Viviana Uribe es sobreviviente de tortura y hermana de Bárbara Uribe, detenida desaparecida poco después del 11 de septiembre de 1973. Pese a que con el tiempo lo ha ido aceptando, sigue sin sentirse cómoda con la etiqueta de víctima y prefiere presentarse como defensora de los derechos humanos.

Aprendió a serlo durante su exilio en México, destino al que fue expulsada tras ser torturada y encarcelada durante siete meses. La llegada al país que la acogió ocho años quedó registrada a través de una foto en la que aparece bajando del avión, "puño en alto" –remarca– al lado de Laura Allende.

"Aprendimos a ser defensoras sin quererlo ni sin estar preparadas para serlo, compartiendo exilio con víctimas de la dictadura chilena, pero también de la argentina o la uruguaya. A partir de entonces, nuestra acción de vida giró en torno a la denuncia, así como a buscar alianzas con otros movimientos del mundo".

Uribe creció con los poemas de Gabriela Mistral, en una familia de cuatro hermanas rebeldes y comprometidas con la justicia social que, a principios de los años setenta, entraron a formar parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Tras el golpe, los primeros miembros de la familia en ser detenidos fueron su hermana y la pareja de esta, Edwin Van Yurick. Dos meses más tarde, el 13 de septiembre de 1974, ella misma fue detenida por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) junto a su hermana Mónica y su tío, y trasladados al centro de tortura Londres 38.

"Jamás en mi vida había recibido ni un grito y, de repente, todo se convierte en un espacio de violencia grotesca, de privación del sueño, de hambre, de invasión psicológica y física de tu cuerpo. Todo para reducirnos a la nada".

Londres 38 fue un centro de detención y tortura situado a poco más de medio kilómetro del Palacio de La Moneda, transferido gratuitamente en 1978 al Instituto O'Higginiano (organismo estrechamente vinculado al Ejército) y recuperado en 2007 por el Estado como espacio de memoria.

Las baldosas negras y blancas que los detenidos atisbaban por debajo de las vendas y el ruido de las campanas de la colindante Iglesia de San Francisco, fueron algunos elementos que permitieron a los sobrevivientes localizar el lugar exacto donde eran trasladados y camuflados en camiones de la empresa Pesquera Arauco.

"Entre los torturadores se establecía un vínculo íntimo de lealtad que aseguraba guardar silencio para siempre. No eran personas de la tropa. Eran tenientes y capitanes. Generaban un ambiente de violencia y mientras más dolor infligían, más se consolidaba su personalidad psicopática. ¿Cómo es posible que después de torturar volvieran a sus casas, besaran a sus hijos, se lavaran las manos y siguieran viviendo?".

Uno de los torturadores con los que coincidió Uribe en Londres 38 era un conocido de su familia, Osvaldo Romo Mena, apodado Guatón Romo, detenido en 1992 en Brasil. Uribe todavía tuerce el gesto cuando recuerda la perversión del torturador, que al día siguiente de reconocerla le trajo una empanada preparada por su mujer.

"Que a un perpetrador lo condenen a 20 años de cárcel sin que haya dicho nada me indigna mucho más que si está en libertad y ha entregado algún tipo de información".

Desde su regreso clandestino en el año 1983, Uribe se volcó activamente en la búsqueda de respuestas para encontrar a sus familiares desaparecidos, careando a los responsables de aquellos crímenes. Y lo hizo de la mano de Erika Hennings, también sobreviviente de tortura y esposa de Alfonso Chanfreau, detenido desaparecido.

Actualmente, Hennings es la directora de Londres 38 Espacio de Memorias, mismo centro en el que, con 23 años y una hija de 14 meses, fue detenida el 31 de julio de 1974 y torturada debido a su militancia en las Juventudes Comunistas, primero, y en el MIR más tarde.

Su detención se produjo un día después de la de Chanfreau: "Me llevaron por la mañana como una forma de presión para que Alfonso hablara. Me utilizaron como un instrumento más de tortura". "A él lo sacaron primero", cuenta Hennings.

