padre de un cambio de custodia de la menor, que entonces tenía seis años. A pesar de que Ruiz Daza se encontraba entonces imputado por violencia de género, el juzgado le concedió la custodia de la niña, una medida que finalmente tuvo efecto en 2009, poco después de que fuera condenado en firme y con una medida de alejamiento de su Salmerón. Ruiz Daza nunca entró en prisión, por ser la condena inferior a dos años y no tener antecedentes. Algo más de un año después de que el juzgado de lo civil le concediera la custodia de su hija, la Audiencia de Sevilla revocó la decisión y se la devolvió se la devolvió a la madre.

A lo largo de las últimas dos décadas, Ruiz Daza ha interpuesto decenas de denuncias contra Salmerón. Todas ellas basadas en incumplimientos del régimen de visitas que le habían concedido los tribunales civiles. Salmerón incumplió alguna de ellas afirmando que respetaba el deseo de su hija. Miriam Ruiz Salmerón siempre afirmó que no quería ver a su padre, incluso en sede judicial. En 2015, cuando la menor tenía 14 años, fue explorada por un juzgado que decretó el fin inmediato de las visitas de la menor con su padre en el punto de encuentro y acordó que la menor "verá al padre cuando, donde y como quiera, si quiere", Desde ese momento, hace más de siete años, Salmerón no ha podido volver a ser acusada de ningún incumplimiento.

Inseguridad jurídica

Debido a la denuncia constante de su expareja, María Salmerón y su hija Miriam llevan más de 20 años sufriendo un calvario judicial. Un sin fin de procesos que han tenido a lo largo de este período de tiempo resultados muy dispares. Algunas de las sentencias emitidas entienden que Salmerón no es imputable penalmente por incumplir visitas, mientras que otras la condenan por esos mismos hechos. Este es el caso de la última condena, firme en 2020 por la que en la actualidad se encuentra cumpliendo condena. Una disparidad de sentencias que, afirma su equipo legal, se han traducido en una inseguridad jurídica para esta madre. 

A lo largo de las últimas dos décadas, Salmerón ha tenido seis condenas, frutos de la incesante denuncia de su expareja, todas por incumplimiento de las visitas de su hija con el padre. Una de 2008, que juzgaba hechos ocurridos de 2001. El Gobierno de Mariano Rajoy le concedió un indulto parcial y la conmutó por un mes de trabajos en favor de la comunidad. Una segunda sentencia, firme en 2009, la condenó a seis meses de prisión. Un segundo indulto concedido por el Gobierno del Partido Popular volvió a conmutarla por 40 días de trabajos en favor de la comunidad. Ambas, tal como afirma su equipo legal, deberían ser consideradas como "cumplidas". 

En 2014 el juzgado de lo penal 15 de Sevilla la condenó a un año de prisión, por una desobediencia cometida en 2008. Posteriormente la Audiencia Provincial la rebajó a un delito leve con multa de 18 meses. 

Otro de los indultos del Gobierno de Mariano Rajoy llegó en 2016. El juzgado de lo penal número 13 de Sevilla, emitió una sentencia firme contra Salmerón en 2013, por la que la condenaba a siete meses de prisión. Posteriormente este indulto fue anulado por el Tribunal Supremo. Para entonces el juzgado que la condenó consideró que la pena estaba ya prescrita, por lo que no entró en prisión.

Hace unos pocos días, el juzgado número 15 emitió un auto por el que consideraba prescrita la condena de multa de 2014. Este auto es la respuesta a una petición de la defensa de Salmerón, que explican que las prescripciones ocurren por el paso del tiempo y que no se necesita un documento que lo acredite. "Los jueces están obligados a indagar si las reincidencias están prescritas. De igual forma, el Ministerio de Justicia tenía la obligación de comprobar si la reincidencia había ya prescrito, pero a tenor de la decisión y de las manifestaciones de la ministra, está claro que no lo hizo. De lo contrario habría podido ver que las condenas estaban prescritas o eran cancelables", explica Tejado.

"Todas las causas que se podían considerar para un indulto estaban ya prescritas o canceladas cuando el Gobierno se lo denegó. Pero tampoco es cierto que no se pueda conceder un indulto siendo reincidente (aunque no es el caso). El Gobierno del PP le concedió tres con los mismos mimbres e incluso entonces probablemente alguna de las causas no estuvieran prescritas aún. Uno se anuló por falta de motivación, pero los otros dos fueron firmes", recuerdan desde su defensa.

Tanto desde la defensa de Salmerón, como desde distintas organizaciones de la sociedad civil, llevan tiempo advirtiendo que en el caso de Salmerón, ningún juzgado ha tenido en cuenta la violencia de género que ha sufrido. Su defensa también denuncia los distintos retrasos judiciales en este calvario que viven tanto madre como hija, puesto que las decisiones judiciales han tardado en algunos casos cinco, seis o incluso más de siete años en ser firmes, un hecho que ha generado indefensión y que el propio Código Penal explica que es causa atenuante de la condena. Pero en ningún caso esta atenuación fue tenida en cuenta. 

María Salmerón y su equipo legal llevan meses solicitando al Ministerio de Justicia el expediente completo del indulto, para tener conocimiento del contenido de los documentos y saber los motivos por los que se le denegó el mismo. "Aún no sabemos en base a qué Justicia decidió denegar el indulto. No sabemos el contenido del informe negativo enviado por el juzgado que la condenó, ni si hay algún asunto que desconocemos. Mantener el expediente oculto genera indefensión jurídica para María", afirma Tejado. Desde el Ministerio de Justicia responden que no pueden entregar el expediente completo a Salmerón por motivos de protección de datos.

Lo único que han conseguido es que el ministerio que dirige Pilar Llop les entregue una lista de documentos contenidos en el expediente, pero no los documentos en sí. Los abogados de Salmerón presentaron hace unas semanas un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para intentar desbloquear la negativa de Justicia a facilitar los escritos, una causa que ha sido admitida por el Tribunal. 

"Esto me ha destruido. Llevo media vida, 20 años, malviviendo y con secuelas de salud por todo este machaque y con antidepresivos. Este maltrato judicial me ha afectado a la salud", explica María Salmerón a Público.