Porque siguen vivos, y también sus animales, los pastores palestinos deben continuar sacando a sus ovejas a pastar. Porque de ello depende su subsistencia, lo hacen día tras día, a pesar del genocidio, de las detenciones, de las demoliciones de viviendas y de las amenazas de los colonos. Lo hacen bajo el escrutinio de los militares israelíes que, apostados en las casetas de vigilancia de cualquiera de los más de 300 asentamientos colonos levantados en las tierras palestinas de Cisjordania, vigilan cada uno de sus movimientos. Tres de estos asentamientos, de unos 13 kilómetros cuadrados, fueron aprobados a inicios de este mes de junio, la mayor apropiación en más de 30 años, según informó la ONG israelí Peace Now.

La mera presencia de militares y colonos sionistas es una advertencia para los pastores y agricultores que caminan legítimamente por esas tierras. Saben que en cualquier momento estos pueden recorrer los escasos metros que los separan y amenazarlos, intimidarlos e, incluso, detenerlos. Por eso, desde hace años, activistas internacionales acompañan a civiles palestinos a realizar sus labores. El pasado 27 de junio, la catalana Ariadna Masmitjà, a quien todo el mundo conoce como Masmi, escoltó como observadora de derechos humanos a un grupo de pastores palestinos mientras sacaban a pastar a sus ovejas al sur de la ciudad de Hebrón, en el suroeste de Cisjordania. "Cuando estábamos por terminar, vimos que los soldados de la caseta de vigilancia de un asentamiento próximo, comenzaron a caminar hacia nosotras", relata la activista a Público. Según explica, los militares los habían estado observando desde que llegaron, pero que no fue hasta dos horas después que decidieron acercarse.

Tras identificar a los pastores, fue el turno de Masmi y otra observadora alemana que iba junto a ellos. Tras requisar sus pasaportes, ambas fueron detenidas y trasladadas a una base militar cercana y más tarde a una comisaría de policía donde teóricamente les tomarían declaración. La activista catalana asegura que en ningún momento de este proceso los militares las identificaron: "Estás delante de gente que no sabes ni quién es, lo mismo son colonos que están ahí y te cogen el pasaporte. No tienes ninguna seguridad de que estás hablando con alguien que vaya a respetar ninguna ley".

Aquella noche no les tomaron declaración con el argumento de que no existían intérpretes que pudieran llevar a cabo una traducción neutral. A pesar de solicitarlo, tampoco los hubo cuando, días después, declararon en Jerusalén. Supieron entonces que la intención de la Justicia israelí era prohibirles la entrada en toda Cisjordania durante 15 días. Se las acusó de "impedir el trabajo del ejército", detalla Masmi. Finalmente las dejaron ir bajo el compromiso de no volver al suroeste de Cisjordania, acuerdo que debía avalar con su firma una persona con nacionalidad israelí. Además, la policía ha retenido sus pasaportes y sólo podrán recogerlo el día antes de que abandonen el país. La detención y la prohibición de viajar a Hebrón y otras regiones del suroeste de Cisjordania tienen para Masmi un objetivo muy claro: "impedir que las personas que documentan las vulneraciones de derechos humanos puedan hacerlo".

Escombros y represión

En las últimas semanas, la escalada de tensión en Cisjordania está alcanzando altas cotas de destrucción, especialmente en Yenín, en el norte, Ramala, cerca de Jerusalén, y Hebrón, al suroeste de la región, donde se encontraba la activista catalana. Según relata Masmi, días antes de su detención se multiplicaron las agresiones a palestinos y observadores internacionales, los secuestros y asesinatos, así como la quemas de olivos, que tanto significan para los palestinos en términos simbólicos y de subsistencia. El mismo día que salió a acompañar a los pastores, "ya habían demolido siete edificios".

