La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina ha anulado este martes la resolución de la jueza María Servini de Cubría que impuso una fianza de más de un millón de euros (1.250.000 pesos) al exministro franquista Rodolfo Martín Villa para levantar su exención de prisión.

En su resolución de una hoja, la sala II del tribunal recomendó a la magistrada que establezca una suma razonable, la cual deberá ser comunicada en las próximas 24 horas.

Durante una audiencia convocada por la Cámara el pasado lunes, el abogado de Martín Villa, Fernando Goldaracena, alegó que la caución impuesta a su cliente era desproporcionada. Al fijar una cifra tan alta, según el defensor, la jueza Servini volvía a denegar de forma encubierta la exención de cárcel que había rechazado conceder en sus dos últimas resoluciones, y que fueron objetadas por la Cámara de Apelaciones.

La magistrada, por ello, se vio obligada a imponer una fianza a Martín Villa después de que el tribunal de segunda instancia considerase injustificada su negativa a levantar la exención de prisión.

Dado que el exministro de la dictadura ha expresado su intención de colaborar con la justicia argentina, la Cámara de Apelaciones también ha sugerido a Servini que obtenga su declaración a través de una videoconferencia, o que bien se traslade a España.

En una entrevista concedida a este diario, la magistrada explicó que intentó viajar a Madrid hasta en tres ocasiones durante 2016 para interrogar a los quince imputados españoles que quedan vivos en su causa, de los veinte originales. De frente, se encontró con que España rechazaba esa posibilidad.

La jueza también afirmó que no puede realizar declaraciones indagatorias a distancia porque lo prohíbe tanto la legislación argentina como el tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica firmado por España y Argentina en 1987.

"Declaración espontánea"

La declaración indagatoria es un acto de defensa y muestra el avance del proceso coercitivo, indicaron a Público fuentes de la Cámara de Apelaciones.

Existe una solución a medio camino, conocida como "declaración espontánea", que permite a un acusado presentarse de manera voluntaria ante la justicia y ser escuchado sin temor a quedar bajo arresto o a que se le imputen cargos en el momento.

De llevarse a cabo ese procedimiento, Martín Villa no declararía bajo juramento, porque no está obligado a decir la verdad al estar denunciado en el expediente.

Para que se lleve a cabo la declaración indagatoria, son necesarios elementos de sospecha de la comisión del delito, sostuvo la Cámara.

Razones esgrimidas

Martín Villa fue imputado en octubre de 2014 por ordenar en 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, la represión de una manifestación de trabajadores en Vitoria en la que fueron asesinados cinco obreros.

En un fallo anterior, el tribunal de apelaciones evaluó que no había elementos suficientes para afirmar que Martín Villa hubiera cometido delitos de lesa humanidad por hechos que ocurrieron durante la transición, así que rechazó la pretensión de la jueza de interrogarlo como imputado.

En varias de sus resoluciones, la magistrada sostiene que el período de investigación de los crímenes del franquismo abarca desde el comienzo de la Guerra Civil, en 1936, hasta 1977.

Aunque no lo descarta, la Cámara de Apelaciones insiste en que faltan datos para dar por cierto que lo sucedido durante la transición sean delitos imprescriptibles.

Sigue vigente, de momento, la orden de captura internacional contra el exministro franquista. Pero una vez se haga efectiva la exención de cárcel en beneficio de Martín Villa, para lo cual debe concretarse el pago de la fianza que dictamine Servini, también debería quedar sin efecto la solicitud de arresto provisorio con fines de extradición que hasta ahora impide que el represor pueda salir de España.