"Tengo miedo, pero no nos iremos a ninguna parte". Amit Lev, activista por los derechos de la comunidad LGTBI, ha participado un año más en la Marcha del Orgullo de Jerusalén, de la que fue portavoz. En esta ocasión, sin embargo, lo ha hecho con especial preocupación y temor. Por un lado, el colectivo se siente en el punto de mira del nuevo gobierno israelí, el más derechista de la historia de Israel. Y por otro, el desfile de este año, que se ha celebrado este jueves por la tarde entre fuertes medidas de seguridad, ha recibido amenazas de grupos de extrema derecha y ultra religiosos, que han convocado una manifestación paralela cerca del lugar donde se ha producido el evento.

La policía ha detenido en los últimos días a tres extremistas acusados de realizar amenazas contra la marcha y este jueves ha desplegado a 2.000 agentes para proteger el desfile, que se ha producido sin incidentes y en un ambiente festivo y reivindicativo. La organización ha cifrado la participación en 30.000 personas, el triple que el año pasado, pero diversos veteranos del Orgullo en Jerusalén han asegurado a Público que son muchos los que se han quedado en casa. "Hay gente que conozco que hace décadas que viene no ha participado. Tienen miedo", explica Shay Bramson, presidente de Havruta, una entidad que representa a los judíos religiosos de la comunidad LGTBI.

En la marcha de este jueves, además de la sombra de las amenazas de los radicales, estaba muy presente la desconfianza de los participantes en el Ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu. "No es ningún secreto que este gobierno es contrario a los derechos de la comunidad LGTBI", explica Lev, que reconoce que la presencia de partidos religiosos y de ultraderecha en el Ejecutivo ha dado alas a los grupos más extremistas y agresivos con el colectivo. "Sienten que tienen vía libre para hacer lo que quieran. En los primeros cinco meses de Netanyahu en el poder hemos visto un aumento de la violencia contra las personas LGTBI", añade.

El mismo ministro de Seguridad Nacional y responsable de la estabilidad del evento, Itamar Ben-Gvir, es un homófobo confeso, según han recordado los organizadores. Aunque recientemente ha moderado su discurso y ha llegado ha hablar de las personas homosexuales como sus "hermanos y hermanas", en el pasado llegó a calificar el Orgullo de "abominación". Al mismo tiempo, su partido, Otzmá Yehudit (Poder Judío), además de promover medidas nacionalistas y antiárabes, ha participado en múltiples protestas en contra de la marcha y ha solicitado reiteradamente su cancelación. "A mí Ben-Gvir me ha gritado a la cara durante una manifestación. Si un ministro se siente libre para hacer y decir según que cosas, ¿cómo no van a sentirse empoderados los extremistas de a pie? Este gobierno nos odia y no hace nada por protegernos", opina Lev.

La organización del evento, Casa Abierta por el Orgullo y la Tolerancia de Jerusalén, envió el pasado 27 de mayo una carta a Netanyahu pidiendo que apartara a Ben-Gvir del dispositivo de seguridad, pero el ministro se negó a rectificar. En su escrito, además de repasar los posicionamientos contra el colectivo LGTBI del ministro de Seguridad Nacional, Casa Abierta recordaba al primer ministro que Ben-Gvir fue uno de los abogados que defendió a Michael Schlissel, hermano de Yishai Schlissel, el hombre que asesinó a la joven de 16 años Shira Banki durante la celebración del Orgullo de 2015. Michael fue acusado, un año después, de preparar nuevos ataques contra el evento.

La muerte de Banki y la participación de Ben-Gvir en la defensa de Schlissel también estaba muy presente este jueves entre los manifestantes. El líder de Poder Judío, que este jueves se ha acercado a las dos protestas, ha sido abucheado por los participantes en el desfile. En declaraciones a los medios, Ben-Gvir ha asegurado que el deber de la Policía es proteger el derecho de los miembros del colectivo LGTBI a concentrarse, pero también ha defendido que los agentes deben "permitir que los manifestantes contra el desfile ejerzan su libertad de expresión". "Es una auténtica locura que Ben-Gvir sea el encargado de protegernos", reconoce Sharon Dotan, que ha participado en el desfile. "Ahora mismo me siento segura, pero cuando me vaya a casa con mi camiseta reivindicativa y ya no quede policía, no sé lo que me podría pasar", comenta la joven.

