Hace más de dos años, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, denunció un "patrón estructural" en la Justicia española que, según sus palabras, "desprotege a niñas y niños y discrimina a las mujeres". Desgraciadamente, sus advertencias no fueron infundadas. Este martes se confirmó que la Fiscalía italiana ha imputado a Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, por presunto maltrato a los hijos que ambos tienen en común. Cabe recordar que Rivas fue condenada en 2017 por la sustracción de los menores y posteriormente recibió un indulto parcial por parte del Gobierno español.

Con el objetivo de avanzar en la erradicación de este tipo de violencias machistas y promover la reparación a las víctimas, se ha celebrado este miércoles la jornada inaugural del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), un evento organizado por la Fundación Aspacia en colaboración con la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), la Colectiva 1600s, la Asociación Hèlia y Almena Cooperativa Feminista. Celebrado en Madrid y al que ha asistido Público, el encuentro ha tenido como eje central el análisis del acceso a la justicia para las mujeres, la violencia institucional machista y las estrategias feministas para enfrentar estas problemáticas.

En la mesa de diálogo han participado Marta Cabezas, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid; Tania Sordo, jurista e investigadora experta en género y derechos humanos; Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia; y Tatiana Retamozo, abogada y activista por los derechos de las mujeres migrantes, representante de AIETI. 

"Los Estados están intrínsecamente ligados a la dominación y la violencia, ya que se atribuyen la autoridad de decidir qué es legítimo y qué no lo es", afirma Marta Cabezas. Según la docente, la violencia institucional se sostiene gracias al silencio que la rodea: "No solo permanece invisible, sino que requiere que no se hable de ella".

"Para comprender cómo el Estado ejerce violencia, basta con observar sus actos: la inacción frente a fenómenos como la DANA, la desfinanciación de la universidad pública o la externalización de servicios esenciales", señala Cabezas. Subraya que el Estado no solo actúa a través de medidas concretas, "sino también desde su dimensión simbólica, utilizando su poder para nombrar, clasificar y definir qué es legítimo y qué no lo es". 

"Es fundamental tener cuidado con el derecho penal y la justicia patriarcal para no caer en el punitivismo populista de las derechas", advierte la investigadora. En su opinión, la clave está en construir una justicia "que no cosifique a las víctimas". Para avanzar en este objetivo, propone cuatro estrategias concretas: primero, luchar contra el silenciamiento mediante la deslegitimación de las narrativas que sostienen la violencia institucional; segundo, acompañar a las víctimas en lo que describen como el "laberinto estatal"; tercero, construir alianzas dentro y fuera del Estado, combinando la movilización en las calles con la incidencia en las instituciones; y por último, apostar por una estrategia de autonomía y disidencia, aprendiendo a operar al margen del Estado cuando sea necesario. "El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas", concluye.

Tania Sordo, jurista e investigadora especializada en género y derechos humanos, subraya "la obligación del Estado de cumplir con el principio de diligencia debida para proteger y reparar de forma integral a las víctimas". En su análisis, señala problemas como el uso de estereotipos de género, una visión limitada y homogénea de lo que significa ser víctima, y ​​la persistencia de sistemas de opresión. "En España, todavía persiste una ausencia de perspectiva de género interseccional en el ámbito judicial", advierte.

Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia, destaca la constante tensión entre proteger el bien jurídico, determinar lo sucedido y atender a los intereses y necesidades de las víctimas. "La observancia judicial surge de la necesidad de pedir cuentas al sistema de justicia", afirma, subrayando la importancia de un sistema judicial que no solo imparta justicia, sino que también se haga responsable de sus fallos y de cómo perjudican a las personas afectadas.

Un canal de denuncia colectiva

Durante la jornada también se ha presentado el OVIM, "una plataforma de la sociedad civil que tiene como objetivo incidir en el ámbito político y social, y supervisar que las instituciones actúen con la debida diligencia para garantizar el derecho a una vida libre de violencias machistas y discriminaciones contra mujeres, niñas, niños y adolescentes". Se ha destacado su canal de denuncia colectiva, que permite documentar, de manera anónima, casos e historias de violencias institucionales machistas. 

Como avance, Marina Oliva, miembro de la Associació Hèlia, y Amanda Alexanian, socia de Almena Cooperativa Feminista, han dado a conocer que, de los 120 casos de violencia institucional denunciados en la plataforma de Barcelona, ​​un 52,9% corresponde a violencia judicial, es decir, 63 de esos casos. De este porcentaje, el 26,5% de las denuncias involucran a juezas o jueces, mientras que el 14,8% se refieren a actuaciones del fiscal.

La "tortura institucional" de Juana Rivas

En relación con la acusación a la expareja de Juana Rivas por presunto maltrato a sus hijos, Isabel Martínez, representante de la plataforma Yo sí te creo, declara a Público que "es fundamental crear una legislación que permita a la Fiscalía intervenir con mayor rapidez y contundencia en casos con indicios claros de violencia, como este".

Martínez afirma que "ante situaciones así, debería ser posible actuar de manera inmediata para proteger a los menores, sin que sea necesario que la defensa solicite formalmente la custodia". Además, subraya: "No podemos permitir que la burocracia ponga en peligro la integridad de los niños".

Berta Sepur, integrante de la red de Madres Protectoras, recuerda a este medio que, al igual que otras madres que han defendido a sus hijos e hijas de la violencia institucional provocada por la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), Rivas sufrió la separación forzada de sus hijos, lo que vulnera los derechos fundamentales de la infancia, tal como lo señalan diversas relatoras de Naciones Unidas y el reciente informe del GREVIO (Consejo de Europa). "Es una verdadera tortura institucional", lamenta.

"Es una violencia sistemática del sistema judicial, que responde a un modelo patriarcal y adultocéntrico. En el caso de los hijos de Juana, se aplicó el Convenio de La Haya sin tener en cuenta la denuncia de violencia de Juana contra Arcuri. El fiscal italiano ha tardado tres años en investigar los malos tratos, y el hijo menor de Juana sigue completamente desprotegido, como tantas otras infancias víctimas de la violencia paterna y de la violencia judicial patriarcal, que colabora y perpetúa estas violencias", explica. 

Sepur concluye afirmando que "tenemos un sistema judicial que falla a las víctimas, las tortura. La infancia víctima de violencia machista y sus madres no encuentran justicia. Exigimos que las instituciones protejan a las infancias víctimas de violencia paterna y que no sigan prolongando su sufrimiento".