Este artículo se publicó hace 8 años.
Europa comienza puntual la deportación de refugiados a Turquía
Dos ferries, que partieron de la isla de Lesbos con solicitantes de asilo a bordo, han llegado al puerto turco de Dikili. Otra embarcación, procedente de la isla de Quíos, llegará a la localidad turca. El pasado viernes el Parlamento heleno aprobó el protocolo de expulsiones en el marco del polémico acuerdo entre la UE y Turquía.
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MADRID/ ATENAS / LESBOS.- A primera hora del día, cumpliendo a rajatabla los plazos fijados por el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, Grecia ha iniciado el proceso de deportación de inmigrantes y refugiados al otro lado de su frontera con Turquía. Los plazos no se cumplieron nunca, en cambio, cuando se referían a la ayuda económica de la UE al país heleno para gestionar la oleada de refugiados, como tampoco se han cumplido a la hora de cursar solicitudes de asilo de los mismos. Las deportaciones sí están siendo puntuales.
Según las informaciones facilitadas por el diario turco Hürriyet, en torno a las 08.30 horas de este lunes han atracado en la localidad de Dikili los dos primeros ferries, procedentes de la isla de Lesbos, con al menos 136 personas. Además, está previsto que otro ferrie con 66 solicitantes de asilo a bordo, procedente de la isla de Quíos, llegue a Dikili. En su gran mayoría, los deportados son de Pakistán y Bangladesh, y al menos dos refugiados sirios, que habían llegado ilegalmente a Grecia en los últimos días. Fuentes del Gobierno heleno aseguraron a Efe que no están previstas más devoluciones durante la jornada del lunes. "No se prevén devoluciones a diario, solamente cuando haya un número suficiente", apuntó la misma fuente.
Ewa Moncure, la portavoz de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, ha afirmado que la mayoría de los deportados son ciudadanos de Pakistán y Bangladesh. Sin embargo, más tarde, el diario Hürriyet aseguraba que a bordo de los ferries también había al menos dos refugiados sirios que, según fuentes del Gobierno griego, "por razones personales" pidieron volver a Turquía. Policías antidisturbios griegos han embarcado junto a ellos.
Grecia, no obstante, no tramitará aún demandas de asilo por el método rápido, de 15 días máximo, que prevé la nueva ley sobre refugiados aprobada el viernes. En este sentido está previsto que a partir del 7 de abril, según confirmó a Efe una fuente del Gobierno heleno, comience un "programa piloto" con 30 funcionarios, y sus respectivos intérpretes, pertenecientes la oficina europea de asistencia al asilo (EASO), los cuales empezarán a estudiar las peticiones. Aún así, esta cifra de miembros de EASO está muy lejos aún de los 400 que prometió enviar la Unión Europea (UE) para ayudar y complementar a los 200 trabajadores del servicio griego de asilo.
Mientras tanto en los centros de detención de las islas del Egeo oriental, en los que ya acampan más de 6.000 personas, no hay posibilidad de solicitar el asilo oficialmente, aunque según la coordinadora de refugiados helena "la mayor parte" de los detenidos allí han expresado su deseo de hacerlo.
En el campo de detención de Moria, en la isla de Lesbos, se hacinan ya más de 3350 personas y diversas ONG han denunciado las condiciones insalubres en las que tienen que vivir juntos hombres, mujeres y niños.
Las devoluciones se han iniciado después de que el Parlamento griego aprobara el viernes una enmienda para permitir la implementación del acuerdo UE-Turquía, que contempla la devolución de los refugiados e inmigrantes que lleguen a las islas helenas.
El acuerdo, ratificado por 169 de los 300 diputados griegos, pretende acabar con el ingente flujo de refugiados, después de que más de un millón de personas cruzaran Europa a través del mar Egeo el pasado año.
Grecia y Turquía se han visto obligadas a modificar su legislación para que empiece a funcionar el programa de devoluciones, que permitirá retornar a Turquía a todos aquellos inmigrantes que alcanzaron las costas helenas después del 20 de marzo.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y varias organizaciones para la defensa de los Derechos Humanos han denunciado que el acuerdo no posee las garantías legales suficientes.
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