Un juez del Supremo brasileño abre una investigación contra Rousseff y Lula por obstruir a la Justicia

SAO PAULO.- Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ha abierto una investigación a la presidenta del país Dilma Rousseff y al ex gobernante Luiz Inácio Lula da Silva por, supuestamente obstruir una investigación de corrupción, según informó este martes el canal de televisión GloboNews.

Según la cadena, la decisión del juez Teori Zavascki autoriza al fiscal general Rodrigo Janot  a buscar pruebas adicionales de que  la presidenta suspendida dio a su antecesor un cargo con el fin de ayudarlo a evitar un proceso judicial. En junio, el juez Zavascki rechazó la validez de algunas escuchas telefónicas en las que se oía a Rousseff y Lula negociando la designación a este gabinete. 

El canal de noticias, también ha informado de que el juez ha autorizado la apertura de investigaciones independientes a Aloízio Mercadante y José Eduardo Cardozo, dos ex ministros de Rousseff, por acusaciones similares. Sin embargo, no ha sido posible contrastar estas informaciones por la imposibilidad de contactar con el Supremo Tribunal Federal (STF).

Sin embargo Rouseff se ha lanzado a negar las acusaciones y, en un comunicado, el personal de prensa ha negado cualquier intento por obstruir a la justicia, agregando que la investigación permitirá "que la verdad prevalezca". Por su parte, Lula da Silva, en otro comunicado, ha afirmado que "no practicó ningún acto que pueda configurar la obstrucción a la justicia".

De momento, Cardozo y Mercadante, los otros dos implicados, no han hecho declaraciones.

Esta decisión judicial probablemente aumentará la presión sobre la presidenta del país, cuyo partido está también envuelto en un escándalo sobre contratos estatales conocido en Brasil como "Operación Lavado de Autos" y por el que un juez presentó cargos contra Lula por intentar obstruir el trabajo de los investigadores.

Según esta denuncia, Lula y otras cinco personas presuntamente conspiraron en un intento por comprar el silencio de un ex ejecutivo de Petróleo Brasileiro SA, controlada por el Estado, que estuvo involucrado en el escándalo.

Aún así, esta será la primera ocasión en que la presidenta brasileña va a ser investigada por la justicia. Además, se someterá a un juicio político en el Senado el 25 de agosto bajo cargos de manipular las cuentas públicas.