La investigación externa encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna para examinar la labor de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) ha concluido que la organización tiene margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, pero ha descartado que las autoridades israelíes hayan presentado pruebas que acrediten los vínculos terroristas atribuidos a varios de sus trabajadores.

Colonna ha liderado una investigación que, con ayuda de varias institutos internacionales, estaba llamada a despejar dudas al margen del examen interno que la propia ONU también lanzó tras la cascada de críticas y retirada de fondos sobre la UNRWA, fundamentadas en origen en una serie de acusaciones contra trabajadores supuestamente vinculados a los atentados de Hamás del 7 de octubre.

Dichas acusaciones se remontan al mes de marzo, cuando, como recuerda el informe, Israel acusó a "un número significativo" de trabajadores de la UNRWA de "ser miembros de organizaciones terroristas". "Sin embargo, Israel no ha proporcionado ninguna prueba que lo respalde", reza el informe, elaborado a partir de reuniones con todas las partes, incluido el Gobierno israelí.

Las acusaciones llevaron a 16 países a suspender o congelar los fondos, lo que privó de golpe a la UNRWA de 450 millones de dólares y puso en duda la continuidad de sus operaciones, tanto en la Franja de Gaza como en otras zonas de la región donde también hay refugiados palestinos.

"Ante la ausencia de una solución política entre Israel y los palestinos", el grupo subraya que la labor de la agencia es "irremplazable e indispensable" en distintos ámbitos sociales, especialmente en educación y atención sanitaria. "Muchos ven a la UNRWA como un salvavidas humanitario", expone.

En su caso, y al contrario de lo que ocurre contras agencias de Naciones Unidas, persisten desafíos específicos que complican la "neutralidad" que se le presupone a una organización así, entre otras cosas porque la mayoría de su personal es local y puede ser incluso receptor de la ayuda que brinda la propia agencia.

La UNRWA ha establecido un marco "robusto" para tratar de detectar cualquier ruptura de esta neutralidad, pero los investigadores creen que hay margen de mejora en cuanto a las opiniones políticas que los empleados expresan públicamente o el "contenido problemático" de algunos libros de texto, entre otros ámbitos.

El informe plantea una mayor vigilancia y procesos disciplinarios más firmes sobre la plantilla, así como que se respete en todo momento el carácter civil de las instalaciones y se omitan sesgos ideológicos en las escuelas de la UNRWA, revisando el contenido del material y prohibiendo cualquier discurso de odio o "referencia antisemita".

Los expertos reclaman, además, una mayor transparencia hacia los donantes y una mejora de la estructura interna de la UNRWA, entre ellas la oficina responsable de revisar cuestiones de carácter ético. Asimismo, llaman a limitar la labor de los sindicatos, puerta de entrada de "facciones políticas" para presionar a los directivos –"la politización de los sindicatos está considerado uno de los problemas de neutralidad más sensibles", señalan–.

Guterres acepta las recomendaciones

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha agradecido la labor de Colonna y su equipo y ha alabado la "investigación esencial" que han llevado a cabo durante estos meses. "Acepta las recomendaciones" recogidas en el informe, lo que da pie a un "plan de acción" que coordinará con el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

Guterres "cuenta con que los donantes, los países de acogida y los trabajadores cooperen plenamente en la puesta en práctica de las recomendaciones", según un comunicado difundido por su portavoz y en el que el máximo responsable de la ONU insiste en la necesidad de apoyar "activamente" la labor de la UNRWA, que sigue siendo "un salvavidas para los refugiados palestinos en la región".