El Gobierno marroquí sigue sin respetar las reglas mínimas para la protección de los prisioneros y los Convenios de Ginebra para la protección de civiles, incluidos los presos políticos, según el informe periódico sobre la situación de los presos civiles del Sáhara occidental elaborado por la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las cárceles marroquíes (LPPS).

El estudio asegura que los reclusos siguen siendo sometidos a torturas y obligados a firmar informes policiales bajo presión y coacciones,
después de padecer "juicios simulados" que derivan en duras sentencias.

La LPPS asegura que el Gobierno de Marruecos "persiste con determinación en practicar diversas formas de venganza y
discriminación contra ellos".

La Liga expone varios ejemplos con casos de los que tuvo constancia a traves de los familiares de los presos durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de agosto de 2023.

"Maltrato cruel"

Así, cita a Mohamed Lamine Hadi, del grupo Gdeim Izik, quien estaría en un estado de salud crítico tras sufrir "varias formas de maltrato cruel sin haber recibido el tratamiento médico necesario" pese estar gravemente enfermo; o el de Brahim Ismaili, Sidi Ahmed, Lamjayed y Mohamed Bani, Abdallahi Lakhfaouni, Ahmed Sbai y otros reclusos, que estarían padeciendo también un maltrato similar.

Los familiares de los presos denuncian que las celdas y zonas en las que están recluidos no cumplen con las condiciones y estándares sanitarios mínimos, y que están expuestas a la luz solar intensa, a la falta de ventilación y al olor de aguas residuales. Muchos de ellos han iniciado huelgas de hambre.

Frente a esas denuncias, la administración penitenciaria también se niega a responder a las peticiones de los presos civiles saharauis que, por motivos de salud, reclaman un cambio de celda, a pesar de que han constatado la existencia de otras en mejores condiciones.

Además de las condiciones de las torturas y los tratos degradantes, la LPPS advierte de los obstáculos que pone el Gobierno para que los reclusos puedan ser visitados por sus parientes y por representantes de las organizaciones humanitarias.