La Fiscalía Anticorrupción ha concluido una investigación de casi una década sobre la venta de armamento por parte de España a Arabia Saudí. Durante 25 años la empresa española Defex estuvo pagando sobornos y comisiones encubiertas a funcionarios de 1991 a 2016.

Según el fiscal, Carlos Sáiz, las investigaciones han acreditado que pagaron sobornos a funcionarios saudíes en al menos 11 contratos. La red ya tiene algunos nombres propios entre los que se encuentra el que fue agregado militar en la Embajada de Arabia Saudí en España entre 2005 y 2014, Al Shamuary.

La empresa pública fue disuelta por el último Gobierno de Rajoy, una vez visto que no podría sobrevivir al escándalo de los sobornos. El escrito, remitido este miércoles por la Fiscalía, da cuenta de diversas prácticas corruptas en las transacciones comerciales desde 2005 hasta 2014, pero también se remonta a 1991, ha adelantado el diario El Mundo.

Laberinto de comisiones y empresas fantasma 

Defex no realizaba esos pagos para conseguir contratos mediante la liquidación de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de Arabia Saudí.  

El funcionamiento de la red, según la Fiscalía, se basaba en el pago de comisiones en nombre de empresas privadas. De esta forma, la estructura corrupta estaba institucionalizada y Defex siempre se llevaba un parte del negocio de exportación de armas.

Las empresas IKE y Nytel Global estaban detrás de estos 11 contratos. Esta última  se conoció cuando se descubrió que los directivos de Defex habían tratado de usurpar al Gobierno de Zapatero un pedido de 2.400 millones de euros. 

Agentes de la UCO descubrieron un laberinto de empresas pantalla repartidas por diversos paraísos fiscales: Suiza, Liechtenstein, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Isla de Man, Islas Caimán, Delaware y la propia Arabia Saudí, a los que llegaron a desviar 100 millones de euros. 

La Fiscalía pide condenas de 29 años de prisión

La Fiscalía pide penas de entre 20 y 29 años de cárcel a ocho acusados vinculados a la empresa pública Defex, entre ellos el expresidente José Ignacio Encinas, por presuntas irregularidades en 11 contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí entre 2005 y 2014 por más de 48 millones de euros.

A los ocho -Manuel Iglesias-Sarria, Ángel María Larumbe, José Ignacio Encinas, Fernando Aguilar, Álvaro Cervera, Verónica Luisa Blanco-Traba, Charles Ques Blandigneres y Paula Alexandra de Oliveira-, la Fiscalía les acusa de delitos de organización criminal, corrupción en las transacciones internacionales, malversación de caudales públicos, falsedad documental y, en algunos casos, también de blanqueo.

En su escrito de calificación, Saiz pide además una multa de 45 millones de euros para la empresa Defex y de 29 millones para los ocho acusados, cifra a la que deberán sumar otras multas millonarias los cuatro acusados a los que también acusa de blanqueo.

Pese al cierre de la pieza de Arabia Saudí, esta investigación continuará para averiguar los mecanismos que permitieron desviar tales cantidades de dinero durante más de 20 años.

Contratos con Angola Egipto, Brasil y Camerún

Además, se han investigado contratos en Angola, Egipto y Camerún. Casos en los que la Fiscalía llegó a sentar en el banquillo al exdirector comercial de la empresa, Manuel Iglesias, y otras personas jurídicas por supuestos delitos de corrupción, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

En la  acusación de la pieza de Angola, el juez ya procesó en julio de 2018 a 27 personas por el presunto desvío de decenas de millones de euros en comisiones ilícitas de contratos con el gobierno del país africano obtenidos por DEFEX en junio entre 2008 y 2011.