Apenas unos días después del asalto a las instituciones brasileñas por parte de los bolsonaristas radicales, el instituto demoscópico Datafolha ha publicado una encuesta que recoge que el 93% de los brasileños condena el intento de golpe de Estado por los seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. 

El estudio recoge que tan solo un 3% de los entrevistados se posicionó favorablemente a los ataques perpetrados a las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el palacio de Planalto. Un 2% se declaró indiferente y el 1% de los entrevistados se abstuvo de responder. Además, el 82% respondió de manera favorable sobre la actuación de Lula da Silva tras la ofensiva.

El presidente de Brasil decidió retirar la competencia en materia de seguridad pública al gobernador del Distrito Federal de Brasilia (capital del país), Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro. No obstante, el 37% considera que el mandatario tuvo una reacción limitada y que podía haber hecho más. El 39% opina que hizo lo que estuvo a su alcance.

La empresa entrevistó telefónicamente a 1.214 personas mayores de 16 años entre el martes y el miércoles, con un margen de error de la encuesta de tres puntos porcentuales para arriba o para abajo. Datafolha es una empresa de encuestas y estudios de mercado en Brasil, fundada en 1974. Es uno de los principales institutos de investigación de opinión pública en el país y es conocida por su experiencia en la medición de la opinión pública sobre política, economía, sociedad y cultura.

La Fiscalía pide investigar a diputados 'bolsonaristas'

Mientras, la Fiscalía de Brasil ha pedido a la Corte Suprema investigar a tres diputados bolsonaristas por "incitación a los actos antidemocráticos". Los parlamentarios son André Fernandes y la indígena militar Silvia Waiãpi, ambos del Partido Liberal (PL), la misma formación de Bolsonaro, y Clarissa Tércio, del opositor Partido Progresistas. 

Los tres son sospechosos de "incitación a los actos de violencia y vandalismo" a través de "publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones", lo que puede tipificar el delito de "incitación pública al crimen", según la agencia EFE. El Ministerio Público define los actos de estos representantes como un "intento de abolir, con violencia o grave amenaza, el Estado Democrático de Derecho impidiendo o restringiendo el ejercicio de los poderes constitucionales". 

Los bolsonaristas estuvieron acampados en las puertas de los cuarteles del Ejército en varias ciudades desde el 30 de octubre, cuando Lula venció en la segunda vuelta electoral. Alegan fraude en las elecciones y piden una intervención militar para propinar un golpe de Estado. Un ambiente marcado por la decisión de Bolsonaro de no reconocer la victoria del líder de izquierdas y, por el contrario, sembrar dudas sobre la legitimidad de los comicios.