Crónica de diez asesinatos anunciados por violencia de género (I)

El año 2021 fue en el que menos asesinatos de mujeres se produjeron desde que se recopilan estadísticas (2003). Un total 49 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas ese año. De ellas, diez habían denunciado el maltrato y el miedo con el que vivían y pedido medidas de protección. Sin embargo las denuncias y las medidas que solicitaron, no impidieron que acabaran asesinadas.

A raíz del incremento de asesinatos de mujeres en diciembre del año pasado (11 en un solo mes), las instituciones están analizando los fallos que se producen cuando las mujeres hace público su maltrato y a pesar de ello acaban asesinadas.

El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este miércoles los datos de la violencia de género durante 2021. Aquí relatamos las historias judiciales de María Soledad, Warda Ouchene, Katia Carolina, Nicoleta Claray e Inmaculada Nzang y los posibles agujeros en la gestión del riesgo o la falta de diligencia a la hora de protegerlas.

Ellas son las cinco primeras asesinadas de 2021 que habían denunciado a sus agresores.

María Soledad vivía atemorizada pero su riesgo fue "bajo"

María Soledad Moreno Parra estaba en pleno proceso de separación de su marido, Virgilio, cuando fue asesinada. Con 60 años, llevaba toda la vida trabajando como limpiadora y vivía con terror el acoso y las amenazas que este le dirigía. El 30 de abril de 2021 no pudo más y se dirigió al cuartel de la Guardia Civil de Estivella (Valencia) a poner una denuncia contra él. Allí relató que llevaba más de cuatro años sufriendo coacciones y amenazas por parte de su pareja, pero que no se había atrevido a denunciarlo por miedo a que le pudiera pasar algo.

La denuncia policial recoge que tenía tanto pánico "que desde hace tiempo lo tiene borrado de sitios (móvil, redes sociales, etc.)". Que desde hacía más de cuatro años estaba "viviendo una pesadilla siendo imposible llevar una vida tranquila" y que se sentía "totalmente desprotegida". A pesar de que afirmaba que no le habia puesto la manos encima, estaba convencida de que las amenazas se repetirían, que temía por su vida y que "desde que es consumidor habitual, no sabe cuáles serán sus reacciones y lo que puede llegar a hacerle".

Ese mismo día Virgilio fue detenido y conducido a al cuartel de la Guardia Civil. Sólo un día más tarde, ante el juzgado de primera instancia de Sagunto, María Soledad ratificó la denuncia y pidió una orden de alejamiento. El juzgado dejó al marido en libertad provisional y dictó una orden de alejamiento. Le prohibió vivir en el domicilio familiar y que se acercarse o comunicase con María por ningún medio. Dos días después, el 3 de mayo, tuvo lugar el  juicio oral. En él María amplió su denuncia y comunicó que su pareja le dijo a un amigo que la iba a matar, una afirmación que dicho amigo confirmó en el juzgado.

El 4 de mayo, sólo un día después de haberse celebrado el juicio, la Guardia Civil entregó en mano en el juzgado de primera instancia número 1 de Sagunto, competente en violencia sobre la mujer, la ampliación de diligencia. Por algún motivo este juzgado no recibió los papeles hasta cinco días después, el 9 de mayo. Fue justo el día en que Virgilio acuchilló a maría Soledad en su vivienda, saltándose la orden de alejamiento; acto seguido se suicidó tirándose desde el cuarto piso. La Justicia investiga por qué el juzgado tardó cinco días en tener su expediente. María Soledad había dado un "riesgo bajo" de volver a sufrir una agresión por parte de su pareja en la valoración policial del riesgo (VioGén). Sólo pasaron nueve días desde que puso la primera denuncia hasta que fue asesinada. Ambos eran españoles.

Warda fue estrangulada junto a su hijo de 7 años

El 17 de mayo de 2021 a las cinco de la tarde, varios familiares de Warda Ouchene intentaron acceder a su domicilio al no tener respuesta de ella desde hacía horas. La Policía entró en la vivienda (una planta baja) tras saltar al patio. Allí, en el salón, encontraron su cuerpo sin vida y al lado también el de su hijo de siete años. Ambos habían sido estrangulados. Ella estaba embarazada.

Warda, de origen marroquí, había denunciado a su pareja por primera vez el 26 de noviembre de 2012. En la denuncia, explicaba que desde que se casó un año antes, su marido, Alí Khouch, la maltrataba físicamente y que habitualmente la encerraba en el domicilio cuando él salía. Un día, viendo al volver que ella había preparado las maletas para abandonarlo, la arañó y le dio un fuerte golpe en el pecho. Alí fue detenido en el momento y ella solicitó una orden de alejamiento. La valoración del riesgo policial en VioGén dio como resultado "riesgo no apreciado". Un día más tarde, el 27 de noviembre tuvo lugar un juicio rápido. Mediante una sentencia de conformidad, Alí fue condenado a realizar 44 días en beneficio de la comunidad y a una pena de alejamiento e incomunicación de Warda de 8 meses.

En julio de 2018, ella lo volvió a denunciar ante la Guardia Civil por "malos tratos habituales en el ámbito familiar". En la denuncia afirmaba recibir "todo tipo de insultos, vejaciones y agresiones por parte de su marido y del hermano de éste". Contó que la agredía "con la mano, el puño, la rodilla y que la agarra del pelo" y volvió a pedir una orden de protección. Entonces la valoración policial del riesgo subió de "no apreciado" a "medio". El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirma que no ha podido encontrar o tener acceso al procedimiento que se produjo tras esta agresión, por lo que no está claro qué medidas se tomaron. El 16 de mayo de 2021 Alí asesinó a Warda y al hijo común de siete años, estrangulándolos en el domicilio familiar. Él fue detenido.

