Igualdad ve insuficiente la propuesta de Justicia para la ley de trata que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros

Fuentes del Ministerio de Igualdad han advertido este lunes que el anteproyecto de ley de trata que ha propuesto el Ministerio de Justicia y que está previsto que se apruebe este martes en el Consejo de Ministros, es "insuficiente" y que "no responde a lo demandado por los organismos internacionales o el Convenio de Varsovia", uno de los tratados clave en esta materia. Tampoco se ajusta a lo planteado en numerosas ocasiones por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual, explican las mismas fuentes. Desde Igualdad afirman que se está trabajando contrarreloj para mejorarlo.

Para el ministerio que dirige Irene Montero es imprescindible que el texto incluya la posibilidad de que las víctimas de trata y de explotación sexual que sean identificadas y que se encuentren en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y de trabajo, así como a la atención social integral, "sin necesidad de colaboración policial o denuncia, tal como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres". 

Desde Igualdad afirman también que es necesario que el proceso de acreditación a estas víctimas, incluya a las organizaciones que están a pie de calle y con las víctimas como parte del proceso de acreditación y totalmente validadas para ello. Por último, reclaman que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género debe formar parte de las competencias de esta Ley como organismo competente en la lucha contra todas las formas de trata.

A pesar de que Igualdad explica que trabaja contrarreloj para mejorar el texto, la realidad es que estas reclamaciones desde el departamento que dirige Irene Montero no son nuevas y llevan meses de desencuentros, por lo que esta ley puede abrir otro frente de polémica con dos de los pesos pesados del Gobierno: Justicia e Interior. 

En enero pasado Igualdad envió a Justicia una propuesta de ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual. La respuesta llegó desde Justicia nueve meses más tarde, pero no como corrección del texto, sino con un texto nuevo, que abarcaba todas las formas de trata y sin algunos de los aspectos clave que reclamaba Igualdad, como es la regularización de las personas tratadas con fines de explotación sexual o la necesidad de que quién asuma la competencia con estas víctimas no sea Interior, cosa a la que el ministerio de Marlaska se ha opuesto.

En las últimas semanas se han intentado acercar posiciones. Desde Interior ven posible que personal de organizaciones que trabajan con víctimas formen parte. del proceso, pero siempre a petición de las fuerzas de seguridad del Estado y principalmente para labores de asistencia, no para la identificación de las mismas como víctimas de trata. 

El objetivo de Igualdad era tener un texto que aborde las formas de trata que afectan principalmente a mujeres y niñas, como al trata con fines de explotación sexual y la que tiene por finalidad la explotación laboral. Uno de los puntos clave era que la ley pasara de un sistema punitivo a otro con perspectiva de género y que pusiera en el centro los derechos humanos de las víctimas. Para ello, reclamaban algunas competencias que hoy en día tiene asignadas Interior. 

Uno de los problemas principales que quería evitar Igualdad es que las víctimas de trata sean utilizadas en la lucha contra la criminalidad, como ocurre en muchas ocasiones en la actualidad. Que solo reciben protección si denuncian a sus tratantes para que puedan ser detenidos. Muchas de ellas no pueden denunciar por amenazas y por miedo a que esto vaya en contra de la seguridad de sus familias en los países de origen. En muchas ocasiones, las propias mujeres no saben definirse como víctimas de trata.

Desde Igualdad afirman a Público que el texto propuesto por Justicia será aprobado en primera vuelta este martes en el Consejo de Ministros y que desde Igualdad esperan poder modificarlo en segunda vuelta, cuando vuelva al Ejecutivo y antes de enviarlo a las Cortes para su trámite parlamentario.