"La denegación de mi indulto os la han colado en verde en el Consejo de Ministros y la aprobasteis dentro de un paquete con otras 74 negativas de indulto más, porque no sabíais que el mío iba entre ellos. Votaron algo que no sabían que estaban votando. ¿Cómo puede permitir eso un Estado de derecho? Que me lo expliquen, porque es una aberración". Con estas palabras espetó María Salmerón el pasado miércoles a un grupo de diputados y políticos de Unidas Podemos que se personaron en una concentración convocada frente al Congreso de los Diputados en apoyo de esta madre.

Las convocantes exigían una rectificación al Gobierno por haber denegado el indulto a esta madre, así como medidas de reparación para Salmerón, que lleva más de 20 años enredada en un galimatías judicial por incumplir algunas visitas de su hija con su padre entre 2012 y 2014.

El último capítulo de este maltrato institucional es su casi seguro ingreso en prisión para cumplir una pena de nueve meses a la que la condenó el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla en 2019 y que se hará efectiva tras la negativa de indulto por parte del Ejecutivo. Salmerón tiene un requerimiento para personarse en el juzgado el próximo día 18 de mayo.

A lo que se refería Salmerón en su charla con los representantes políticos (entre los que se encontraban Enrique Santiago, Txema Guijarro, Isa Serra y Lilith Verstrynge, entre otros), es a la forma en la que el ministerio que dirige Pilar Llop presentó la denegación de su indulto al Consejo de Ministros el pasado 26 de abril.

Según ha podido saber Público, ministerio que dirige Pilar Llop lo incluyó entre los asuntos que se envían a esta reunión con lo que se denomina "codificación verde", es decir, temas sobre los que hay consenso y que no necesitan debate. Un dato cuanto menos curioso, puesto que el de Salmerón es un caso muy conocido, que ha atraído el interés de los medios de comunicación y de la opinión pública desde hace años y sobre el que la cúpula del Ministerio de Igualdad se había interesado especialmente, posicionándose a favor del indulto. Así lo manifestaron públicamente tanto la ministra Irene Montero, como la delegada del Gobierno contra la violencia de género (Victoria Rosell) y la secretaria de Estado de Igualdad (Ángela Rodríguez) en sus redes sociales y en distintos actos públicos a lo largo de los últimos meses. 

Fuentes conocedoras del caso explicaron a Público que incluirlo de esa forma en el Consejo de Ministros es una práctica poco habitual cuando existen discrepancias en el seno del Gobierno o entre distintos ministerios, como es el caso.

Justicia tampoco advirtió previamente de que el informe de su ministerio sobre el indulto de Salmerón era negativo y que se presentaría en el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril. Diversos medios de comunicación, entre los que se cuenta Público, se han interesado a lo largo del último año y medio (desde que se presentó la petición de indulto para Salmerón en septiembre de 2020) sobre la evolución de este expediente, sobre el sentido de la decisión y sobre el momento en que éste se debatiría en el Consejo de Ministros, sin recibir respuestas. La petición de indulto había sido firmada por más de 300 asociaciones y por 500 personas a título individual.

Silencio del Gobierno

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tampoco se hizo ninguna mención al indulto de Salmerón, como suele ser habitual en los casos en los que la decisión concita un alto interés público. Sin ir más lejos, la concesión del indulto parcial a Juana Rivas se anunció por la portavoz del Gobierno tras la reunión de los ministros. 

Las reacciones a la denegación tardaron unas horas en llegar y sólo se produjeron al día siguiente del Consejo de Ministros, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la negativa del Gobierno a la medida de gracia. El primero de ellos fue El País. 

Un día después de la reunión del Ejecutivo (el 27 pasado de abril), la indignación en el Ministerio de Igualdad se hizo evidente. Irene Montero escribió en su cuenta de Twitter: "Las condenas a María Salmerón no serían posibles hoy con la Ley de Infancia, que suspende las visitas con maltratadores y prohíbe el falso SAP".

El mismo día, la delegada del Gobierno contra la violencia de género tuiteo: "No dejo de pensar en María y Myriam [hija de María Salmerón]. Es un gran triunfo de la #ViolenciaDeGénero que un hombre que la maltrató desde la boda, fue condenado a prisión que no cumplió, y consiguió un régimen de visitas contra la voluntad de su hija, vea a su víctima en prisión por desobediencia". Y añadió que "las condenas por desobediencia -castigo institucional- a madres protectoras que incumplen las visitas con agresores son contrarias a la diligencia debida del Estado".

Por su parte, Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad, afirmó el 27 de abril: "No compartimos la decisión de no indultar a María Salmerón. De haberse juzgado el caso con la ley de infancia aprobada, nada habría sucedido. Un padre maltratador no puede ser un buen padre. Que María entre en la cárcel es un fracaso de las instituciones".

Tanto fuentes del Ministerio de Igualdad como del de Justicia contactadas por Público declinaron manifestarse sobre este asunto, afirmando que no pueden comentar sobre las deliberaciones o no del Consejo de Ministros y se limitaron a las notas emitidas por los ministerios y a las manifestaciones públicas de sus responsables en los últimos días. Desde Justicia se limitaron a la información ya difundida por dicho ministerio y a las declaraciones de la ministra Llop sobre el asunto un día después de aprobarse la denegación de la medida de gracia a Salmerón. El resto del Ejecutivo ha guardado un absoluto silencio sobre este tema.

Tres indultos del Partido Popular

El incumplimiento de algunas visitas de la niña con su padre han motivado una cascada de denuncias por parte de Antonio Ruiz Daza, expareja de Salmerón, que han acabado con condenas de prisión hacia la madre. Tres de ellas fueron anuladas por sendos indultos parciales mientras gobernaba el Partido Popular, con Rajoy como presidente del Gobierno. El último de ellos, concedido en 2016, fue anulado posteriormente por el Tribunal Supremo en marzo de 2018 por "falta de motivación", pero Salmerón no llegó a entrar en prisión porque la condena había ya prescrito.

El cuarto indulto, solicitado por más de 300 organizaciones y 500 personas a título individual, se presentó ante el Ministerio de Justicia en septiembre del 2020, donde permaneció parado durante más de un año sin ser llevado al Consejo de Ministros una vez completado el expediente. Según la normativa, cuando pasa más de un año desde que está completa la documentación, el indulto se considera denegado "por silencio administrativo". El pasado 26 de abril el Gobierno aprobaba su denegación.