Su pareja tiró a Katia por la ventana de su vivienda

Katia Carolina A.B. denunció a su pareja, Rubén C.R, el 21 de diciembre de 2019 por agresión a ella y a su prima. El programa policial VioGén consideró que en este caso existía un "riesgo medio". Un día después tuvo lugar un juicio rápido, pero Rubén no acudió aduciendo que se encontraba internado en la unidad de psiquiatría de un hospital. En enero, el juzgado solicitó hasta en dos ocasiones información al hospital, hasta que el 17 de enero le respondió que nunca estuvo internado, sino que fue atendido un día en urgencias. Entonces el juzgado pidió un informe forense sobre el agresor, que concluyó que "no existe una alteración relevante de su capacidad de conocer y discernir" y adviertía que existía posibilidad de reiteración de nuevas agresiones porque él mismo "se considera incapaz de controlar sus impulsos". En estas circunstancias, continuaba el informe, "existe un grave peligro de nuevos hechos agresivos".

En enero de 2020, Katia acudió al juzgado, donde solicitó retirar la denuncia y que quedaran sin efecto las medidas de protección hacia ella. En ese momento, un nuevo informe de riesgo lo clasifica como "bajo". A pesar de ello, la magistrada del juzgado dictó una sentencia de condena por lesiones y una pena de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad. También acordó la prohibición de acercarse Katia o de comunicar con ella durante dos años. A pesar de tener una orden de alejamiento en vigor, volvió a agredirla en su domicilio y amenazó con un cuchillo a los agentes que acudieron alertado por las llamadas de los vecinos al oír sus gritos. Una nueva valoración elevó el riesgo a "medio".

Un juzgado de violencia sobre la mujer decretó la libertad provisional de Rubén y lo condenó por quebrantamiento de la medida cautelar a seis meses de prisión que finalmente quedó en suspenso a expensas de que no volviera a delinquir.

El 23 de mayo de 2021 la asesinó tirándola por la ventana de su vivienda. Rubén ya había sido condenado a seis meses de prisión en 2014 por violencia de género hacia una pareja anterior. Katia tenía un hijo de 12 años cuando fue asesinada.

Nicoleta fue asesinada con arma blanca

Nicoleta Clara y su marido Álvaro M. de la C. vivían juntos en su casa de Alovera (Guadalajara - Catilla La Mancha), pero estaban en estaban en trámites de separación. En marzo de 2006 lo había denunciado por malos tratos. Entonces, todavía no se realizaban valoraciones del riesgo policial. Un juzgado de Guadalajara decidió adoptar medidas de protección hacia Nicoleta, que obligaban a Álvaro a no acercarse a menos de 500 metros y a no comunicarse con ella. En su comparecencia ante el juzgado, la mujer renunció de su derecho a continuar acciones legales contra su pareja. Entonces un juez dictó auto de sobreseimiento libre y archivó la causa, dejando sin efectos las medidas de protección. En los 15 años siguientes, afirman fuentes judiciales, no se registraron denuncias u otros procedimientos, hasta que el 29 de mayo de 2021 él la asesinó con un arma blanca. Fue él quien llamó a Emergencias tras matarla. Ella tenía 41 años y era de origen rumano. Él, de 54, era español. No había hijos en común.

Inmaculada,  perseguida por su asesino

Inmaculada Nzang acudió al cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) el 7 de agosto de 2020 pidiendo ayuda "muy nerviosa y con signos de haber sido agredida ya que le sangraba una herida a la altura de la frente", tal como refleja el escrito policial. Explicó que su pareja la agredió en la vivienda familiar y que al estar muy violento decidió irse por miedo a nuevas agresiones y que él la persiguió hasta casi la puerta de la dependencia policial.

En la denuncia, afirmó que era la primera vez que él la agredía físicamente. La valoración del riesgo que realizó la la Guardia Civil arrojó un "riesgo medio". Su pareja, de origen senegalés, fue detenido en ese momento. Tras un juicio rápido, el 21 de octubre de ese año se dictó sentencia de conformidad, en la que el agresor fue condenado por malos tratos a 32 días de trabajos en beneficio y a una orden de alejamiento de 500 metros y de comunicación durante un año. Sin embargo, el 6 de junio de 2021 rompió las medidas de alejamiento y la mató golpeándola con una piedra. Amigas de Inmaculada, afirmaron tras el crimen que les había contado que su expareja la seguía por la calle y que lo hizo también el día anterior a su asesinato. Tras una investigación que duró casi un mes, su expareja fue detenido. No hay hijos en común, aunque amigas de la víctima afirman que dejó tres hijos en su país de origen, Guinea Ecuatorial. Estaban en situación administrativa irregular.

Nota: la valoración del riesgo policial, es un programa que recoge todos los casos de violencia de género denunciados. Con él se realiza una valoración del riesgo de que la víctima puede volver a sufrir violencia por parte de su pareja. Estas valoraciones van desde un riesgo "no apreciado", "bajo" "medio", "alto" o "extremo". Cabe destacar que ninguna de estas cinco asesinadas en la primera mitad del año que habían denunciado a sus agresores tuvieron una valoración más alta de "riesgo medio".