El Gobierno israelí volvió a instaurar anoche el veto a la reunificación familiar palestina tras aprobar una polémica ley que impide que palestinos de Gaza o Cisjordania casados con ciudadanos israelíes puedan obtener permiso de residencia o ciudadanía israelí.

Dos partidos de la coalición gubernamental, el islamista Raam y el izquierdista Meretz, votaron en contra de la legislación, pero esta fue validada con 45 votos a favor y 15 en contra, con apoyo de parte de la oposición en una tensa sesión en el Parlamento israelí.

Su aprobación, que encabezó la ministra del Interior, Ayelet Shaked, consagra en ley una enmienda que se había ido renovando desde 2003 con carácter temporal, pero que expiró en julio, después de que el Ejecutivo no consiguiera renovarla de nuevo.

Shaked celebró su validación, que consideró un triunfo del "Estado judío y democrático" sobre el "Estado de todos sus ciudadanos", y diputados como Mossi Raz de Meretz calificaron la ley de "racista".

Los partidarios de la ley argumentan que esta es necesaria por motivos de seguridad, para evitar que milicianos palestinos hagan uso del matrimonio para acceder y residir a Israel, mientras que sus detractores creen que es discriminatoria y una herramienta para mantener una mayoría demográfica judía.

La ley afecta a decenas de miles de matrimonios entre un palestino con ciudadanía o residencia israelí y otro de Gaza o Cisjordania, dado que el porcentaje de bodas entre árabes y judíos es ínfimo.

Por su parte, la ONG Adalah, Centro Legal por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, condenó anoche la aprobación de la legislación.

"La Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel es una de las más racistas y discriminatorias del mundo y debe ser derogada de inmediato", reclamó la entidad.

La norma también veta la unificación entre ciudadanos o residentes en Israel con cónyuges de Estados "enemigos" como Siria, Líbano, Irak o Irán, destacó Adalah.

Según remarcó, numerosos organismos de derechos humanos de la ONU han instado a Israel "a facilitar la unificación familiar de todos los ciudadanos o residentes", y aseguró que el país vulnera sus propias obligaciones recogidas en tratados internacionales.