La extradición de Julian Assange vuelve a estar en manos de la Justicia británica. El Tribunal Superior de Londres decide este martes si autoriza al fundador de Wikileaks a recurrir de nuevo su caso. De lo contrario, podría activarse su extradición a Estados Unidos, aprobada por el Gobierno de Liz Truss en 2022. Assange lleva casi 14 años en Reino Unido, cinco de ellos en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, aunque no ha sido condenado por ningún delito.

Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, que en dos vistas preliminares en febrero escucharon a todas las partes, decidirán si secundan o revocan el fallo emitido en junio de 2023 por el magistrado Jonathan Swift. Este juez le denegó el permiso de seguir recurriendo y dio por buena la orden de entrega firmada en junio de 2022 por la entonces ministra del Interior Priti Patel. La esposa del periodista e informático australiano, Stella Morris, estará presente en la vista. Además, distintos grupos de activistas y partidarios del fundador de WikiLeaks tienen previsto concentrarse frente a las puertas de las Cortes. 

Washington reclama a Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática —penados, según su defensa, con hasta 175 años de cárcel— por las informaciones publicadas en Wikileaks. El portal expuso entre 2010 y 2011 presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en los conflictos de Irak y Afganistán.

Julian Assange fundó Wikileaks en 2006 con el objetivo de divulgar las injusticias de los gobiernos opresores. En abril de 2010, la grabación de dos militares estadounidenses disparando desde sus helicópteros Apache a un grupo de civiles desarmados en un barrio de Bagdad (Irak) corrió como la pólvora en Internet. El ataque se saldó con 12 personas asesinadas. Las torturas en la prisión de Guantánamo y la política exterior estadounidense también han sido objeto de sus informaciones. 

Los abogados del informático australiano pidieron permiso al Tribunal Superior de Londres para recurrir aspectos del litigio que no apelaron en procesos previos, así como la orden de extradición rubricada por Priti Patel. Si los magistrados aceptan su demanda, arrancará un nuevo juicio de apelación que podría prolongarse en el tiempo. En caso contrario, se activará su entrega a EEUU. 

La acusación de Julian Assange ha reconocido ante el magistrado que la Justicia estadounidense no tiene ningún mecanismo para impedir que el periodista australiano sea condenado a una pena de muerte, tal y como ha avanzado Público en febrero. El delito de traición —uno de los 18 que EEUU le pretende imputar—, contemplado en la ley de Espionaje estadounidense, podría suponer la aplicación de la pena capital. La defensa del informático australiano ha confirmado que pedirá medidas cautelares para detener una eventual extradición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Clair Dobbin, en nombre de la Justicia de EEUU, ha pedido al  Tribunal Superior de Londres que desautorice el recurso y dé luz verde a la entrega del periodista. Washington alega que es legal porque los cargos que se le imputan no son políticos sino "delitos penales basados en pruebas" recogidos en la normativa americana de Espionaje de 2017. Julian Assange se refugió en 2012 como asilado político en la embajada de Ecuador en Londres, de la que fue expulsado en 2019. Hace cinco años que el periodista entró en prisión a petición de Estados Unidos, un movimiento que instigó el proceso actual.