La destrucción de viviendas e infraestructuras de árabes es una práctica que forma parte del catálogo de abusos y represión que ejercen las fuerzas de seguridad de Israel contra el pueblo palestino en su propio territorio. Familias enteras se quedan sin alternativa habitacional de la noche a la mañana en un contexto de creciente violencia y desabastecimiento. A menudo, estas demoliciones son el resultado del castigo colectivo a una familia por la detención de uno de sus miembros, independiente de que pese o no sobre él una acusación formal.

Y es que existe una enorme arbitrariedad en las detenciones de palestinos, en parte debido a las llamadas "detenciones administrativas". Bajo esta figura, Israel puede detener y encerrar en prisión indefinidamente a una persona por el mero hecho de ser sospechosa de haber cometido algún tipo de delito o de que vaya a cometerlo, a pesar de que no exista una acusación formal, pruebas o cargos. Este tipo de detención también se puede llevar a cabo contra niños y niñas, como ha denunciado en innumerables ocasiones Amnistía Internacional. En este contexto, hay que tener en cuenta que arrojar piedras contra militares o colonos puede ser considerado por Israel un delito merecedor de un castigo a la altura de una detención.

Para una cooperante vasca entrevistada por este periódico, que ha vivido durante años en Cisjordania y Franja de Gaza, y que prefiere no dar su identidad por miedo a las represalias que Israel pueda tomar contra las organizaciones con las que trabaja, el mero hecho de nombrar a los detenidos como tales, produce un sesgo que deshumaniza a la población palestina. "Cuando se plantea un intercambio entre rehenes israelíes y presos palestinos, en el imaginario colectivo estos son delincuentes", abunda. Es decir, pensamos que son presos porque han cometido algún delito. Pero no siempre es así. "Son detenidos, sí, pero sin acusación, procedimiento judicial, sin una defensa, ni sin que nadie sepa dónde están", evidencia la cooperante. "Eso no son presos, son rehenes, son secuestrados".

Prácticamente la mitad –un 42%– de los palestinos que, según los datos del Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en Territorios Ocupados (B'Tselem), se encontraban en prisiones israelíes a fecha de marzo de 2024, habían sido arrestados bajo la figura de la detención administrativa. En aquel momento, el total de palestinos que se encontraban en la cárcel rondaba las 8.611 personas. Hoy esa cifra superaría los 9.300 palestinos, según estimaciones de la Sociedad Prisioneros Palestinos citadas por The New Arab. De ellos, alrededor de 250 serían niños, algunos de los cuales llevan años en prisión.

Algunos de ellos no tendrán un hogar al que retornar cuando salgan de prisión, pues Israel puede demoler sus casas como castigo colectivo o medida de presión. Ni el número de personas, ni la minoría de edad o vulnerabilidad de personas enfermas o ancianas que en ella vivan detiene a las autoridades israelíes de llevar a cabo este cometido. Por ello, esta medida ha sido frontalmente criticada en multitud de ocasiones por la ONU. Pero nada detiene a las fuerzas sionistas. En los últimos 15 años, al menos 161 demoliciones de hogares palestinos se debieron a una orden punitiva.

Deshabitar tu propia tierra

Entre 2009 y 2024, Israel demolió completa o parcialmente 11.000 infraestructuras palestinas en Cisjordania y Jerusalén Este. De todo este periodo, 2023 fue en el que más casos de demoliciones se registraron, especialmente el noviembre siguiente a los atentados perpetrados por Hamás, en el que 1.200 personas fueron asesinados y alrededor de 240 secuestradas. En total, el año pasado se recogieron 1.177 demoliciones, según los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA).

El grueso de estas demoliciones se justifican en la falta de permisos de sus dueños para construir. Sin embargo, lograr la documentación necesaria para construir es prácticamente imposible para los palestinos. Ello a pesar de que estas construcciones se encuentren en lo que la comunidad internacional reconoce como su territorio. Así lo ha recogido en numerosas ocasiones el B'Tselem. Por establecer una comparación, en 2021 Peace Now registró tan solo 10 permisos de construcción para palestinos en Cisjordania, mientras que en los asentamientos israelíes rondaron los 2.000. Es decir, se concedió un permiso de construcción a palestinos por cada 200 a israelíes.