"Entonces, había tres opciones. Te podían dejar libre, tirado en cualquier parte de Santiago. Te podían trasladar a otro campo público en el que los familiares podían pedir información o, como en el caso de Alfonso, llevarte a un destino desconocido. Es decir, a la desaparición". En Londres 38, 98 personas fueron desaparecidas, ejecutadas o murieron a consecuencia de las torturas.

A principios de los noventa, Hennings encontró al miembro de la DINA que se lo llevó, pero nunca encontró los restos de Chanfreau. "Frente a esas personas que siguen convencidas ideológicamente que lo que hicieron fue lo correcto y no tienen la humanidad de ponerse en la piel de las madres, padres, hijos e hijas, nunca ha habido una demanda de perdón".

Un pacto de silencio que no permite la reparación

El trabajo de búsqueda de la verdad y la justicia por los crímenes cometidos durante el golpe de Estado y la dictadura cívico militar ha sido una tarea incansable de las personas sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, que a 50 años siguen llenando el vacío de una tarea que correspondía –y corresponde– al Estado.

Uribe y Hennings se conocieron en el centro de detención Tres Álamos y, tras su regreso del exilio en México y Francia respectivamente, se unieron para recabar información sobre sus familiares desaparecidos.

"Durante la dictadura, las Fuerzas Armadas levantaron los restos para exhumarlos, por lo que pudiera parecer que nuestro destino es encontrar restos pequeños", cuenta Uribe.

"A muchos no los vamos a encontrar, pero necesitamos saber la verdad. Los familiares tenemos demandas precisas, urgentes, necesarias y ojalá sepamos algo antes de morir. En todo caso, es el Estado el que debe tener como principio básico y ético que aquellos temas que marcaron el punto de inflexión más grave en la historia reciente de este país sean trabajados como aprendizajes que permitan reforzar la democracia".

De las exhumaciones de los cuerpos por parte de la dictadura también habla Cath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales.

"En 1978, cuando se introdujo la Ley de Amnistía, se hicieron una serie de cambios internos en la dictadura para ocultar y seguir negando los crímenes. Entre ellos, se ordenó retirar los restos enterrados clandestinamente para hacerlos desaparecer, en lo que se conoció como la Operación Retiro de Televisores. Esto ha hecho que sea muy complicado esclarecer dónde está la persona, porque tampoco hasta ahora había una instancia que se dedicara exclusivamente a ello".

Por primera vez en 50 años, un Gobierno ha presentado un Plan Nacional de Búsqueda, que tiene por objetivo trazar la ruta de la desaparición, esclarecer la verdad de lo ocurrido y garantizar la no repetición. Según el relato oficial, 1.469 personas fueron desaparecidas entre 1973 y 1990 (1.092 detenidas desaparecidas y 377 ejecutadas sin entrega de cuerpos). Hasta la actualidad, solamente 307 han sido ubicadas y/o sus restos entregados a sus familiares.

"A 50 años, las Fuerzas Armadas y la Policía no han roto su pacto de silencio. A 50 años no han entregado la información ni por razones humanitarias, ni pensando en las familias y la tortura psicológica permanente de no saber dónde están".

Alicia Lira es presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Para ella, unirse a la organización fue una manera de protegerse, "para que el terror, el miedo y el dolor de la tragedia y la pérdida no fueran tan atroces".

Militante de las Juventudes Comunistas y parte de la resistencia contra la dictadura, junto a su hermano Diego y su esposo Felipe, Lira se integró en la agrupación en 1986, año en el que detienen a su hermano y asesinan a su marido. El hermano, que logró escapar de la cárcel en el 90, murió en 2003 a consecuencia de las torturas, "con una pensión miserable y una reparación vergonzosa".

Como Lira, son miles las sobrevivientes y familiares que han visto en la colectividad una manera de luchar contra la impunidad, que después de tantos años se convierte en una impunidad biológica, pues los perpetradores mueren o, como en el caso reciente del militar que asesinó a Víctor Jara, se suicidan.

Justicia y memoria histórica

En un contexto cada vez más polarizado y de aumento de la disputa por el relato sobre los crímenes de la dictadura, el fallo de la Corte en marzo de este año sobre la retirada de la estatua en Valparaíso de José Toribio Merino, uno de los mayores responsables del golpe de Estado, resulta un acto de justicia histórica.

