Los detenidos de Guantánamo recuperan sus derechos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció ayer el derecho de los detenidos en Guantánamo a acudir a las cortes federales para cuestionar su detención y reclamar su puesta en libertad.

La decisión supone un serio revés para el Gobierno del presidente George W. Bush, que creó un limbo legal sin precedentes y contrario al Derecho Internacional Humanitario para los 270 prisioneros –en su día llegaron a ser 800– que siguen encarcelados en la base militar estadounidense situada en Cuba.

Más vale tarde que nunca. “Las leyes y la Constitución están hechas para sobrevivir y mantenerse en vigor incluso en circunstancias excepcionales”, dijo Anthony Kennedy, uno de los jueces que aprobó la decisión. “Los que permanecen bajo custodia no pueden asumir el coste de este retraso”, añadió. La mayoría de los prisioneros lleva más de seis años detenida sin ningún tipo de protección legal.

“Aunque técnicamente Guantánamo no pertenezca a Estados Unidos, está total y completamente controlado por nuestro Gobierno”, dijo Kennedy refiriéndose al “contrato de alquiler” de la instalación militar firmado con Cuba en 1903. Así, explicó el juez, las garantías del hábeas corpus, suspendidas por el Gobierno Bush, y por las que un detenido puede recurrir a su detención, se aplican perfectamente a Guantánamo.

El argumento del Pentágono siempre ha sido que, al no estar la base en territorio estadounidense, los tribunales federales no estaban facultados para examinar las peticiones de “extranjeros enemigos” detenidos en la base.

La decisión se aprobó por cinco votos a favor y cuatro en contra. Antonin Scalia, uno de los miembros más conservadores del Supremo, criticó el resultado en términos muy duros y advirtió de sus “desastrosas consecuencias”.

Tercera censura del Supremo

Es la tercera vez que el Supremo censura la actuación del Gobierno respecto a Guantánamo. Dictámenes anteriores obligaron a Washington a establecer un sistema de revisión de la situación de los detenidos caso por caso.

Todos los que llegan a la base naval comparecen ante juntas militares, denominadas formalmente Tribunales de revisión del estatus de los combatientes, donde los detenidos no tienen derecho a un abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten como pruebas confesiones obtenidas bajo tortura.

Una ley de 2005 da a los detenidos sólo una posibilidad limitada de recurrir las sentencias ante una corte federal en Washington.

El teniente coronel de la Reserva Stephen Abraham, un ex miembro de una de esas juntas, denunció el año pasado en una declaración jurada enviada al Supremo que los procedimientos son “poco más que una validación de las determinaciones previas” hechas por el Pentágono.

La Corte llegó a su última conclusión al examinar el recurso interpuesto por 37 detenidos, entre ellos un grupo de seis argelinos, capturados en Bosnia en 2002. Uno de ellos, que ha dado nombre a la sentencia, Lakhdar Boumedienne, fue apresado poco después del 11-S, acusado de planear un atentado contra la embajada estadounidense en Sarajevo.

La Corte Suprema de Bosnia Herzegovina decidió liberarlo a los tres meses por falta de pruebas, pero la Policía bosnia lo apresó, con los otros sospechosos, y los entregó a las autoridades estadounidenses.

Queda por saber cuál será el impacto real de la medida tomada ayer por el Supremo.

“Acataremos la decisión del tribunal. Eso no significa que esté de acuerdo con ella”, reaccionó Bush desde Roma.

Pero Amnistía Internacional, que acogió positivamente el anuncio, recordó que “en ocasiones anteriores, el Gobierno estadounidense ha conseguido burlar las decisiones del Tribunal sobre sus prácticas de detención”.