Este artículo se publicó hace 3 años.
Vacunas para quien pueda pagar: el debate que enfanga a Perú
No está prohibido que los centros privados importen vacunas, siempre que cuenten con la autorización sanitaria pertinente.
Lima--Actualizado a
Entre miles de muertos, contagios rampantes, una brutal crisis económica y una tensa campaña electoral, Perú se enfanga ahora en un amargo, estéril y falso debate "ideológico" sobre el papel que debe tomar el sector privado en la importación y administración de la vacuna contra el covid-19.
La tesis del debate, que ya había sido lanzado con anterioridad pero que sólo comenzó a tener fuerza esta semana en redes sociales y entre algunos sectores políticos y empresariales, establece que ante el "fracaso" del Estado en procurar las dosis necesarias para vacunar al país, es el sector privado el que debería asumir sin impedimentos la compra y distribución de las vacunas.
Que los privados lo harán mejor y más rápido. Que son las trabas del Estado las que han impedido que Perú tenga vacunas. Que el centralizar en el Estado este servicio es "comunismo" e incluso "genocidio" y que, como postulan algunos, tener dinero es un motivo tan bueno como cualquier otro para decidir quién debe ser vacunado.
En plena campaña electoral, varios candidatos e incluso fuerzas parlamentarias han querido entrar en este tema, muchos para expresar su simpatía por estas nociones y reclamar un papel para "el sector privado" en las vacunas o, al menos, para que este no tenga "impedimentos" en caso de que decida comprar y distribuir vacunas.
Y todo pese a que, según todos los expertos en salud pública consultados o como señalan una retahíla de informaciones publicadas en los medios locales, todas esas cosas son falsas, o imposibles, o ajenas a la realidad o evidentemente perniciosas para el bien común.
A ningún lado
"Básicamente, todo esto no va a ningún lado. Anuncios, propuestas, expresiones de intención... Son todo parte de un falso debate, o al menos de un debate que queda en el marco de lo político, no en el de la salud pública", resumió Fabiola Torres, directora de Salud con Lupa, el principal medio dedicado a temas de salud del país andino.
A su juicio, esta presión para que el Gobierno del presidente Francisco Sagasti "habilite o facilite" a los privados hacerse con el control del suministro y distribución de la vacuna choca directamente con la realidad.
"Todo son falacias. Dicen que los privados agilizarían las compras en un mercado de bienes escasos. Eso es falso por que de momento no se están vendiendo a privados, pues hay escasez, que es el mayor problema. Y segundo, si pudieran comprar, eso haría mayor la pelea por suministros escasos y sólo traerían vacunas para un grupo pequeño de población. Eso no aceleraría nunca el acceso. No tienen argumentos ni de salud pública ni económicos. No entienden ni lo uno ni lo otro", dijo Torres.
Legalmente no está prohibido en Perú que privados importen vacunas y no existe teóricamente impedimento alguno para que lo hagan siempre que cumplan algunos criterios, entre ellos el más básico que es que el producto a importar cuente con la autorización sanitaria pertinente.
¿Por qué Perú?
Pese a que toda esta polémica no tiene "ni pies ni cabeza", en Perú ha tomado fuerza por una conjunción de "intereses creados", "tensión electoral" y el daño devastador causado por el virus, que ha dejado al país "ansioso y desesperado", según indicó Ángela Uyén, médico peruana asesora de políticas en salud.
Desde Bélgica, donde reside y trabaja, la doctora apuntó que este debate sobre la participación privada en la adquisición de vacunas se ha dado tan sólo en países donde hay "una alta presencia del sector privado en salud", como Pakistán, India, Líbano o el propio Perú.
"Ahí hay un interés creado, hay también capacidad instalada, proveedores, grandes importadores... Actores todos privados importantes en el sector", enfatizó.
Pero además, en Perú es evidente que "estamos en periodo electoral" y las vacunas "lamentablemente" se están usando no como elemento de salud pública sino como "herramienta política".
"Se usa solo para polarizar. Estás de un lado o estás de otro, y eso no permite acuerdos. Todo va con adjetivos fuertes, y los políticos 'toman posiciones'. Con eso llevan la discusión de la epidemiología, a lo político. Hablan de comprar vacunas, y no responden a lo que pasa con las UCIS, o el oxígeno", añadió la experta.
Intereses económicos y políticos
Ambas analistas en temas de salud coincidieron en el debate suscitado sólo puede tener un fin político, orientado a debilitar la posición del Estado como proveedor de bienes y servicios básicos en un contexto de altísimo descontento social y una profunda desconfianza hacia el sistema.
"El descrédito del Estado por el escándalo de las vacunaciones irregulares de funcionarios quiso ser aprovechado para decir que el Estado siempre es ineficiente y el privado no lo es, pero la pandemia demostró lo contrario: altas facturas, especulación con precios del oxígeno. La salud no es un sector empresarial filantrópico y generoso", indicó Torres.
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