El difícil camino para poder implantar la primera Carta de Derechos de las Mujeres en la UE

La UE alcanzará la igualdad de género en 60 años, según el Gender Equality Index. En el planeta, esta justicia social llegará dentro de tres siglos, de acuerdo con la última estimación de la ONU. Mientras países como Hungría o Italia, con gobiernos ultranacionalistas, han dado pasos atrás en lo referente a los derechos de las mujeres, el caso más flagrante dentro del bloque comunitario es el de Polonia y la aprobación de una ley que prohíbe de facto el aborto. Por eso, Cracovia ha sido la capital elegida por el grupo de Socialdemócrata del Parlamento Europeo para presentar el que será uno de sus buques insignia de cara a las elecciones europeas de mayo de 2024: la primera Carta Europea sobre los Derechos de las Mujeres.

La iniciativa, que cuenta con 20 artículos y cuatro capítulos, parte de la premisa de que "los derechos de las mujeres y la igualdad son partes indivisibles e indispensables de los derechos humanos y son la base del Estado de Derecho y de democracias resilientes". Por ello, establece una serie de postulados para que todos los países de la Unión Europea cuenten con principios homologados y comunes que protejan a la mitad de la población comunitaria. Desde la conciliación laboral hasta la perspectiva de género en las políticas de asuntos exteriores o migración pasando por frenar la "violencia económica" o proteger la salud sexual y reproductiva.

La UE carece de competencias para legislar sobre asuntos que son de carácter nacional

En la UE del Mercado Interior, frutas, hortalizas o carnes están reguladas y supervisadas con los mismos estándares. Pero en las cuestiones de derechos de las mujeres las diferencias en los 27 Estados miembros son abismales. Una mujer es castigada por abortar en Polonia. En Bélgica, los crímenes machistas son todavía catalogados como delitos domésticos. Y en Letonia ella cobra un 22% menos que su homólogo hombre.

Pero esta es, precisamente, la china en el zapato para que la iniciativa socialista prospere. La UE carece de competencias para legislar sobre asuntos que son de carácter nacional. La formación que lidera la española Iratxe García-Pérez debate ahora el próximo paso. La primera semilla se ha depositado este miércoles en Polonia con la adopción a nivel de grupo. Pero llevarlo al grueso de la Eurocámara será más difícil.

El año pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiendo que la UE modificase su Carta de Derechos Fundamentales para incluir un artículo que recogiese que "toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal". Vox y la mitad del Partido Popular español votaron en contra. Por eso, la delegación socialista reconoce que no será fácil aunar una mayoría parlamentaria. Mientras Verdes, Renovar Europa y La Izquierda la verían con buenos ojos –no sin algunas modificaciones- el Partido Popular Europeo estaría dividido y la ultraderecha se opondría de forma tajante, aseguran según fuentes parlamentarias.

Pero incluso si pasa los filtros de la cámara, la medida tendría una trascendencia simbólica. Porque el Parlamento Europeo puede recomendar, pedir, abogar o denunciar ciertas causas, pero no obligar a los Gobiernos. Otras fuentes reconocen que entraña una problemática desde el punto de vista jurídico. El otro hándicap es que las fuerzas de ultraderecha están cada vez más presentes en las capitales europeas. A Polonia, Hungría e Italia se le ha unido el norte con apoyos o partidos de coalición en Dinamarca, Suecia y Finlandia. En las votaciones plenarias sobre derechos de las mujeres, la extrema derecha siempre ha votado en contra. Y sus eurodiputados han dejado claro posiciones como que el derecho al aborto no es un derecho humano.

En las votaciones plenarias sobre derechos de las mujeres, la extrema derecha siempre ha votado en contra

La expansión de la ultraderecha en terreno europeo llega cuando queda justo un año para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo. Precisamente, es en estos aires de campaña electoral donde los Socialdemócratas harán de la defensa de las mujeres uno de los ejes de su estrategia de cara a las urnas de 2024. Y las posturas no pueden estar más enfrentadas: si todas las fuerzas de extrema derecha se uniesen en torno a un solo grupo político, serían la segunda familia más numerosa del Parlamento Europeo, por delante de los socialdemócratas. Esa es precisamente la ambición de Vox, Fidesz, Hermanos de Italia o el PiS.

El cronómetro es también ajustado para llevar la carta de igualdad al Pleno durante esta legislatura. Quedan pocos meses y muchos dosieres pendientes que cerrar. Además, los próximos comicios europeos dejarán un panorama político y un equilibrio de fuerzas cambiante en las instituciones europeas. Presionada por las fuerzas progresistas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, presentó el año pasado una ley europea contra la violencia machista. Durante este mandato, el Parlamento ha dado luz verde a la Directiva de transparencia salarial y la próxima semana el Pleno votará la ratificación del Convenio de Estambul. Y todo ello podría sufrir un frenón en seco si las fuerzas ultraconservadoras ganan mayoría de bloqueo y top jobs de peso.

Camino angosto por recorrer hacia la igualdad plena

La igualdad de género es uno de los principios fundamentales de la UE. El Artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge que "en todas sus actividades, la Unión debe eliminar todas las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres". Pero la desigualdad es trasversal y está en todas las capas. Las mujeres europeas reciben una compensación salarial de un 14% menor que los hombres por cada hora trabajada. Y ellas reciben tres veces menos pensión. El 31% ha experimentado alguna vez violencia física y/o sexual. El 78% de los menores objeto de trata son niñas. Su representación en los parlamentos nacionales y ministerios es del 30%. Son solo estadísticas que impregnan todas las áreas de la cotidianeidad.

La mayor expresión reciente de ataques a las mujeres se ha consumado en Polonia. El partido ultra Ley y Justicia (PiS), aliado de Vox en la Eurocámara, aprobó en 2020 una ley que prohíbe de facto el aborto. Desde entonces, han aumentado las muertes de mujeres que no han podido acceder a una interrupción del embarazo y el miedo de la sociedad a represalias si las ayuda.

"No es casual que estamos haciendo este acto en un país bajo gobierno de la extrema derecha, que ha decidido atacar los derechos de las mujeres y llevarnos a etapas pasadas. No vamos a permitir que nuestras hijas tengan menos derechos que nuestras madres", ha recriminado Iraxte García Pérez durante la presentación de la iniciativa. "Es desgarrador que en el siglo 21, en el corazón de Europa, las mujeres estén muriendo por leyes y fundamentalistas y barbáricas. Y es inexplicable que sean privadas de derechos que han costado mucho conseguir y que la UE sea incapaz de protegerlas", ha coincidido el eurodiputado polaco Robert Biedrón, presidente de la comisión por los Derechos de las Mujeres en la Eurocámara.