Los responsables de Empleo de los países de la Unión Europea se han reunido este jueves para debatir una directiva que, supuestamente, busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en plataformas digitales, abollados bajo el paraguas de los falsos autónomos. El objetivo era dejar sellada una ley rider europea, común a todos los territorios, pero los 27 Estados miembros no han logrado alcanzar ningún acuerdo. El bloque contrario al proyecto normativo, liderado por España y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha conseguido con su negativa poner freno a un precepto que recortaba derechos y no daba respuesta a las principales problemáticas del sector.

La titular de Trabajo y fundadora de Sumar ha encabezado la oposición a la directiva por considerarla poco "ambiciosa" y en absoluto garantista de las libertades de los trabajadores para plataformas de reparto. A la postura de España se han sumado los votos en contra de otros ocho países: Bélgica, Eslovenia, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Países Bajos, Grecia y Rumanía. También Italia, antes del cambio de Gobierno, había exigido unas pautas más firmes en este sentido.

A su llegada a Bruselas, Yolanda Díaz se ha mostrado partidaria de la directiva inicial, que tomaba como referencia la ley rider española para defender unas condiciones de trabajo dignas en todos los países europeos. A su juicio, la propuesta se ha "devaluado" en los últimos meses, algo de lo que responsabiliza a la actual presidencia checa del Consejo de la Unión Europea. En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta segunda ha pedido no tirar la toalla y seguir luchando por "dar ejemplo" a nivel global.

El proyecto original establecía cinco criterios para determinar si los empleados de plataformas digitales eran realmente trabajadores por cuenta ajena, con el objetivo de acabar con el fraude de los falsos autónomos y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales. "Una persona que transita las calles de nuestras ciudades repartiendo en bicicleta, ya sea en Lisboa, en Roma, en Madrid o en Varsovia y que lo hace a cambio de un salario bajo las órdenes de una empresa es un trabajador", ha matizado la ministra, en una clara referencia a la necesidad de armonizar el reglamento.

Hasta en tres ocasiones han debatido los ministros europeos sus posturas antes de proceder a la votación. El texto final, que ha sido modificado con varias enmiendas a lo largo de la jornada, fue rechazado con los noes de nueve países, entre ellos España. Según ha avanzado Díaz, no cumplía con las expectativas ni contemplaba avances serios para los trabajadores. "Se ha debilitado notablemente respecto a la propuesta inicial y no permite la correcta clasificación de las personas que trabajan en las plataformas digitales", ha lamentado. Como consecuencia, la directiva no ha salido adelante y un acuerdo más respetuoso y aperturista es todavía posible.