Lehava: un grupo homófobo y contra el mestizaje

Uno de los puntos que más ha vigilado la Policía este jueves ha sido la manifestación convocada por el movimiento ultraderechista Lehava, siglas hebreas de Organización para la Prevención de la Asimilación en Tierra Santa, que se ha concentrado cerca del lugar donde ha comenzado la marcha bajo el lema "Jerusalén no es Sodoma". Lehava promueve una estricta separación entre judíos y no judíos, persigue la presencia cristiana en el país (mayoritariamente árabe, pero también extranjera), critica los matrimonios entre judíos y gentiles, y se opone a los derechos de la comunidad LGTBI. La organización, fundada en 2009, ha sido acusada de fomentar la intolerancia religiosa y el odio étnico, así como de hacer apología del terrorismo contra musulmanes y cristianos.

El fundador del grupo, Bentzi Gopstein, es un conocido colaborador del ministro Ben-Gvir y resumía así sus posiciones políticas, en una entrevista de 2015: "La amenaza que representa para la familia judía no proviene solo de la asimilación (con los cristianos o musulmanes), sino también de socavar la santidad del matrimonio. No puede ser que algo que se declara en la Torá como una abominación se convierta en una fuente de orgullo, y ciertamente no hay lugar para esto en el corazón de Jerusalén, la ciudad santa". Gopstein ha calificado reiteradamente a la marcha del Orgullo como "terrorismo" y, en 2019, afirmó que el evento "está trayendo el desastre a Israel".

Shay Bramson, cuya organización Havruta defiende a judíos religiosos del colectivo LGTBI, opina que el uso de la religión para atacar a las personas homosexuales es un error. "El judaísmo no es una religión que separe a los judíos. Los ultra religiosos utilizan conceptos como 'natural' o 'normal', que no son parte de la halajá (la ley judía)", afirma Bramson, que asegura que Lehava y otros grupos extremistas sólo buscan acabar con "las mujeres, los conversos, los árabes y los izquierdistas" y lamenta que eso "es malo para Israel y para el mundo". "Los radicales y el gobierno están en contra de los valores liberales. Y los más afectados van a ser los miembros de las minorías", afirma por su parte Sharon Dotan, que pertenece al colectivo de los reservistas y veteranos del ejército, uno de los sectores más activos contra Netanyahu.

Más allá de las protestas

La preocupación del colectivo LGBTI en Israel no se limita a las amenazas en la Marcha del Orgullo de este año, sino que se extiende a las mismas pretensiones del Ejecutivo de Netanyahu. Aunque todavía no se han llevado a cabo, los acuerdos de la coalición del gobierno incluyen varias cláusulas que inquietan enormemente a la comunidad. Los socios de Netanyahu quieren enmendar la ley antidiscriminación para que comerciantes e incluso médicos puedan negarse a prestar servicio a quienes "hieran sus creencias y sentimientos religiosos".

En este sentido, la ministra Orit Strook insinuó en diciembre, durante la formación del gobierno, que un médico podría negarse a atender a una persona homosexual "siempre que haya suficientes doctores que puedan dar este servicio". Strook, del Partido Sionista Religioso, es uno de los socios de Netanyahu y dirige el Ministerio de Misiones Nacionales, enfocado principalmente a tratar cuestiones de identidad judía y promover y proteger los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.

Los activistas LGTBI alertan también del posible retorno de las "terapias de conversión", ilegalizadas por el anterior ejecutivo de Naftalí Bennett y Yair Lapid, a principios del 2022. Shay Bromson, presidente de Havruta, indica que su organización ha atendido a muchos homosexuales que han pasado por estas terapias, que considera "muy nocivas", y explica que la línea de atención telefónica de la entidad ha experimentado un aumento en las denuncias por homofobia desde que el nuevo gobierno inició su andadura.

Bromson también augura que el nuevo Ejecutivo intentará perjudicar a las ONG del colectivo reduciendo su financiación: "Quieren evitar que hablemos", asegura. "Todo lo logrado en los últimos 30 años está en riesgo", dice Amit Lev, que añade que "la situación puede acabar siendo muy peligrosa, no sólo para los homosexuales, sino para otras minorías". Con todo, Lev considera que las recientes protestas contra la reforma judicial han puesto contra las cuerdas al gobierno y que estas medidas homófobas tardarán en aprobarse. "Si tienen la oportunidad lo harán, pero las manifestaciones no se lo pondrán fácil", concluye.