Para las autoridades sionistas, resulta irrelevante si se trata de instalaciones de servicios básicos, como una escuela o un centro médico, o si su financiación había salido de las partidas de cooperación para el desarrollo de la UE, como ha ocurrido con más de 1.700 infraestructuras demolidas desde 2009.

Por ello, activistas palestinos, israelíes e internacionales ponen el cuerpo para evitar que se produzcan estos atropellos. Pero no siempre consiguen detener el avance de las máquinas. En 2003, una de estas excavadoras pasó por encima de Rachel Corrie, una activista estadounidense del del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), de 23 años, que había viajado a Gaza para mostrar su apoyo al pueblo palestino. Corrie se interpuso entre la máquina y la casa de un farmacéutico palestino y su familia para evitar que fuera demolida. El conductor no frenó ante la presencia de Corrie y la excavadora terminó aplastando a la joven.

Detenidos, presos, ¿humanos?

Varios elementos evidenciaban que él y ella no tenían el mismo estatus. Él tenía los brazos "bien apretados" tras la espalda con una brida, ella no. A él, una venda le tapaba los ojos. A ella no. Él era palestino. Ella portaba un pasaporte granate del Estado español. "Para mí, esta diferencia de trato y el abuso de poder fue lo más heavy de todo el proceso", ahonda Masmi.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) redoblan esfuerzos por contrarrestar las muchas imágenes que circulan en la red sobre los abusos cometidos por los militares. Masmi cree que es esta la razón por la que documentaron toda la interacción con ellas durante la detención. Según explica, cuando llegaron a la comisaría les dieron agua, comida, y les dejaron acudir al baño. "Nos grabaron todo el tiempo y nos decían os estamos tratando bien ¿verdad?". Pero para ella, que había visto cómo trataban al hombre palestino, aquello era "una forma artificial de tratarnos bien".

Este agravio comparativo es aún más evidente si se observa la diferencia con la que se abordan narrativamente las detenciones de palestinos, de los que se presupone que han cometido algún delito, aún cuando se trata de detenciones administrativas o preventivas, sin pruebas, acusación ni defensa. "De los rehenes israelíes sabemos sus nombres, apellidos, historias de vida y de sus familias, vemos cómo abrazan a sus madres cuando por fin vuelven a casa", subraya en conversaciones con Público una cooperante vasca que residió en Palestina. En cambio, "de los detenidos palestinos no sabemos nada. Ni quienes son, ni qué historias de vida tienen, ni cómo los echan de menos sus familiares. No vemos nada, son masa, no son humanos". Ello impide ver, por ejemplo, que una parte importante de los presos liberados por Israel en sus escasos intercambios de rehenes con Hamás, eran mujeres y niños.

De telón de fondo quedan las investigaciones de por genocidio abiertas contra Israel y altos cargos de su Gobierno en la Corte Penal Internacional y en la Corte Intencionalidad de Justicia. Incluso algunos miembros de las propias fuerzas armadas han denunciado los abusos llevados a cabo por el ejército, si bien estas críticas son residuales. Hace 20 años, en el contexto de la Segunda Intifada, una organización llamada Breaking the Silence recopiló más de 100 testimonios de soldados y oficiales israelíes en los que contaban los atropellos cometidos por el ejército contra civiles palestinos. Ello incluía asesinato de niños, detenciones y demoliciones de viviendas.

Ahora, el ala más dura del Gobierno del ultraderechista Benjamín Netanyahu propone ir más allá. El pasado 30 de junio, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir (Otsmá Yehudit) , dijo que "los prisioneros palestinos deben ser asesinados de un tiro en la cabeza" y no recibir comida. En el mismo vídeo, prometió aprobar una ley de ejecución de presos palestinos.