"Este tipo de homenajes son verdaderos dispositivos de control, porque van reconfigurando la mentalidad de las nuevas generaciones de marinos, soldados y policías que todavía consideran lo que hicieron sus antecesores fue legítimo y honorable", agrega Luis Mariano Rendón, abogado defensor de los derechos humanos que interpuso el recurso para retirar la figura de Merino.

Ex preso político y actual presidente de la Fundación Memoria Histórica, Rendón defiende que el trabajo de memoria acorta esa deuda con quienes pagaron con su vida.

"Si yo hubiera caído, me habría gustado que los que cometieron esos crímenes no fueran homenajeados. Pinochet murió impune, Mendoza murió impune. Con Manuel Contreras hubo un paso relevante al ser condenado, pero otros de los responsables quedaron impunes. Que no hayan podido ser juzgados es precisamente por las deficiencias de la justicia que durante la dictadura ofreció un manto de impunidad a los perpetradores".

Por su parte, Hennings defiende que la memoria sea una herramienta que permita la acción y que esté permanentemente en movimiento interactuando con las luchas del presente.

"Chile es un país en ebullición con protestas que se potenciaron durante la revuelta social. Estas fueron rápidamente apagadas con un proceso constituyente que fue un fracaso por la oposición de la derecha, que no quería una reforma de la Constitución. El proceso actual no prende porque no le hace sentido al pueblo".

Para Rendón, la esperanza es que las nuevas generaciones asuman el trabajo de la memoria. "Es importante que las segundas y terceras generaciones luchen hasta lograr justicia y restablecer un consenso en Chile sobre el respeto a los derechos humanos como piedra angular de la construcción de Estado de nuestro país".

Nietos de la memoria

Juan René Maureira recuerda cuando su abuela lo llevaba a los funerales de personas a las que, como su abuelo René Maureira Gajardo, habían detenido y desaparecido en Paine, comuna al sur de Santiago. Un caso en el que personas civiles no solo facilitaron nombres e infraestructuras a la DINA, sino que también participaron directamente en las matanzas.

 "Mi abuelo tenía un pequeño supermercado en la comunidad y en el momento previo al golpe, cuando comenzó la operación de desabastecimiento, en lugar de sumarse a la oposición, prefirió estar del lado de la junta de abastecimiento de la Unidad Popular. Esa fue su sentencia".

Gracias al trabajo de familiares como su abuela, que primeramente buscaron a los conscriptos vinculados al secuestro y desaparición de 70 personas, se logró ubicar el lugar donde habían sido enterrados y exhumados posteriormente. De su abuelo, solo encontraron sus lentes y unos pedazos de tela. "Ni siquiera parte de sus huesos".

 Hoy, ese lugar es un memorial, un espacio para rendir homenaje y alivianar el duelo suspendido. Pero también un ejemplo del trabajo de la búsqueda de respuestas por parte de las agrupaciones, lo que animó a Maureira a especializarse en historia y derechos humanos, precisamente para continuar esa búsqueda.

"Los familiares y sobrevivientes han volcado el dolor y el daño que provocó la represión en la lucha por los derechos humanos, bajo unos principios éticos que buscan promover la no repetición. Pero las energías de los familiares son limitadas y debe ser la sociedad completa la que tiene que darle sentido a la memoria".

Para el historiador, los crímenes sucedidos no fueron excesos personales de algunos militares, sino que formaron parte de una política estatal que, no solamente buscaba acabar con el proyecto social de la Unidad Popular, sino que instaló su propio proyecto neoliberal gracias al terrorismo de Estado al que sometió a la población.

Recordando esa primera vez que acompañó a su abuela, con cinco años, Maureira habla de su hija. "Aunque uno tiene sentimientos encontrados y miedos que inevitablemente hereda, para mí es importante que ella conozca la lucha familiar, la de su bisabuela, su abuelo y su papá".

Hace unos días, al salir de la escuela, ella le preguntó si su abuelo había conocido a Víctor Jara. Esa mañana, la profesora les había enseñado El derecho de vivir en paz.