CanadáEl escándalo que ensombrece la leyenda de Justin Trudeau

Son raros los enamoramientos políticos que no acaban en ruptura o, cuando menos, en desengaño. En unos años marcados por el ascenso de líderes autoritarios por medio mundo, la llegada al poder en 2015 del canadiense Justin Trudeau al cargo de primer ministro y sus políticas progresistas en materia de derechos humanos y civiles se percibieron, por contraste, como un oasis de ejemplaridad en un panorama democrático cada vez más desértico. La victoria de Donald Trump en 2016 en su vecino del sur le dio todavía más brillo a una figura que, a ocho meses de las elecciones, enfrenta el momento más oscuro de su presidencia. ¿Se acabó el romance?

A Justin Trudeau se le acusa de haber presionado a quien hasta hace unas semanas fue su ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, que ocupaba igualmente la posición de Fiscal General (una particularidad del sistema canadiense), para evitar que una multinacional de la ingeniería y la construcción con sede en Quebec, SNC-Lavalin, fuera procesada por una investigación abierta en 2015 por presuntos sobornos. En concreto, la empresa habría pagado a funcionarios libios 47,7 millones de dólares canadienses para obtener contratos en el país entre 2001 y 2011, año de la caída de Muamar el Gadafi. Aparentemente, el objetivo del primer ministro canadiense era evitar que la empresa fuera a juicio, por lo que sugirió que llegaran a un acuerdo extrajudicial.

La ministra se resistió a las presiones y en enero de 2019 dejó de dirigir el Ministerio de Justicia. Fue relegada a atender el de Asuntos de Veteranos, un cargo que ocupó apenas semanas, hasta que un periódico canadiense publicó el escándalo, por lo que dimitió el 12 de febrero. En su testimonio ante el Comité de Justicia del Parlamento de Ottawa, Wilson-Raybould denunció que tanto Justin Trudeau como sus ayudantes interfirieron políticamente y profirieron "amenazas veladas" para que aceptara un acuerdo extrajudicial para el caso de SNC-Lavalin. Eso sí, la exministra, que puso como ejemplos de presión reuniones y correos electrónicos de altos funcionarios sobre el caso, reconoció que los esfuerzos de Trudeau y su entorno podían calificarse de "inapropiados", pero nunca de ilegales. De la misma manera, explicó que la dualidad del cargo de ministra de Justicia y de Fiscal General generó una tensión entre la necesaria fidelidad al gabinete presidencial y la obligación de “decir la verdad”.

No es la primera vez que SNC-Lavalin recibe denuncias por corrupción. La investigación de una serie de contratos en Argelia, Camboya y Bangladesh en los años 2000 llevó a que el Banco Mundial penalizara a una de sus filiales con quedar excluida de financiación durante diez años. Igualmente, la empresa fue multada después de más acusaciones de corrupción en Mozambique y Uganda y en Quebec también atravesaba algunos problemas legales. El quid de la cuestión en el caso por el que la exministra Wilson-Raybould recibió presiones es que, si la empresa fuera condenada por fraude y soborno, ésta quedaría inhabilitada para recibir licitaciones federales por hasta 10 años, lo que, en la práctica, hubiera supuesto el cierre de la misma en suelo canadiense y el despido de 3.400 trabajadores en Quebec (9.000 en todo el país).

No sólo Trudeau, también el primer ministro de Quebec, François Legault, que no es del Partido Liberal que lidera Trudeau, abogaba por evitar el juicio para SNC-Lavalin. Según declaró en diciembre a la radio pública canadiense, "no podemos permitirnos perderla", y añadió que una demanda crearía "grandes problemas y grandes riesgos para el trabajo". Una opinión que comparte Louis Hébert, profesor de estrategia de la Universidad HEC, de Montreal, que considera que "debemos permitir que se reinventen", para lo que pone como ejemplo cómo Alemania hizo causa mundial por la multinacional Siemens, después de que salieran a la luz diversos escándalos por sobornos de la empresa germana a gobiernos extranjeros que Siemens resolvió con el pago de multas millonarias. Una solución que solicita la compañía de Quebec, que asegura que las personas involucradas en los sobornos libios ya no trabajan en ella.

El interés de Trudeau en evitar un juicio

Quien pretenda ser primer ministro de Canadá necesita contar con el apoyo de Quebec y Quebec no está contenta con Trudeau, que recientemente cerró el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y México (el antiguo NAFTA), pendiente de aprobar por el Congreso de Estados Unidos, y que en esta región consideran muy perjudicial para sus ganaderos, al dar entrada a productos lácteos estadounidenses que compiten con los de Quebec a menor coste.

A ocho meses de las elecciones, y en el momento más bajo de popularidad de Trudeau, el dirigente no puede permitirse el lujo de que esta región se le vuelva en contra. El argumento del primer ministro es que "los canadienses esperan que su Gobierno busque formas de proteger sus trabajos y el crecimiento de la economía, y eso es lo que estamos haciendo", pero la exministra dejó entrever que la motivación de Trudeau era meramente electoral.

Dimisiones

Como consecuencia, a Trudeau no sólo le ha dimitido Jody Wilson-Raybould, sino que esta misma semana ha renunciado también su ministra del Tesoro, Jane Philpott, que adujo malestar con las presiones a su colega, y con anterioridad su principal consejero y amigo, Gerald Butts.

El actual ministro de Justicia, David Lametti, no ha aclarado todavía si permitirá que SNC-Lavalin llegue a un acuerdo extrajudicial, aunque el gobierno canadiense está trabajando de forma simultánea para reducir sustancialmente el periodo en que resultan no elegibles para contratos con el Gobierno las compañías que violen el Plan de Integridad.

Más allá de la imagen de Trudeau y de sus opciones para ser reelegido a finales de año, Canadá debate sobre una cuestión ética que afecta a las prácticas empresariales de multinacionales como SNC-Lavalin: ¿Se puede competir con compañías de otros países que no tienen estándares éticos como los canadienses? La respuesta de muchos expertos es clara: no contra China.